Grassi SA, por un lado, y Molinos Agro y LDC, por el otro, informaron que superaron las mayorías necesarias para controlar la empresa concursada; se espera un proceso de verificación judicial
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Después de más de cinco años de incertidumbre, el largo proceso judicial de Vicentin llega a su final. En las últimas horas, tanto la corredora de granos Grassi SA como el consorcio formado por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) anunciaron haber alcanzado las mayorías necesarias de acreedores en el proceso de salvataje (cramdown), la instancia judicial que definirá el futuro de la agroexportadora santafesina que cayó con una deuda superior a los US$1300 millones. Según distintas fuentes, ahora será el turno del juzgado de Fabián Lorenzini -el proceso lo hará la Sindicatura encargada- quien hará una verificación de la documentación de ambos interesados y allí estará el ganador. No se descarta que haya objeciones entre una y otra parte.
El desenlace se produce luego de un derrotero que marcó al sector agroindustrial argentino. En junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández intentó avanzar con la expropiación de la firma, medida que desencadenó protestas en todo el país y que finalmente dio marcha atrás. Desde entonces, la compañía atravesó un complejo proceso concursal que involucró a más de 1700 acreedores, entre productores, cooperativas, bancos locales y extranjeros.
En un comunicado, la rosarina Grassi SA informó al juzgado que “alcanzó y superó holgadamente la mayoría de conformidades requeridas”, solicitando la homologación y adjudicación de las acciones correspondientes. En el comunicado no se informó el número exacto.
“La compañía desea agradecer formalmente el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentin para todo el sector agroindustrial”, señaló el directorio de Grassi SA.

Desde la empresa remarcaron que fueron “activos protagonistas en la búsqueda de una solución capaz de honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa”.

“Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas”, añadieron, al destacar que el objetivo es “poner en pie a Vicentin, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia
Por su parte, las multinacionales Molinos Agro y Louis Dreyfus Company informaron que también superaron las mayorías requeridas de acreedores y de capital, al alcanzar, dijeron, “más de 1180 adhesiones y los dos tercios del capital de acreedores legítimos en cada categoría”.
“Las empresas agradecen muy especialmente el apoyo recibido de los acreedores locales (incluyendo ACA), los bancos del exterior (incluyendo IFC, BOFA y CACIB) y de toda la comunidad de Avellaneda y Reconquista, ratificando su total compromiso con el futuro de la Nueva Vicentin y sus empleados, bajo la dirección de Molinos Agro y Louis Dreyfus Company y el apoyo de la Unión Agrícola de Avellaneda”, dijeron.
En el comunicado, las empresas afirmaron que “los acreedores legítimos de Vicentin se han expedido de manera contundente en apoyo de nuestra propuesta, alcanzando casi el 70% de conformidades y sin que exista riesgo alguno de quiebra”. Subrayaron su pleno compromiso con la transparencia y la continuidad de la compañía.
La causa Vicentin lleva más de cinco años de giros judiciales, apelaciones y resoluciones encontradas. La firma, una de las principales exportadoras de granos y subproductos del país, se declaró en cesación de pagos en diciembre de 2019, dejando un pasivo que superaba los US$1300 millones y afectó a más de 1700 acreedores, entre productores, cooperativas, acopios y bancos locales y del exterior.
En los años siguientes, Vicentin, ya concursada, logró reunir las mayorías legales para aprobar un acuerdo, pero en 2023 el juez Lorenzini rechazó homologarlo al considerar que la propuesta no garantizaba la continuidad ni el pago proporcional de las deudas. La compañía apeló y la Cámara de Apelaciones de Reconquista revocó la decisión del juez y ordenó la homologación del plan. Sin embargo, el alivio duró poco: en febrero de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló esa resolución, rechazó la homologación y abrió la puerta para que sobreviniera el proceso de salvataje (cramdown) para que otras empresas pudieran presentar sus propuestas de reestructuración.
A partir de entonces, el juez Lorenzini habilitó el registro de interesados, entre los cuales se anotaron once empresas. Pero en septiembre de 2025 se informó que finalmente solo dos ofertas formalizadas se presentaron para quedarse con Vicentin: la de Grassi SA y la del consorcio Molinos Agro SA–Louis Dreyfus Company. Finalmente, fueron esas dos las que lograron reunir las adhesiones necesarias y presentaron sus propuestas definitivas. Las empresas dieron a conocer distintas propuestas de pagos a los acreedores de la cerealera, quienes votaron.
La definición quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar la documentación presentada, verificar las mayorías y determinar cuál de las dos propuestas reúne las condiciones legales para adjudicarse la compañía.
Se aguarda que la Sindicatura realice un dictamen para que se despejen dudas sobre la cantidad de personas y capital que apoyaron a cada propuesta. Después se examinarán eventuales pedidos de exclusión de votos y ahí se conocerá el resultado final.
Con la colaboración de Fernando Bertello
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