Se evitó un bloqueo: tras una medida favorable, la Argentina buscará reactivar las exportaciones de biodiésel a la Unión Europea
La próxima semana una delegación oficial viajará a Bruselas para llevar adelante distintas negociaciones
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LA NACIONPilar Vazquez
Después de meses de negociaciones del Gobierno y el sector privado exportador, el rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta que amenazaba con afectar al biodiésel argentino fue celebrado a nivel oficial y en la industria. Sin embargo, en la Cancillería advirtieron que se trata apenas de “un paso más” dentro de una negociación que sigue abierta. En ese contexto, una delegación argentina, que la próxima semana tiene previsto viajar a Bruselas, buscará aprovechar el nuevo escenario para avanzar en varios frentes. Entre otras cuestiones, intentará que vuelvan a cerrarse contratos de exportación de biodiésel que quedaron prácticamente paralizados desde que la Comisión Europea (CE) presentó el proyecto para modificar el Reglamento Delegado 2019/807, y que las futuras normativas reconozcan las particularidades del sistema productivo argentino, con un tratamiento diferenciado para la soja del país. La CE buscaba clasificar a la soja argentina como cultivo de “alto iLUC” [Cambio Indirecto del Uso de la Tierra], lo que hubiera dejado al biodiésel elaborado con esa materia prima fuera de los mandatos europeos de energías renovables. Esa hipótesis sostiene que cuando un cultivo como la oleaginosa se destina a producir energía en lugar de alimentos aumenta indirectamente la presión para incorporar nuevas tierras a la producción agrícola.
El objetivo del Gobierno y de la industria es poner fin a la incertidumbre regulatoria que se abrió con la propuesta de la Comisión Europea. En la Cancillería explicaron que, desde que la Comisión Europea presentó el proyecto, los importadores europeos dejaron de cerrar nuevas operaciones de biodiésel. “Cuando sale la orden delegada, que es el proyecto que envía la Comisión Europea al Parlamento, el importador europeo dejó de cerrar nuevas compras de biodiésel de origen argentino”, señalaron a LA NACION. La importancia de recuperar ese mercado radica en que la Unión Europea es, prácticamente, el único destino del biodiésel argentino.
“Lo que necesitamos garantizar es que se retomen las compras. Esto no nos soluciona todo el problema, pero es un paso en la dirección correcta”, agregaron en la cartera a cargo de Pablo Quirno. Las ventas al exterior de biodiésel están concentradas sobre la Unión Europea y cayeron a registros mínimos el año pasado y parte del actual.
El objetivo de la misión oficial va más allá de recuperar el ritmo de los negocios. Según explicaron las fuentes consultadas, la apuesta es conseguir que la Unión Europea reconozca que la producción argentina de soja responde a un sistema muy distinto del utilizado como referencia para elaborar la norma. “Tenemos un diferencial gigantesco respecto de cualquier otro sistema productor de soja. Vamos por un reconocimiento del diferencial del sistema productivo de las oleaginosas en la Argentina”, señalaron.
Ese diferencial fue, precisamente, uno de los principales argumentos que la Argentina presentó ante las autoridades europeas para contrarrestar la medida, en una gestión que, según pudo reconstruir LA NACION, comenzó en diciembre pasado. Para entonces ya se daba por descontado que la iniciativa, que permanecía “durmiente” dentro del proceso regulatorio europeo, volvería a activarse tras la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Desde el primer momento la estrategia fue impulsada por la Cancillería con participación de distintas áreas y articulada con equipos de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que conduce Fernando Brun; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Agustín Tejeda; de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), presidida por Gustavo Idígoras; de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), además de otros funcionarios, negociadores, técnicos y especialistas que durante meses trabajaron para defender la posición argentina ante las autoridades europeas.
