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San Luis blindada. Unos 500 productores protestaron por las trabas para circular
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Los productores rurales de Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis reiniciaron sus reclamos por las dificultades para ingresar o salir y volver a la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá. El problema comenzó con la pandemia y la cuarentena por el Covid-19 y se fue profundizando: ese distrito no sólo exige hisopado y cuarentena para entrar, sino que levantó barreras físicas –terraplenes y zanjones- para impedir el paso. El caso está para un fallo en la Corte Suprema desde hace un mes. Los productores reclaman una mesa de diálogo entre sus representantes y el Comité de Crisis de San Luis.
Unos 500 productores se reunieron hoy en distintos puntos limítrofes entre las provincias y avanzaron en un petitorio destinado al Gobierno de San Luis con una propuesta de protocolo alternativo al que rige hoy en ese distrito. Cerca del límite con San Luis llegaron a cortar la ruta 7. Además, en las asambleas, se discutió cómo seguirá la situación en caso de que no haya una solución. LA NACION adelantó hace una semana que el mal humor era creciente.
"Ya llevamos 160 días intentando sostener nuestras empresas, prácticamente todas familiares, con la imposibilidad de transitar entre las provincias con la fluidez que necesitamos para atender nuestros trabajos, así como también asistir a nuestro personal -dice la carta dirigida a Rodríguez Saá-. Desde un principio respetamos el estatus sanitario logrado por San Luis, habiendo todos aprendido en el transcurso de esta pandemia los protocolos a seguir para evitar al máximo los contagios, creemos que con disciplina y sentido común podemos lograr un marco que nos permita un tránsito prudente y permanencias en nuestros lugares de trabajo, sin riesgos para la población y nuestras familias".
Guillermo Cucurella, productor de Mendoza, explicó a este diario que con un grupo de unos 80 productores participó de una asamblea en Santa Rosa, cerca del límite con San Luis: "No podemos ingresar a nuestras propiedades y queremos visibilizar la situación. Nuestro caso es peor, incluso, que aquellos que arriendan campos que tienen limitado su derecho al trabajo y al tránsito, pero lo nuestro es un avance sobre la propiedad privada. Necesitamos hacernos escuchar, presentar el problema en la sociedad, poder seguir trabajando".
La elevación de la causa a la Corte Suprema la dispuso el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien falló a favor de los productores cordobeses que presentaron un amparo por "violaciones constitucionales" provocadas por el bloqueo de rutas y límites interprovinciales y que incluyen el cierre de la ruta nacional 8, además de una provincial y caminos rurales.
En paralelo, un magistrado federal de San Luis, afirmó que las barreras podían seguir. En ese contexto, debe resolver la Corte. Hace un mes la procuradora, Laura Monti, dijo que no correspondía que interviniera, pero su resolución no es vinculante.
Gustavo Roncaglione, productor de La Pampa, indicó a este medio que además de los problemas para entrar a San Luis, cuando regresan a su provincia también deben cumplir una serie de exigencias. "El ámbito agropecuario es de bajo riesgo para Covid-19 por lo que proponemos una serie de paso protocolares para disminuir aún más los riesgos, como itinerarios declarados para llegar a los establecimientos, estaciones de servicios para cargar combustible siempre ahí, seguimiento satelital de los vehículos, declaración de personal y de proveedores. Ponemos todo a disposición; estamos en plan de ayuda y no de protesta. Estamos con mucha angustia, pero prima el deseo de ayudar", dijo.
Propuesta
Los autoconvocados proponen, en el petitorio enviado a Rodríguez Saá, dividir los protocolos según tipo de trabajo. Plantean transporte y logística (perfeccionar la aplicación del protocolo ya vigente, dado que hoy no está funcionando con la fluidez que los trabajadores reclaman; sugieren que quede asentado en una base de datos las unidades para que cada vez que ingresen no deban cargar todos los datos nuevamente, disminuyendo el tiempo para ingresar); producción de alimentos (declaración de los establecimientos donde se desarrollarán las actividades, rutas de acceso a los mismos, protocolo de carga de combustible en estaciones de servicio que minimice el contacto entre personas, nómina del personal afectado a cada explotación, residencia, datos personales, contacto y tiempo promedio de permanencia).
También plantean otro para trabajadores por temporada: ingreso con análisis PCR negativo y cuarentena en el lugar de trabajo (establecimientos declarados), respetando las medidas de seguridad vigente en cuanto a contacto con terceros que puedan llegar a los establecimientos.
También uno para quienes realizan tareas de planificación, organización y control, que requieren ingreso y egreso de la provincia frecuentemente. En ese caso, apuntan a permiso interjurisdiccional que los habilite con los mismos requisitos que se les pide a los trabajadores camioneros; identificación de los vehículos autorizados a circular, control sanitario correspondiente en los accesos a cada provincia como a las localidades autorizadas,control termográfico, y opcional en los límites. testeos serológicos rápidos, control de ubicación de ingresantes a la provincia por medio de ubicación de Whatsapp o por medio de dispositivos GPS en los vehículos.
"Las medidas a implementarse deberán ser perdurables en el tiempo, independientes del estatus sanitario de cada jurisdicción, dado que el cumplimiento de los protocolos garantizaría la seguridad en salud de cada persona involucrada en estas actividades", enfatizan los productores.
El problema no es sólo económico. San Luis le negó diez veces un permiso de ingreso a las hermanas Antonella y Victoria Garay para ver a su papá, enfermo de un cáncer terminal, quien murió mientras ellas viajaban desde Tierra del Fuego. La Policía las esperó cuando llegaron y las escoltó para hacer cuarentena fuera de la casa familiar pese a tener un hisopado negativo. En junio un hombre murió cuando intentó cruzar el límite entre San Luis y Córdoba, por un paso bloqueado por el gobierno puntano en el que se había construido una barricada de tierra.
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