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Opinión: la fiesta que siempre pagan los productores, una especie en extinción
Es de esperar que se cumpla de manera perentoria con la promesa de campaña de eliminar definitivamente los derechos de exportación
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El gobierno libertario del presidente Javier Milei oficializó, mediante el decreto 439/2025, la decisión de no prorrogar la reducción de la alícuota de derechos de exportación que pesan sobre la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, que sufrirán, en consecuencia, un incremento del 27% para volver al nivel que tributaban previo al 27 de enero cuando se dispuso su rebaja temporaria. De esta manera, la retención para la soja pasará de 26% al 33%, la del maíz y el sorgo, del 9,5% al 12% y la que castiga al cultivo de girasol, del 5,5% al 7%.
El contexto económico en que actualmente debe llevarse adelante la actividad agrícola en nuestro país, signado por precios internacionales de commodities en valores históricamente bajos, altísima presión fiscal, incremento interno de costos de producción como consecuencia del reacomodamiento de variables macroeconómicas, un pronóstico climático poco alentador y buena parte del país aún buscando dejar atrás las consecuencias de una sequía que parecía interminable, determina un escenario de predecible quebranto para las producciones agrícolas, en un momento en que la Argentina necesita del urgente ingreso de divisas genuinas cuya obtención, bajo estas circunstancias, se encuentra seriamente condicionada y limitada.
En este cuadro de situación no resulta para nada inocua la absurda continuidad de los Derechos de Exportación que lejos de desaparecer volverán a incrementarse. Según el último relevamiento realizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), se proyecta que la porción del resultado neto de una hectárea agrícola promedio que deberá destinarse al pago de impuestos se elevará nuevamente por encima del 67%, con picos del 70% para el caso del cultivo de soja. Resulta difícil de entender que un gobierno de discurso liberal cometa el mismo y fracasado error de los gobiernos populistas que lo antecedieron y que depositaron a la Argentina en esta realidad ruinosa en que se encuentra.
Mientras tanto, el vodevil decadente en que parece haberse convertido la política en la Argentina nos acribilla con provocadoras imágenes de la expresidente, condenada a seis años de prisión por actos de corrupción, bailando burlonamente en el balcón de su departamento devenido por estos días en celda VIP, mientras dirigentes de la oposición hacen malabarismos para colgarse de alguna candidatura de La Libertad Avanza, convencidos de que podrán así conservar sus cargos políticos en el Estado.
A ninguno de ellos parece importarle la situación de los productores agropecuarios, verdadera especie en extinción en nuestro país, según puede interpretarse de los datos que arroja el último censo agropecuario que nos muestra que se perdieron 83.870 explotaciones agropecuarias desde 2002. El factor económico común a lo largo de esos años fue el castigo ininterrumpido de los Derechos de Exportación, los cuales volverán a incrementarse a partir de mañana. El robo sistemático por parte del Estado no es inocuo.
El campo, para el gobierno, cualquiera sea su color político y el tenor de las promesas electorales, parece condenado siempre a ser considerado solamente como una caja de recursos fiscales a la que hay que exprimir hasta saquear por completo, ya sea en nombre de la redistribución de riquezas o con el objeto de asegurar el equilibrio fiscal. A la fiesta siempre la pagamos los productores agropecuarios.
Es por eso que los productores que acompañaron hacen menos de dos años los aires de cambio político, esperanzados con el cumplimiento de aquellos grandilocuentes discursos de campaña que rápidamente se convirtieron en pedidos oficiales de paciencia y aguante, observan incrédulos esta inesperada realidad y se preguntan, casi reviviendo aquella expresión de Cicerón: “¿Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” “¿Hasta cuándo, Javier, abusarás de nuestra paciencia?”
Pero el presidente Javier Milei, decidido a jugar al límite, se cree la mejor opción frente a la pobrísima oferta de dirigentes políticos que evidencia todo el abanico de la oposición. No habría que olvidar que hace tan solo seis años, otro presidente también pensó que podía especular con la paciencia de un electorado supuestamente decidido a disimular cualquier error para evitar que vuelva el espanto. Pero frente a tanta carencia de ideas, el espanto volvió y nuevamente fue gobierno. El resto es historia conocida.
Es de esperar que en esta oportunidad no se juegue con la paciencia y el aguante de los productores agropecuarios y que se cumpla de manera perentoria con la promesa de campaña de eliminar definitivamente los derechos de exportación. Antes que la desesperanza y el descreimiento se conviertan en el caldo de cultivo de acciones de protesta y de manifestación de un descontento creciente, y que, frente a tanta indiferencia, se terminen generando las condiciones para que vuelvan los peores. Porque el saqueo al campo también implica el saqueo a todo el interior productivo del país adonde vive y lucha por crecer un segmento social que también vota, elige y a menudo decide cambiar el rumbo cuando se siente traicionado.
En un país normal, la crítica constructiva no debe considerarse como un acto de oposición, así como el acompañamiento ciego y obsecuente no debe confundirse con una ayuda útil para fortalecer los cimientos de un crecimiento sustentable. De lo contrario, frente a la creación de tantos enemigos, el enemigo de mi enemigo puede confundirse con mi amigo y también aparecer como el “menos peor” que logre seducir al electorado con mentiras y promesas que tampoco cumplirá.
El autor es productor agropecuario
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