Las cuestiones jurídicas deben considerarse

¿Se debe o no pagar por las semillas obtenidas por el productor para su propio consumo? La pregunta que ronda los escritorios de los productores con reiteradas notas de la Asociación de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), no tiene una fácil respuesta.

En principio debo destacar mi adhesión a la defensa de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de que se reconozcan los que les corresponden por sus creaciones e invenciones a los criaderos; esto visto, incluso, desde el beneficio que el productor obtiene por los adelantos tecnológicos que sólo serán posibles con la prosecución de los programas de mejoramiento en marcha. También, con el objetivo de combatir la comercialización de semilla no fiscalizada y como aseguramiento del derecho del productor de obtener su propia semilla.

Ahora bien, esos principios, que nadie en sana lógica puede dejar de adherir, no tienen en la práctica una solución legal adecuada. Al respecto conviene analizar una serie de puntos sobre la cuestión.

1) La normativa. La ley de semillas, bajo el Nº 20.247 (B.O. 16/04/73) regla, a los fines de este análisis: (i) La prohibición a los productores de reproducir semillas con destino a su transmisión a un tercero, por cualquier título, sin autorización del propietario del cultivar (bolsa blanca); (ii) El derecho del productor de multiplicar semilla para "uso propio"; (iii) La creación de Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares para inscribir y obtener Título de Propiedad sobre semillas con plazos que van de 10 a 20 años, según reglamentación. La ley Nº 24.376 (Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, publicada en el Boletín Oficial el 25 de octubre de 1994, (UPOV 78), prevalece sobre la ley 20.247 y es invocada por los obtentores ya que reconoce sus derechos mediante la concesión de un título de protección particular o de una patente.

Esos derechos del obtentor básicamente consisten en someter a su autorización previa (i) la producción con fines comerciales, (ii) la puesta a la venta, (iii) la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en su calidad de tal, de la variedad. También que el obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones definidas por él mismo. El plazo de protección se fija en 15 años. (Art. 1148 del Código Civil). Se invocan las disposiciones de esta norma para dar marco contractual a la operación de compraventa de semillas. De tal suerte, se considera que las condiciones generales con que se ofrece en venta la semilla y que se halla incluida en licencia de uso de los derechos de propiedad intelectual es el contrato que celebran con los compradores y/o usuarios y/o multiplicadores y/o productores de sus variedades para semilla. A su vez, el decreto 2183/91 reglamentario de la ley de semillas, emerge como una nueva legislación sobre la materia con motivo de la sanción de la ley 25.845, promulgada de hecho el 6 de enero de 2004. Allí se establece, básicamente, en el Capítulo VIII, los derechos del obtentor, sus alcances y restricciones, la necesidad de contar con una autorización previa del obtentor para la reproducción de la semilla y la posibilidad de que éste, mediante "oferta pública en firme de licenciamiento" establezca entre otros, las regalías a percibir, que se presumen aceptadas por quien adquiera la variedad registrada como de su propiedad.

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Hay que considerar también la problemática que implica contar con un contrato. El hecho de recurrir a normas del título de los contratos en general del Código Civil obedece a la necesidad de establecer la existencia de un contrato y rellenarlo con un contenido que asegure los derechos del obtentor. Otros han optado (v. gr. Monsanto en la variedad AW 7110) por la oferta pública de licenciamiento de las variedades que autoriza el art. 42 del Decreto 2183/91. De esa manera, entienden que la celebración del contrato emerge de esta normativa. Estimo que además lo hace, interpretando que la "oferta", contrario de la "propuesta", no lo obliga y aceptada por la contraparte sí constituye un contrato. Además, el precitado artículo otorga presunción de que quien reproduce sin autorización está aceptando la oferta.

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A modo de conclusión habría que considerar la falta de regulación de las consecuencias jurídicas de la multiplicación de la semilla.

Consecuencia de lo dicho hasta aquí -y más allá de las consideraciones jurídicas que merezcan los arbitrios precitados-, es la falta de una regulación, sea esta contractual (el contrato es ley para las partes) o legal (normativa), respecto de cuales son las consecuencias de la obtención de semilla por un productor a partir de una variedad propiedad de un obtentor. Al no existir entonces tal previsión ex ante, de suscitarse un conflicto un juez deberá resolver ex post, con el costo que implica tal tipo de soluciones.

Respecto del derecho del obtentor a percibir una compensación económica (regalía) por quien haya utilizado su variedad que sometió a licenciamiento público y autorización previa, puede decirse que tiene acogida suficiente en el derecho.

Y tal derecho no es incompatible el que le confiere la ley de semillas al productor reglamentado últimamente por la resolución 52/2003 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentos (Sagpya).

Podría decirse que el productor tiene el derecho a producir su propia semilla, estando obligado a pagar una regalía al obtentor de la variedad.

Una solución judicial nos alejará de ese punto de equilibrio asequible, redundando en la asunción de costos que además de los directos que atiendan las regalías, sumarán los judiciales. Por otra parte, la impronta regulación intervencionista del Estado, que se anuncia vía implementación de regalías globales, constituirá una nueva gabela para el productor agropecuario y un avasallamiento de los derechos de propiedad del obtentor, en la frontera de una solución asequible que atienda los costos de transacción razonables.

El autor es abogado y asesor de empresas agropecuarias.

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