Pesca ilegal: el Gobierno endureció el control sobre el mar argentino y eliminó las “zonas grises”
Entre otros puntos, fijó parámetros objetivos para identificar barcos no declarados y no reglamentados; la medida fue bien vista por la industria nacional
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LA NACION Belkis Martínez
El gobierno de Javier Milei endureció el control sobre la pesca ilegal en el mar argentino. Lo hizo con la disposición 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron parámetros objetivos para identificar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A partir de ahora, el comportamiento náutico y la velocidad serán evidencia suficiente para iniciar sumarios y multas. También se eliminarán las “zonas grises” que permitían a buques extranjeros simular un “tránsito inocente”.
Con esta medida, que fue bien vista en la actividad pesquera nacional, la administración actual fijó los criterios objetivos de velocidad y maniobra para presumir, “de pleno derecho”, que un buque pesquero de pabellón extranjero está realizando actividades de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), aun cuando alegue estar en tránsito.
La norma introduce un cambio relevante en el esquema de fiscalización, ya que especifica que si un buque extranjero navega a menos de 6 nudos y ejecuta trayectorias compatibles con maniobras de pesca dentro de la ZEEA, se considera que está pescando, lo que habilita la apertura inmediata de actuaciones administrativas. En el caso específico de los barcos poteros dedicados a la captura de calamar, uno de los principales focos de conflicto en el Atlántico Sur, el umbral es aún más estricto: velocidades iguales o inferiores a 2 nudos durante al menos 30 minutos continuos. Según el texto oficial, se trata de “diferenciar claramente la actividad de pesca del derecho a la libre navegación” y de reducir márgenes de discrecionalidad en los controles.
Se destacó que Prefectura Naval Argentina actuará a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra información satelital y registros electrónicos para detectar patrones de navegación sospechosos. La Prefectura quedará a cargo de la detección, constatación y reporte de los eventos, mientras que la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera evaluará los antecedentes y definirá la apertura de sumarios, conforme al régimen previsto en la Ley Federal de Pesca (24.922). El esquema también invierte la carga de la prueba: ante una presunción de pesca ilegal, será el capitán, armador u operador del buque quien deberá justificar técnicamente su conducta.
Tras conocer la decisión, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), destacó que la disposición “establece claramente las presunciones de derecho que implican la apertura de sumarios a los buques extranjeros cuando están dentro de la milla 200”. En diálogo con LA NACION, remarcó que la norma “mejora el procedimiento, fortalece la posición argentina frente a buques de bandera extranjera que simulan tránsito e invierte la carga de la prueba”, aunque aclaró que no aborda el problema estructural de la milla 201, donde se concentra buena parte del esfuerzo pesquero extranjero fuera de la ZEEA.
La gran novedad jurídica es que la norma obliga al capitán del buque a defenderse preventivamente. El responsable del barco “deberá acreditar las circunstancias que invoque para desvirtuar la situación”, mediante bitácoras o reportes meteorológicos. La normativa advierte que la negativa a ser abordado por la Prefectura será considerada una presunción en contra del buque.
En la misma línea, Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), consideró que “la medida sí sirve” porque equipara criterios de velocidad y navegación con los que ya se aplican en zonas de veda y refuerza el monitoreo satelital. “Según la velocidad se establece si están pescando o no, y eso no es menor. Además del patrullaje, el monitoreo satelital sirve un montón”, destacó.
Además, vinculó esta decisión con una estrategia más amplia del Estado para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Según explicó, Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, ya habría dado el visto bueno para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso la adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, una iniciativa impulsada por la FAO que apunta a cerrar los puertos a productos de origen ilegal. “Es parte de la misma política”, explicó el titular de Capip.
Este protocolo implica que cualquier barco que pida ingreso a un puerto argentino deberá someterse a las leyes locales sanitarias, de trazabilidad y laborales. “Toda resolución eficaz para prevenir y eliminar la pesca ilegal será bien vista por Capip. Por el tema de la milla 201 no alcanza, pero sigue poniendo el foco en el problema y brinda más recursos a las fuerzas armadas”, resumió De la Fuente.
Con este nuevo esquema, se destacó que el Ministerio de Economía busca que las infracciones tengan un respaldo técnico inexpugnable, protegiendo la sustentabilidad del ecosistema marino y la soberanía sobre los recursos de la plataforma continental. La disposición se inscribe en un contexto de creciente presión sobre los recursos del mar argentino, especialmente el calamar, y de reclamos históricos por un mayor control sobre flotas extranjeras que operan en el límite de la jurisdicción nacional. Al fijar parámetros técnicos claros, velocidad, tiempo y patrones de maniobra, el Gobierno busca dotar de mayor previsibilidad y respaldo jurídico a las actuaciones en el mar, fortalecer la soberanía sobre los recursos vivos marinos y avanzar en una política preventiva alineada con el principio precautorio que rige en materia ambiental.
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