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“No hay que tener miedo”: tras el traspié del Gobierno para modificar la ley de tierras, Nicolás Pino defendió la compra de campos por extranjeros
El presidente de la Sociedad Rural Argentina lamentó que el Senado postergara el proyecto; afirmó que la iniciativa es “muy necesaria” para el país y pidió avanzar con una norma que respete la propiedad privada
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LA NACION Belkis Martínez
Luego de que ayer se postergó en el Senado el tratamiento del proyecto de ley de tierras, en el campo expresaron su posición sobre la iniciativa. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, lamentó la postergación del debate y defendió la necesidad de avanzar con una norma que, a su juicio, resulta “muy necesaria” para el país. Además, respaldó la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras en la Argentina, aunque consideró que deben existir reglas claras para determinadas situaciones.
Pino consideró que la postergación representa una nueva demora para una iniciativa que, según sostuvo, fue ampliamente discutida con distintos sectores. “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo; yo hablo más por el campo, pero es necesario para toda la Argentina”, afirmó.
Además, recordó que la Sociedad Rural participó de las instancias de consulta previas: “Los legisladores han consultado y desde la Rural hemos aportado ideas. Son temas que tienen que salir con mayor fluidez. Hay que discutir e insistir porque son buenas leyes para una Argentina que necesita moverse más rápido”.
El dirigente rural también respaldó el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, que terminó siendo el principal obstáculo para que el oficialismo consiguiera los votos necesarios en el Senado. “Nosotros vamos a apoyar siempre el respeto por la propiedad privada. A quienes se asustan con que extranjeros compren tierras en la Argentina, les digo que esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”, expresó.
No obstante, aclaró que pueden existir situaciones particulares que requieran regulación. Como ejemplo mencionó la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales. “Cada uno puede hacer lo que quiera con su tierra, pero no puede perjudicar al vecino”, señaló. En ese sentido, sostuvo que en algunas zonas de la Patagonia la expansión de especies silvestres, como pumas, zorros colorados y guanacos, afecta la producción ovina. “Por eso hay que tener una ley de tierras y conversar lo que haya que conversar”, afirmó.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, debía tratarse ayer en el Senado, pero el oficialismo resolvió postergar su votación hasta el 6 de agosto ante la falta de respaldo para aprobar el capítulo referido a la extranjerización de tierras.
La iniciativa propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales y eliminar los límites vigentes para la adquisición de campos por parte de personas extranjeras. La legislación sancionada en 2011 establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y fija además que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.
La versión más reciente del proyecto habilita la compra de tierras rurales sin restricciones para personas físicas y jurídicas extranjeras, mientras que, en el caso de empresas con participación de Estados extranjeros, exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia donde se ubique el inmueble. Ese punto generó diferencias durante la negociación parlamentaria y terminó impidiendo que el oficialismo reuniera los votos necesarios para su aprobación.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca atraer inversiones y remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros, sino únicamente a inversores privados. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia no solo del kirchnerismo y la izquierda, sino también de parte de la oposición dialoguista, que planteó objeciones sobre el alcance de los cambios y el rol que deberían conservar las provincias en la regulación del uso y la propiedad de la tierra.
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