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Opinión. Vicentin: un conflicto que requiere de la acción conjunta
Para evitar que se profundice la crisis social es clave el diálogo entre las partes interesadas, incluido el Estado
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La situación de Vicentin, que fue una de las principales agroexportadoras de Argentina, ha encendido nuevamente las alarmas sobre la fragilidad del entramado productivo nacional. Más de 1000 trabajadores y sus familias enfrentan la incertidumbre ante la solicitud de la empresa para acogerse al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta que busca reestructurar la situación financiera y laboral de firmas en apuros. Sin embargo, este mecanismo pone en juego mucho más que balances y planillas: está en riesgo la estabilidad social de regiones enteras.
Vicentin fue durante años uno de los actores más relevantes en el comercio de granos y aceites. Pero desde su default en 2019, la compañía se ha visto atrapada en un complejo escenario de litigios judiciales y dificultades financieras. El concurso preventivo iniciado en 2020 no ha logrado encauzar la situación, y la prolongada falta de definiciones solo ha profundizado la crisis.
A esta ya delicada coyuntura se suma un paro por tiempo indeterminado, iniciado el 10 del actual por los trabajadores nucleados en el gremio aceitero. La medida de fuerza no solo interrumpe la actividad productiva, sino que agrava aún más la situación operativa de la empresa. Además, la falta de respaldo sindical al pedido de apertura del PPC complica aún más la posibilidad de alcanzar acuerdos que protejan los puestos de trabajo.
Ante esta compleja situación, y tras la solicitud de Vicentin, la Subsecretaría de Trabajo de la Nación dictó el martes pasado la Conciliación Obligatoria, con el objetivo de suspender el paro y facilitar un espacio de diálogo entre la empresa y los trabajadores. Esta medida busca descomprimir el conflicto y ofrecer una instancia para alcanzar acuerdos que permitan preservar los puestos de trabajo y la continuidad operativa.
Injerencia estatal
En este contexto, el rol del Estado adquiere una relevancia central. Su intervención no debe limitarse a la mera supervisión del proceso legal, sino que debe orientarse a articular soluciones integrales que permitan sostener la actividad productiva y preservar el empleo. El Procedimiento Preventivo de Crisis está diseñado precisamente para facilitar acuerdos entre empleadores, trabajadores y el Estado, pero su efectividad depende de la voluntad de todas las partes.
Es fundamental que las autoridades implementen medidas complementarias que contribuyan a aliviar la presión financiera de la empresa, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos laborales y la estabilidad del empleo.
La posible pérdida de más de 1000 empleos tendría un impacto devastador en las economías locales. La caída del consumo, el cierre de comercios y la retracción de la actividad económica generarían un efecto dominó que podría extenderse más allá de la empresa. Cada puesto de trabajo directo en Vicentin sostiene varios empleos indirectos en la cadena de valor, desde proveedores hasta transportistas.
El paro por tiempo indeterminado iniciado el pasado 10 de enero profundizó la compleja crisis operativa y financiera de la empresa. Sin embargo, la Conciliación Obligatoria abre una ventana de oportunidad para desactivar el conflicto y encontrar soluciones consensuadas. No obstante, la falta de acompañamiento sindical al pedido inicial del PPC había limitado las posibilidades de diálogo, y la demora judicial en resolver el concurso preventivo o la posibilidad de una sentencia adversa aún representan serios riesgos para la viabilidad de la compañía.
La crisis de Vicentin no es un hecho aislado, sino el reflejo de problemas estructurales de la economía argentina. Es necesario que Estado, empresas y sindicatos trabajen de manera conjunta para encontrar soluciones que no solo resuelvan la coyuntura, sino que también fortalezcan el tejido productivo a largo plazo.
El desafío es enorme, pero también lo es la responsabilidad compartida. La agroindustria es un pilar fundamental para el desarrollo del país, y sostener su funcionamiento debe ser una prioridad. Sin compromiso colectivo, el costo social y económico será demasiado alto.
El autor es abogado especialista en derecho del trabajo y docente universitario.
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