Límites que no se deben cruzar
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LA NACIONCristian Mira
Es imposible no conectar los puntos. Las teorías conspirativas no ayudan a comprender la realidad. Sin embargo, en las últimas semanas se vienen sucediendo en la realidad agropecuaria una serie de hechos que abren la puerta a la creencia de que hay un plan orquestado en contra del campo. Se dirá que es una fantasía, pero los sucesos están ahí.
La toma del campo de la familia Etchevehere, en la localidad entrerriana de Santa Elena, por parte de la organización del dirigente social Juan Grabois con el argumento de que se trata de una donación para poner en marcha un "modelo agroecológico" de producción, fue interpretada por cientos de productores agropecuarios como el cruce de un límite. La propiedad privada no puede ser violada.Quienes se movilizaron al establecimiento Casa Nueva entendieron que lo que no estaba en juego no era una disputa de índole familiar sino un ataque directo a un principio básico establecido en la Constitución Nacional (artículo 17).
Productores y dirigentes advirtieron sobre la necesidad de que la Justicia actúe rápido frente a este tipo de hechos y que la dirigencia política no quede impasible. Pero, en el caso de la toma del campo de la familia Etchevehere, fue llamativa la participación de dos funcionarias del gobierno nacional, Gabriela Carpinetti, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de la presidenta del Inadi, Victoria Donda. Más que de dar protección a una de las partes en conflicto pareció una gestión política en favor de la toma.
Para productores y ruralistas la usurpación del establecimiento Casa Nueva no es un hecho aislado. "Los casos que proliferan son de personas que (probablemente movidas por organizaciones políticas que se aprovechan de sus necesidades) toman campos o predios que tienen dueños, arrebatándoles su propiedad privada, argumentando derechos que no tienen", expresó la Federación Agraria Argentina (FAA). A su vez, la entidad destacó que se debe "avanzar en una agenda que permita resolver de manera legal, legítima, consensuada y ordenada las demandas de tierras". Muy lejos de cualquier irrupción por la fuerza.
Otro hecho que causó inquietud es el proyecto de ley de diputados del oficialismo, encabezados por Máximo Kirchner, para modificar la ley de manejo del fuego por el cual se propone prohibir por 30 años el uso de los suelos afectados por los incendios sean estos intencionales o no.
Aunque en el proyecto de ley se exceptúa a las prácticas de agricultura intensiva que "antecedan al evento", Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que no se "distingue entre incendios provocados e intencionales y tampoco si fueron provocados por terceros ajenos al titular del predio, es decir se iguala sin distinción de responsabilidades, siendo siempre víctima del castigo propuesto el titular registral del inmueble". Legisladores de la oposición, además, destacaron que la solución sería aumentar las penas en el Código Penal para quienes provoquen incendios en forma intencional y marcaron la contradicción de que en el Presupuesto 2021 se redujera la partida para el Plan de Manejo del Fuego.
CRA puntualizó además que la modificación propuesta "pretende ejemplificar bajo el supuesto ideológico que los propietarios queman sus campos, cosechas e instalaciones para hacer negocios futuros". Es la misma teoría llevó a Greenpeace a colocar un cartel en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina en el que se ve a un hombre de traje y corbata con una valija llena dinero montando una vaca Holando en medio de llamaradas.
La imagen, propia del cine de terror Clase B y lejos de las cuidadas piezas gráficas de la multinacional ambientalista, busca hacer mella en el habitante urbano. No se trata aquí de echar culpas al agro por sus supuestos errores de comunicación. Frente a quienes guían sus acciones sobre la base de un prejuicio ideológico el diálogo se torna muy difícil. Aun así el agro tiene mucho por mostrar (Buenas Prácticas Agrícolas, siembra directa), explicar y dialogar con quienes eligen el camino de la transparencia. Exige perseverancia .
Si es real la intención del Gobierno de promover un aumento de las exportaciones del agro, la oportunidad de dejar un mensaje y una línea clara de que respeta la propiedad privada y que no busca estigmatizar a un sector productivo es ahora.
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