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Medidas que no disipan el clima de desconfianza
El clima de desconfianza entre Alberto Fernández y el campo, que viene desde los tiempos de la campaña electoral del año pasado, sigue sin disiparse, pese a los anuncios de segmentación de los derechos de exportación a pequeños productores y bajas para las economías regionales.
Fernández había dicho en agosto pasado, tras su primer triunfo en las PASO, que quería dar una vuelta de página al conflicto de 2008. Sin embargo, a los pocos días de llegar a la Casa Rosada dispuso una suba de las retenciones a la soja, el principal cultivo del país, del 24% al 30%. Tenía un argumento en su favor: el esquema que Macri había instaurado en agosto de 2018, de$4 por cada dólar exportado, había quedado desactualizado por la trepada del dólar a $62. Pero Alberto Fernández subió la apuesta cuando luego le pidió al Congreso autorización para subir otros tres puntos adicionales las retenciones a la soja, del 33 al 30%, y al trigo y al maíz, del 12% al 15%.
En la suba anunciada ayer por el ministro Basterra, los cereales quedaron exceptuados. Esto podría considerarse como una noticia positiva si no fuera porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad para aumentarlos en cualquier momento. La incertidumbre es uno de los motivos que más irrita a los productores agropecuarios. En un mismo ciclo productivo, de apenas seis meses, pueden ver incrementados sus costos de producción por una simple decisión del ministro de Economía de turno. Están acostumbrados a enfrentar los riesgos climáticos y de mercado, pero el riesgo político los descoloca.
El clima de desconfianza frente al Gobierno se puede percibir en las concentraciones, tractorazos y asambleas que, semana a semana, se suceden desde hace casi tres meses en todas las provincias agrícolas. Uno de los argumentos más escuchados allí es que mientras al campo se le pide solidaridad, no se ve en la clase política un esfuerzo similar para bajar los gastos del Estado. En las asambleas, productores adheridos a las entidades gremiales tradicionales o autoconvocados tienen muy presente el dato que entre 2002 y 2019 el Estado recaudó en concepto de derechos de exportación al agro US$170.000 millones.
En un intento por quebrar esa desconfianza, el Ministerio de Agricultura ideó un esquema de segmentación por el que promete devolver una parte del tributo a pequeños y medianos productores. "Lo sucedido en el pasado no juega a favor de la credibilidad del programa de devolución. El programa de compensaciones que estuvo en vigencia durante buena parte del gobierno de Cristina Kirchner y que administraba la Oncca, tuvo muchos problemas en su implementación, incluyendo demoras recurrentes en los pagos y una tramitación costosa centralizada en ciudad de Buenos Aires y muy alejada de las zonas productivas", advierte Juan Manuel Garzón, economista especializado en agro de la Fundación Mediterránea.
Para el analista, "no hay regiones, ni tamaños, ni suelos, que garanticen per se el éxito en materia productiva y menos aún de rentabilidad, por lo tanto, cualquier criterio que se termine utilizando para segmentar en base a estas variables será arbitrario o injusto".
Más allá de las dudas y las derivaciones políticas, el test real comenzará en dos meses con la siembra del trigo, correspondiente a la campaña agrícola 2020/21, y la precampaña de maíz. Allí se comprobará si los productores pusieron un freno de mano y el gobierno de Alberto Fernández deberá prepararse para recibir menos dólares del campo.
