Hay nuevo dueño: el juez del caso Vicentin le dio a Grassi SA el control total de la agroexportadora
El magistrado Fabián Lorenzini homologó un acuerdo ofrecido por la corredora de granos y dispuso la transferencia de acciones de la cerealera; es el último paso en un proceso de casi seis años por el que atravesó la compañía que fue top five del negocio
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LA NACIONFernando Bertello
El juez Fabián Lorenzini, a cargo desde febrero de 2020 del concurso de la cerealera Vicentin y que en el último tiempo condujo un proceso de cramdown de la firma, resolvió hoy otorgarle a Grassi SA, dedicada al corretaje de granos y una empresa rosarina con más de un siglo en el rubro, el control de la agroexportadora. En una sentencia de 52 páginas, el magistrado fijó las condiciones que deberá seguir este nuevo dueño. Es el último paso en un proceso de casi seis años por el que atravesó la compañía que fue top five del negocio. Podría, no obstante, presentarse alguna apelación, según fuentes al tanto del expediente, de parte de quienes impugnaron en su momento a Grassi.
En su definición, además de rechazar diversas impugnaciones, Lorenzini estableció “homologar el acuerdo concordatario ofrecido por Grassi SA en el marco del presente proceso de salvataje, disponiendo la transferencia total de las acciones de la sociedad concursada Vicentin SAIC a la sociedad oferente, previo levantamiento de la inhibición concursal, al solo efecto de su realización”.
Además dispuso “establecer la ejecución inmediata del acuerdo ofrecido a los acreedores, a cuyos fines la sociedad oferente Grassi SA deberá presentar dentro de los 3 (TRES) días posteriores a la notificación de esta sentencia ministerio legis, un cronograma detallado estableciendo las fechas de cumplimiento de los pagos, y demás cuestiones relacionadas con la ejecución del acuerdo, en todos sus términos, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los acreedores que no hubieran optado por alguna propuesta en particular".
Vicentin, cuyo origen se remonta a los años 20 en Avellaneda, Santa Fe, con un negocio de acopio y ramos generales de integrantes de la familia homónima, cayó en default en diciembre de 2019 tras denunciar un “estrés financiero”. En ese momento estaba en el top five de la exportación de granos. Tras ese cimbronazo, en febrero de 2020 se presentó formalmente a concurso de acreedores, que recayó en el juez Lorenzini. La caída sobrevino con un pasivo superior a una cifra impactante y el mayor de la historia en este proceso: más de US$1500 millones.
Lo que pasó después de ese default fue una montaña rusa para la cerealera: en junio de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Alberto Fernández ordenó expropiar la empresa, reclamando en el medio una acreencia de US$300 millones del Banco Nación. La avanzada de Fernández, que había designado incluso como fugaces interventores a Gabriel Delgado y Luciano Zarich, fue frenada por movilizaciones que se registraron en distintos lugares del país en contra de lo que se consideró un atropello a la propiedad privada. En el interin, ejecutivos de la cerealera quedaron bajo investigación de otras esferas judiciales por su manejo de la empresa.
Un punto no menor en todo este tiempo es que la cerealera recurrió a contratos a fasón para terceros como una forma de seguir activa y pagar los sueldos de más de 1000 empleados tanto de establecimientos ubicados en el sur como en el norte de Santa Fe.
Para tratar de salir a flote y hacer una oferta a los acreedores, Vicentin sumó en su momento como interesados estratégicos a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge-Viterra. Presentó un plan de pago de las acreencias que, no obstante, Lorenzini rechazó. El caso estuvo en diversas cámaras hasta que la misma Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino, rechazó la homologación y devolvió el caso al juez. Este, que ya había ordenado un cramdown, proceso para que se presente cualquier tercero interesado, retomó el control y siguió con el cramdown.
Este último paso fue una disputa fuerte por el voto de los acreedores entre Grassi SA y la dupla Molinos Agro-Louis Dreyfus Company. Grassi, que fue la primera en llegar con una oferta de mayoría de cápitas [66%] y capital [85%], indicó en un comunicado tras la sentencia de Lorenzini: “Nuestro grupo empresario, de más de 137 años de trayectoria en el agro argentino, ha quedado formalmente confirmado y asume la conducción de la empresa”. La firma pasaría a llamarse la Nueva Vicentin Argentina.
Agregó: “Encaramos este desafío con una profunda convicción, con gran entusiasmo y con una absoluta confianza en nuestra experiencia, en la capacidad de nuestra gente y de todos los valiosos recursos humanos que hoy conserva Vicentin, y en la envergadura y capacidad de los socios comerciales que nos han acompañado para consolidar este plan de trabajo y que nos acompañarán en la gestión que comienza. Estamos comprometidos para liderar esta etapa de la Nueva Vicentin, con transparencia, profesionalismo y con una visión de largo plazo".
La cara visible hoy de Grassi es Mariano Grassi, que está al frente de la corredora de granos. El corredor de granos es una figura que interviene en el negocio entre productores y, por ejemplo, exportadores. En el caso de Grassi, es líder del negocio en soja. La compañía intermedia unos cinco millones de toneladas.
La situación de la cerealera Vicentin se había tornado alarmante en el último tiempo mientras se dilataba la definición. En agosto pasado, por ejemplo, se conoció que enfrentaba un patrimonio negativo de US$1000 millones.
En este marco, el juez dispuso la creación de un comité de control que estará formado por el Banco Nación y la Asociación de Cooperativas Argentinas. La Sindicatura, por su parte, deberá elaborar un listado de 10 acreedores, señaló el magistrado, en condiciones de ser elegidos para integrar el comité.
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