Si se aprueba una ley: una industria tiene en carpeta inversiones por US$160 millones
Productores de etanol de maíz y de caña hicieron ese cálculo ante una iniciativa que propone un mayor uso en la nafta
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- En US$160 millones estiman las nuevas inversiones en plantas de etanol las cámaras de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino si se convierte en ley el proyecto sobre biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas (Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán) y apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA).
La iniciativa para las naftas plantea que el corte mínimo de bioetanol se elevará del 12% al 15% en los próximos dos años. Hay un esquema diferenciado del 10% para la región patagónica, sujeto a revisión periódica. Sin embargo, el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller, planteó en comisión que el oficialismo tiene otra alternativa que demora hasta 2027 la suba del corte.
Desde las cámaras explicaron a LA NACION que las inversiones ya realizadas en ampliaciones permiten que la capacidad instalada en la actualidad produzca el bioetanol necesario para llevar el corte del 12% al 15%. Además, los proyectos en ejecución suman US$240 millones (los más avanzados rondan los US$160 millones). Los que están en carpeta suman otros US$160 millones.
“Las inversiones van acompañando el crecimiento del consumo de etanol -explicó Feijoó-. No es la misma demanda hoy que la del 2019 cuando se aumentó el corte. Por ejemplo, la Secretaría de Energía acaba de habilitar cupos otorgados en noviembre del 2023 a empresas que realizaron ampliaciones importantes. La tendencia global también estimula inversiones, independientemente de la situación local”.
Los integrantes de las comisiones directivas de ambas cámaras, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que ratificaron, “de manera unánime”, su “respaldo total” al proyecto de ley de biocombustibles que lleva la firma, entre otros, de las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés.
Las entidades coincidieron en que la iniciativa constituye un “avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo de la Argentina, al proponer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional de bioetanol”.
Sostuvieron que el proyecto reconoce el “papel clave” del bioetanol de maíz y de caña de azúcar “en la descarbonización del transporte, en la generación de empleo genuino y en la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local”.
También destacaron el “liderazgo” de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto “con amplio consenso, con mirada federal y de largo plazo, que refleja la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país”.
Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, y Feijóo, titular del Centro Azucarero Argentino, calificaron la iniciativa como “seria y responsable” y apuntaron que “permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales”.
Otra postura
Una voz disonante es la de la cámara que nuclea a los pequeños y medianos productores, Cepreb, que advirtió que el proyecto de la Liga beneficia a las agroexportadoras. La semana pasada indicó que el texto “fue redactado a espaldas de las empresas pymes elaboradoras del 60% del biodiésel destinado al corte obligatorio y sin consulta ni interlocución con las provincias de San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa”.
También sostuvieron que el régimen actual tiene vigencia hasta el 30 de diciembre de 2030 y establece que el mercado local debe ser abastecido por las empresas no integradas (pymes) a las que se les asigna un cupo proporcional que les permite “producir y generar valor”.
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