Marcha atrás: La Libertad Avanza retiró las firmas de un polémico proyecto de ecocidio que preveía penas de hasta 25 años de prisión
Tras el rechazo del campo, la senadora Patricia Bullrich confirmó que, junto a otros senadores libertarios, quitaron el apoyo a la iniciativa y prometió una nueva propuesta con consulta a los sectores productivos
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LA NACIONMariana Reinke
Lo que parecía encaminado a avanzar en el Senado terminó encontrando un fuerte obstáculo en el rechazo de las entidades agropecuarias y productivas. Luego de la polémica que generó el proyecto de ley que buscaba incorporar el delito de ecocidio al Código Penal, crear un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el ambiente y establecer penas de hasta 25 años de prisión en determinados casos, los senadores de La Libertad Avanza (LLA) que habían acompañado el dictamen decidieron retirar sus firmas de la iniciativa.
La decisión se conoció después de varios cuestionamientos por parte de entidades del agro, que advirtieron sobre los alcances que podría tener el proyecto sobre las inversiones y diversas actividades económicas.
La iniciativa había obtenido dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, pero la controversia escaló rápidamente tras conocerse los detalles del texto.
Una de las mayores sorpresas había sido el acompañamiento de Patricia Bullrich, una dirigente históricamente cercana al sector agropecuario. Sin embargo, la propia legisladora confirmó que el oficialismo decidió dar marcha atrás.
“Ya sacamos las firmas de la iniciativa de ecocidio. Al mediodía no queda ninguna de LLA. Vamos a levantar este dictamen y llamar a los sectores, pero más adelante [para un nuevo proyecto]”, dijo Bullrich a LA NACION.
Junto con Bullrich también habían acompañado el dictamen los senadores libertarios Juan Carlos Pagotto, por La Rioja; Romina Almeida, por Entre Ríos, y Bartolomé Abdala, por San Luis. La propuesta también había recibido respaldo de legisladores del PRO, representantes de fuerzas provinciales y algunos senadores vinculados al peronismo. En cambio, la senadora santafesina Carolina Losada había firmado en disidencia, acompañada por Nadia Márquez y Maximiliano Abad.
Antes de que se resolviera retirar las firmas, Bullrich había intentado llevar tranquilidad frente a las críticas provenientes del sector agropecuario y aseguró que el proyecto sufriría cambios profundos. “Lo que hicimos fue firmar para habilitar el trabajo sobre el proyecto, pero va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, sostuvo.
La legisladora explicó que el objetivo original era avanzar sobre los incendios intencionales y otros hechos de gravedad ambiental. “Fundamentalmente, lo que se busca es que, cuando hay una sentencia firme sobre alguien que incendió un bosque, tenga consecuencias”, afirmó.
Además, procuró despejar las dudas planteadas por productores y empresarios. “De ninguna manera va a perjudicar al campo. No lo vamos a llevar al recinto si no está absolutamente claro que es para sancionar a quienes incendian bosques de manera intencional. No tiene nada que ver con lo productivo”, señaló.
Qué dice el proyecto de ley
La iniciativa había sido impulsada por la senadora Edith Terenzi, de Despierta Chubut, y proponía incorporar al Código Penal una nueva figura destinada a sancionar daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles. El proyecto planteaba la creación de un nuevo Título XIV denominado “Delitos contra el ambiente”, dentro del cual se incorporaba específicamente la figura del ecocidio.
Según la definición incluida en el texto, se consideraba ecocidio al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental. Uno de los aspectos que más cuestionamientos despertó fue el esquema de sanciones. El proyecto establecía penas de tres a 10 años de prisión para quienes provocaran daños “especialmente graves, extensos y duraderos” sobre el ambiente. Cuando el daño fuera considerado irreversible, la pena prevista ascendía de cinco a 15 años de prisión.
Las sanciones se agravaban aún más cuando hubiera víctimas fatales. El texto disponía que “si como consecuencia del delito tipificado en el artículo precedente se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años”. Asimismo, establecía que “si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la pena se elevará a 10 años”.
La propuesta también incorporaba responsabilidad penal para las empresas, contemplando multas económicas, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado.
Otro de los puntos observados por las entidades rurales era que el delito podía configurarse no solo por conductas intencionales sino también por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”.
En los fundamentos, Terenzi argumentó que “el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma” y sostuvo que “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal.”
Sin embargo, apenas se conoció el contenido del proyecto comenzaron a multiplicarse las objeciones desde el sector agropecuario.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) anticipó que se opondría a la iniciativa y advirtió que haría “todo lo posible” para impedir su tratamiento en el recinto. La entidad consideró que el texto podía generar inseguridad jurídica y afectar inversiones vinculadas con la producción.
Las críticas también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos, donde cuestionaron la falta de precisiones sobre conceptos centrales como “daño ambiental irreversible” o “daño ambiental especialmente grave”, al considerar que podían dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Frente a ese escenario, el oficialismo optó por retirar las firmas y volver a empezar. Según adelantó Bullrich, la intención ahora es elaborar una nueva propuesta y abrir previamente una instancia de diálogo con los sectores productivos para buscar consensos antes de impulsar nuevamente una iniciativa vinculada con los delitos ambientales.
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