1
La venta de la láctea SanCor quedó envuelta en la polémica y podría complicarse
Acreedores de la cooperativa solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que investigue el accionar del juez; apuntaron a una presunta “falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital”
5 minutos de lectura'
SANTA FE.- La venta de la industria láctea SanCor, con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, podría comenzar a complicarse y hasta quedar en suspenso. El juez que dispuso la quiebra, Marcelo Gelcich, fue denunciado por acreedores que señalan en el escrito presentado ante la Corte Suprema de Justicia santafesina que “se detectaron situaciones de subvaluación de activos de la empresa, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital”.
También se cuestiona la validez de la declaración de quiebra y el rechazo de un plan de salvataje porque fue presentado “15 minutos después” de la sentencia. Hubo, además, otro hecho destacado en esta instancia: uno de los síndicos de la quiebra se rebeló y apuntó contra el juez por supuestamente limitar la labor de la sindicatura.
Lo que actualmente parece tener el propósito de frenar la instancia que debe definir el futuro de la empresa láctea es la denuncia elevada por el denominado “Frente Unificado por la Defensa de SanCor”, compuesto por acreedores entre los cuales se encuentran, productores, trabajadores y extrabajadores, presentada por el estudio de los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo.
Los profesionales llegaron hasta la Corte con una denuncia contra el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Rafaela, que entiende en la causa. Los abogados piden que “se investigue el accionar desplegado de dicho magistrado en el expediente de marras, entendiendo que el mismo no ha cumplido con sus funciones que le son propias por parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Código de rito en materia Civil y Comercial, Ley de Concursos y Quiebras y las que emanan de nuestra Carta Magna provincial”.
Con esta instancia, se pretende que la Corte evalúe si están dadas las condiciones para la apertura de un Jury de Enjuiciamiento al magistrado. Si esta instancia prospera, todo el proceso ordenado por Gelcich quedaría en suspenso porque el máximo Tribunal debería resolver la suspensión inmediata del juez y de todos los plazos procesales para evitar daños patrimoniales, advirtieron desde el grupo que concretó tal presentación ante una consulta de este medio.
Al respecto, Aldo Regali insistió en señalar que “tenemos argumentos jurídicos para que se detenga el proceso de quiebra de SanCor”. Al explicitar el alcance de la ofensiva legal, sostuvo que el objetivo primordial es detener de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la emblemática firma láctea. Por eso, se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, con el fin de paralizar el llamado a licitación forzada de los activos de la empresa.
Paralelamente, se tramita un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela por una presunta denegación de justicia. Los representantes legales denuncian que el juez de grado habría clausurado de manera arbitraria el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra. Según los letrados, esta decisión violó las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático, impidiendo que se considere una alternativa al desguace.
La denuncia también hace hincapié en que el juez declaró la quiebra antes que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa (órgano máximo) se pronunciara al respecto y apuntó que en dicha asamblea se designó arbitrariamente a un abogado de la empresa -que no era asociado- para dirigirla, violando los estatutos y la Ley 20.337.
Para añadir al complicado proceso de quiebra de SanCor, cuando ya se conocían los grupos económicos interesados, trascendió que uno de los síndicos (son dos: Juan Tomat e Ignacio Pacheco, ya que renunció el tercero, Oscar Epstein, y no fue cubierta la vacante) denunció al juez Gelcich, ante la Corte, por supuestas irregularidades.
Según pudo saber este medio, el eje central de esa presentación es la acusación que, a criterio del denunciante, el juez Gelcich habría montado un mecanismo para obstaculizar el control independiente que la ley otorga a la Sindicatura, sustituyéndola de hecho por una “coadministración” designada directamente, eludiendo el sorteo legal obligatorio del registro de la Corte.
Por ello, se solicitó a la Corte Suprema que inicie una investigación urgente, adopte medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, ordene un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado. En tanto, y a pesar de la insistencia periodística, el juez Gelcich no realizó ninguna declaración al respecto.
Como se sabe, SanCor solicitó su propia quiebra en el mes de abril pasado, pedido que fue aceptado una semana después por el juzgado que tramitaba su concurso de acreedores.
La cooperativa arrastraba una deuda de US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados. Así lo determinó dicho juzgado a partir del procesamiento de 1519 pedidos de verificación sobre un total de 2702 acreedores en el marco de concurso. La misma está compuesta de US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos financieros internacionales como los principales acreedores. Además, se constató una deuda cercana a los $6350 millones posterior al concurso.