Esa tarea incluyó reuniones técnicas con funcionarios europeos, gestiones ante el Parlamento Europeo, contactos con cámaras empresarias del continente y la elaboración de documentos técnicos que respaldaron la posición argentina. En la Cancillería remarcan que esa articulación entre el Estado y las empresas fue clave para el resultado: “No es concebible defender estos intereses si no los hacemos en conjunto. No hay mejor información y mejor gestión que la que hacemos en conjunto”, señalaron.
Documento
Uno de los principales insumos fue un informe elaborado para Ciara y Carbio por los especialistas Sabine Papendieck, María Paz Tieri y Mariano Minaglia, que cuestiona la metodología utilizada por la UE y propone, artículo por artículo, modificaciones al Reglamento Delegado 2019/807. Según indicaron las fuentes, parte de los argumentos que finalmente recogieron los eurodiputados coincidieron con esos planteos.
El primer cuestionamiento del documento apuntó al concepto mismo que da nombre a la norma. Para la posición argentina, el cambio indirecto del uso de la tierra “no es un impacto físico medible, sino una construcción derivada de modelos económicos” que intentan predecir el comportamiento de los mercados globales, con un margen de incertidumbre irreducible. Ni las normas ISO de huella de carbono ni las directrices del IPCC, señaló el trabajo, lo reconocen como una variable de contabilidad verificable.
El segundo es que la regulación analiza el riesgo con un criterio global y no distingue entre países con realidades productivas muy diferentes. Así, advirtió el informe, la producción de la Argentina, donde la frontera agrícola “se ha mantenido estable o incluso se ha contraído durante más de una década”, recibe la misma clasificación de riesgo que la expansión activa sobre el Cerrado brasileño o el Chaco boliviano. El documento recordó, incluso, que la propia Comisión Europea reconoció que no dispone de información validada específicamente para la Argentina.
Sobre esa base se construyó el corazón del planteo: en la Argentina la producción crece sin sumar tierras. La superficie sembrada con soja permanece prácticamente estable desde 2018, e incluso se contrajo en la última década, y el aumento de la oferta se explica por mejoras de productividad y una mayor intensificación de los sistemas agrícolas, montados sobre la siembra directa, adoptada en más del 92% del área agrícola del país.
Uno de los ejemplos que utilizó el informe es la soja de segunda, definida como “la máxima expresión de adicionalidad productiva en la Argentina”. Se siembra inmediatamente después de cosechar trigo o cebada y permite obtener dos cosechas en un mismo año sobre la misma hectárea, un esquema que, según el documento, “intensifica el uso de la tierra en el tiempo, en lugar de expandirlo en el espacio”, por lo que no puede inducir el fenómeno que la normativa europea busca prevenir. La importancia de esta modalidad fue creciendo en los últimos años: pasó de representar el 13% de la producción nacional de soja en la campaña 2008/09 a entre el 25% y el 28% en las últimas campañas.
Otro de los planteos sostiene que el reglamento europeo termina perjudicando a los productores que adoptaron tempranamente prácticas sustentables. Según el documento, la metodología vigente genera una “paradoja”: cuanto más eficiente ha sido históricamente un productor, más difícil le resulta demostrar la adicionalidad exigida para acceder a la certificación de bajo riesgo. Como ejemplo, mencionó el caso de un campo que incorporó la siembra directa hace dos décadas y que hoy ya no tiene margen para acreditar nuevas mejoras.
El informe también destacó que la Argentina cuenta con herramientas para demostrar todo esto en el terreno: la plataforma VISEC permite rastrear cada tonelada exportada desde el lote de origen hasta la terminal portuaria, bajo un estándar de deforestación cero posterior a 2020, además de las certificaciones internacionales ya reconocidas por la propia Comisión Europea.
Entre las modificaciones concretas que propuso figuran reemplazar la evaluación global del riesgo por una regional, reconocer el doble cultivo como medida válida para acceder a la certificación de bajo riesgo iLUC y adaptar distintos criterios técnicos para reflejar mejor las características del sistema agrícola argentino.
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