1
Ley de semillas: el campo y la industria lograron un nuevo acuerdo y avanzan sobre el uso propio
Representantes de la Mesa de Enlace y de ASA coincidieron en la necesidad de modernizar la normativa vigente desde 1973 y trabajaron sobre esquemas de uso propio gratuito y oneroso; todavía resta definir quiénes quedarían exceptuados
4 minutos de lectura'
LA NACION Belkis Martínez
Representantes de la Mesa de Enlace y de la industria semillera lograron un nuevo acercamiento en la discusión por la modificación de la ley de semillas, que está vigente desde hace más de 50 años. Acordaron una posición común sobre tres puntos: la necesidad de modernizar la normativa vigente, continuar trabajando sobre alternativas para el uso propio gratuito y oneroso —incluidas las excepciones para determinados productores— y fortalecer la confianza entre los distintos actores de la cadena.
El entendimiento se alcanzó hoy durante una nueva reunión entre representantes y técnicos de las entidades de productores y de la industria semillera, representada por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), en el marco de las conversaciones que ambas partes vienen manteniendo para intentar construir un consenso antes de avanzar con una modificación de la legislación.
Del encuentro participaron, entre otros, Alfredo Paseyro, de ASA; Gustavo Gaich, consejero y técnico de Coninagro; Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA); Pablo Ginestet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), y Pablo Vaquero, de Gensus.
Según coincidieron las partes al finalizar la reunión, producción e industria acordaron comunicar tres puntos sobre el trabajo realizado. “Desde el sector de la producción y la industria reafirmamos la necesidad de mejorar la situación actual y de generar un cambio normativo que modernice y mejore la ley de semillas”, señalaron.
Además, indicaron: “Trabajamos e hicimos ejercicios referidos al uso propio gratuito y oneroso, incluyendo excepciones de productores, buscando puntos de encuentro aplicables a la realidad argentina”. Como tercer punto, expresaron: “Buscamos fortalecer la confianza dentro de la cadena y en esta mesa de trabajo”.
El avance, sin embargo, no implica que ya exista una definición final sobre cómo funcionará el uso propio ni sobre qué productores quedarán exceptuados de pagar. Según confió uno de los asistentes, todavía estaban analizando “cómo definir los exceptuados y forma de implementar”. Lo que se logró en esta instancia fue avanzar sobre distintos ejercicios y alternativas con el objetivo de identificar un esquema que pueda ser aceptado tanto por la producción como por la industria.
En el encuentro anterior entre ambos sectores, uno de los principales puntos de discusión había sido cómo establecer las excepciones al pago por el uso propio. La propuesta originalmente elaborada por las cuatro entidades rurales establecía un límite de 500 hectáreas sembradas por campaña, mientras que durante las conversaciones comenzó a analizarse también una alternativa basada en deciles de superficie y con parámetros diferenciados según los cultivos.
En aquella instancia también se había trabajado sobre la distinción entre una “superficie base”, correspondiente a las hectáreas que pueden sembrarse con la semilla original adquirida legalmente, y el denominado “uso incremental”, que aparece cuando el productor utiliza semilla reservada para sembrar por encima de esa superficie.
En rigor, esta discusión se desarrolla en un momento en que, de alguna forma, existe coincidencia entre productores, industria y Gobierno sobre la necesidad de actualizar la ley de semillas 20.247, vigente desde 1973, aunque todavía subsisten diferencias sobre distintos aspectos del futuro régimen, particularmente en torno al alcance del uso propio, la propiedad intelectual y la eventual adhesión de la Argentina al convenio Upov-91.
En los últimos meses, la Mesa de Enlace y la industria fueron acercando posiciones en algunos aspectos. Uno de los puntos sobre los que comenzó a construirse una coincidencia es que un nuevo sistema debería contemplar algún mecanismo de excepción para determinados productores, aunque todavía resta establecer bajo qué parámetros y con qué alcance.
La nueva reunión buscó justamente profundizar ese trabajo que están llevando en conjunto los representantes de los productores con los de la industria semillera. Si bien todavía quedan aspectos por resolver, que podrían tener un punto de cierre en un próximo encuentro en 15 días, en primera instancia, el comunicado acordado entre ambos sectores implica un paso adicional en el intento de que la producción y la industria lleguen con una posición más cercana sobre la futura ley de semillas que busca el gobierno de Milei.
Más leídas de Campo
