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Negocio del vino: Sturzenegger viaja a Mendoza para hablar de la desregulación en la industria
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado encabezará hoy un encuentro en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con cámaras empresarias
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LA NACION Belkis Martínez
En los últimos días, el Gobierno impulsó una profunda reforma del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con la que cambió radicalmente el enfoque del organismo y ahora planea darle explicaciones a la industria. Según un informe oficial al que tuvo acceso LA NACION y que destalla punto por punto la desregulación, el INV dejará de controlar cada etapa de la cadena productiva y eliminará miles de inspecciones y permisos, para centrarse exclusivamente en que “el producto embotellado que se va a destinar al mercado no sea nocivo”. Todos los controles sobre adulteración y aptitud para el consumo seguirán siendo obligatorios.
Este viernes, según supo este medio, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará Mendoza para mantener una reunión en la sede del Instituto con representantes de las cámaras empresarias del sector vitivinícola. El encuentro tendrá como objetivo exponer en detalle el alcance de la reciente medida de desregulación, que, según aclararon fuentes oficiales, "ha sido bien recibida por los bodegueros".
De la reunión participarán autoridades del INV, cuyo presidente es Carlos Tizio Mayer, junto con funcionarios del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco de una agenda orientada a fortalecer el diálogo con la industria vitivinícola y analizar su impacto en la competitividad del sector.
En ese contexto, se conoció el informe donde se detallan los puntos que hacen hincapié a la desregulación de la industria del vino, cuyo fin es simplificar y bajar los costos de la actividad. Tal como anticipó el ministro de Desregulación en la red social X, la resolución 37/2025 elimina 140.000 permisos y 3000 inspecciones anuales para bajar costos productivos de la actividad. El objetivo de la desregulación es reactivar viñedos ociosos, ya que la Argentina, con un 41% más de superficie plantada que Chile, produce la misma cantidad de vino, según justificaron.
Del informe se desprende que la Argentina tiene 200.000 hectáreas de vid plantadas, mientras que Chile tiene 117.000 hectáreas (un 41% menos de superficie). Así, ambos países producen el mismo volumen de vino: unos 900 millones de litros al año.
A partir de la reforma, los controles de trazabilidad, como el origen, la añada o el varietal, pasarán a ser optativos y dependerán “según necesidades comerciales de cada productor”. El único control obligatorio que permanecerá es la verificación de aptitud para el consumo.
Este fenómeno se explica, según el documento, porque en Argentina “hay viñedos con capacidad ociosa o directamente abandonados, cuya producción no se está utilizando porque a sus dueños no le es rentable”. La meta de la desregulación es bajar los costos y la burocracia para que “muchos de esos viñedos hoy improductivos vuelvan a activarse”.
Menos planillas
Las últimas modificaciones eliminan trámites en todas las etapas de la cadena. En el caso de los viñedos, se elimina la obligación de declarar “datos operativos irrelevantes” como el modelo de los tractores, el método de cosecha o las técnicas de riego. Los datos relevantes se tomarán del Renspa (Senasa).
En tanto que los ingreso a Bodega (CIU), el viejo CIU, se reemplaza por una “Certificación de cosecha” opcional. Además, el productor podrá elegir la frecuencia de presentación de esta certificación (por camión, semanal, mensual o anual).
Indicaron que se eliminan las inspecciones presenciales del INV dentro de las bodegas que estaban orientadas a controlar stocks o etapas del proceso antes de que el vino estuviera terminado.
En tanto que las declaraciones eliminan la obligación de informar mensualmente los litros elaborados, antes utilizados para control de stock.
En dos de los cambios más significativos, se eliminan los permisos de traslado para vino a granel y los productores ya no deberán esperar la aprobación previa del INV para sus etiquetas. El único trámite obligatorio que se mantiene es la solicitud de “Libre circulación”, que tiene como único fin verificar que el vino es apto para el consumo humano.
