
A pesar de que existe una fuerte oposición, Lula decidió prorrogar el uso de OGM
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SAN PABLO.- Las lágrimas de la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, no fueron suficientes para conmover al presidente Luiz Inacio Lula da Silva: el gobierno brasileño volvió a autorizar por decreto la plantación y comercialización de soja genéticamente modificada.
Ante la demora del Congreso para sancionar la ley de bioseguridad, que regulará el uso de la tecnología genética en toda la cadena productiva, Lula tuvo que renovar por un año más el decreto que había lanzado el año pasado, que permitía la plantación y comercialización de los transgénicos de la cosecha 2004/5.
Ni el propio presidente quería pagar el costo político de ser él quien autorizara los transgénicos nuevamente. El año pasado esa misma medida le había causado repercusiones negativas en los sectores ambientalistas, que criticaron la política favorable al negocio de las multinacionales que dominan el negocio de los transgénicos. Tradicionalmente, el Partido de los Trabajadores, cercano a los sectores ambientalistas, se oponía a la autorización del uso de la tecnología genética hasta que no se comprobaran científicamente sus efectos para el medio ambiente y la salud humana y animal.
De hecho, la Medida Provisoria de Lula -así se llaman en Brasil los decretos con validez limitada hasta que el tema sea legislado por el Congreso- no hizo más que admitir un hecho consumado. Prohibida hasta hace un año, la plantación de soja transgénica ya alcanza en Brasil 2,78 millones de hectáreas. En Rio Grande do Sul, por ejemplo, el 93,2% de la soja es transgénica, según el Departamento de Defensa e Inspección Vegetal del Ministerio de Agricultura.
A pesar de estar vedadas, las semillas de soja transgénica ingresaron en Rio Grande do Sul desde la Argentina, supuestamente de contrabando. Con un costo total 25% menor, rápidamente la semilla transgénica se expandió por todo Brasil, por ahora en menor proporción que en Rio Grande do Sul. La producción total estimada es de 4,1 millones de toneladas, lo que representa 8,2% de la cosecha de 2004.
Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y militante ecologista, se oponía a que Lula emitiera la Medida Provisoria. En audiencia con el presidente, lloró pidiéndole que la medida no fuera emitida por el Poder Ejecutivo. Considera que los transgénicos no deben ser aprobados hasta que no existan estudios más amplios, tal como se exigen en la Unión Europea y otros países.
Impulso
Sin embargo, venció la moción de Roberto Rodrigues, el poderoso ministro de Agricultura, empresario del sector agrícola, absolutamente favorable a los transgénicos. A sabiendas de su tendencia, en el sur del país la decisión de Lula fue esperada sin preocupación. Los productores ya estaban esperando la medida con 200.000 bolsas de semillas transgénicas para iniciar la plantación.
El decreto provisorio de Lula establece que de la cosecha autorizada no podrán ser guardadas semillas transgénicas para futuras plantaciones. Esta determinación, sin embargo, caerá antes de que concluya la medida de Lula, cuando ya habrá sido emitida la ley de bioseguridad por el Congreso, que, con apenas algunas condiciones, liberará definitivamente el uso de la tecnología transgénica en el "agro-negocio".





