Retenciones: el Gobierno ratificó que quiere eliminarlas, pero sin plazos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno mantiene como objetivo la eliminación de las retenciones al agro, aunque evitó fijar plazos y condicionó cualquier avance al sostenimiento del equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. Fue durante su presentación del informe de gestión en el Congreso, donde el funcionario respondió a una serie de preguntas de la oposición vinculadas al esquema de derechos de exportación. Allí sostuvo que la actual reducción “tiene carácter permanente”, pero forma parte de un "proceso gradual“.

El funcionario remarcó que la continuidad de la baja dependerá de “las condiciones generales de la economía” y del orden en las cuentas públicas, al tiempo que defendió las medidas ya implementadas, como la eliminación de retenciones para economías regionales, lácteos, porcinos y algunas categorías de carne, además de reducciones en granos y derivados.

“El objetivo es avanzar hacia la eliminación de las retenciones y continuar el proceso de reducción que se viene materializando en forma periódica, en la medida que las condiciones generales de la economía lo permiten. Las disminuciones que se concretaron tienen carácter permanente, tal como fue anunciado. Esta gestión apuesta al campo, un sector que demuestra día a día su esfuerzo en apoyar el desarrollo del país como uno de los grandes motores de la Argentina, y a su vez también para potenciar sus exportaciones”, respondió el funcionario.

Según explicó, la política oficial apunta a “eliminar impuestos distorsivos” y dar mayor libertad al sector productivo, aunque advirtió que una quita inmediata de retenciones implicaría una caída de ingresos fiscales. “Los derechos de exportación son un impuesto que el Gobierno apunta a llevar a cero lo antes posible. Sin embargo, si se hiciera en forma inmediata en las condiciones actuales, esto redundaría en una pérdida de recaudación en el corto plazo que generaría déficit fiscal. Para financiarlo, habría que incrementar otros impuestos, volver a la emisión monetaria o recurrir al endeudamiento, generando una pérdida de confianza de los agentes económicos y un deterioro macroeconómico que redundaría en menor crecimiento económico, retracción de decisiones de inversión y mayor inflación, impactando negativamente en todos los sectores productivos, incluyendo la agroindustria", precisó.

Uno de los datos más relevantes del informe fue el costo fiscal de la eliminación transitoria de retenciones dispuesta por el Decreto 682/2025 de septiembre pasado. De acuerdo con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado dejó de percibir US$1517 millones por esa medida.

Recordó que el beneficio, que fijó una alícuota del 0% para exportaciones de granos y subproductos, estuvo vigente hasta alcanzar un tope de US$7000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE). Eso ocurrió en 72 horas. En relación con el funcionamiento del esquema, se indicó que las DJVE fueron registradas bajo la normativa vigente y que la Secretaría de Agricultura tuvo la potestad de aprobarlas y controlar la tenencia de mercadería, descartando irregularidades en el proceso.

Por otra parte, el gobierno nacional confirmó que los ingresos por derechos de exportación no tienen una asignación específica, sino que se integran a las rentas generales del Estado. De esta manera, el Gobierno evitó precisar un destino concreto para esos fondos y descartó que exista una afectación directa hacia sectores o regiones que los generan. “Los ingresos por derechos de exportación se destinan a rentas generales, sin una asignación específica. De este modo, los fondos no cuentan con un destino puntual y quedan bajo administración del Tesoro nacional”, aseveró.

En paralelo, ante consultas sobre el impacto territorial de estos recursos, ARCA detalló que solo en el primer trimestre de 2026 la recaudación por retenciones vinculada a operaciones registradas en la provincia de Santa Fe alcanzó los $677.256 millones. El dato vuelve a poner sobre la mesa la discusión por la distribución de estos ingresos, que no son coparticipables y quedan en su totalidad bajo la órbita del Tesoro nacional.

En el informe, el Gobierno también detalló el impacto de la reestructuración y los retiros voluntarios del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se registraron 563 desvinculaciones entre 2025 y 2026. Según se indicó, “la mitad o más de la reducción de personal dentro del organismo fue por jubilación de personas que ya estaban en edad”, a lo que se suman renuncias y finalizaciones de contratos. Desde el Ejecutivo rechazaron que se trate de un ajuste estructural y afirmaron que “permanentemente hubo recursos humanos que fluyen hacia el sector privado”.

En paralelo, la gestión defendió el proceso de reorganización interna y revisión de actividades, al señalar que “se revisaron más de 6000 actividades del INTA” y que sólo una parte de ellas contaba con métricas claras de impacto. Bajo ese criterio, sostuvieron que “se garantiza continuidad de las líneas de investigación que se consideren con impacto en la vida de los productores”, al tiempo que se impulsa una mayor articulación con el sector privado y otros organismos públicos.

En ese marco, también se avanzó con cambios en la estructura territorial y administrativa del organismo, incluyendo el cierre de 48 agencias de extensión rural. Desde el Gobierno argumentaron que “fueron decisiones muy elaboradas” y que respondieron a criterios de superposición o baja dotación de personal.

Por Belkis Martínez

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