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Sector agropecuario: menos política y más representación
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“El despacho que he suscripto descubre un panorama desconsolador. La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás, y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público: poner remedio a una situación desesperada”.
Lisandro de la Torre, junio de 1935
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Aquellos memoriosos que recuerdan la historia, tendrán presente estas palabras y los hechos trágicos que sucedieron en el Congreso de la Nación allá por la década del 30 del siglo pasado. Si bien este discurso ocurrió hace muchos años y se refería solo la producción ganadera, en su esencia y en su reclamo hoy tiene vigencia y actualidad. En él se podrían representar a miles de Argentinos que día a día ven frustrados sus anhelos por tener que vivir en un país donde la incertidumbre tiene un solo nombre, los gobiernos. Estimado lector, hoy, y sin querer dejar de lado a otros sectores, haremos un ejercicio para pensar sobre el sector agropecuario y de cómo la sociedad muchas veces, de forma injusta, deposita sus frustraciones en la búsqueda de un chivo expiatorio que explique las desgracias propias causadas por el leviatán público.
Múltiples son las causas por las cuales el sector agropecuario es despreciado por parte de un sector importante de la sociedad. No pretendemos aquí desarrollar una teoría compleja sobre el observable fenómeno, pero intentaremos abrir algunos interrogantes sobre las causas que pudieron y generan este rechazo, por demás injustificado.
Pese a la existencia de organizaciones que nuclean al sector agropecuario, este parece estar aislado y carente de representación genuina y accesible que ponga en evidencia su importancia como sector generador de empleo (directo e indirecto) y generador de riqueza. Dichas organizaciones, entre otras cosas, deberían trabajar para consolidar la identidad del sector transmitiendo una imagen real y objetiva de lo que realmente es. No parece ser esto lo que está ocurriendo, ya que cada vez es más evidente la disociación entre lo que los productores son y representan y la percepción que la sociedad tiene del sector.
La intromisión de la política en dichas organizaciones y el desinterés de las mismas al no cumplir con el rol anteriormente dicho ha generado una separación entre los intereses de los productores y la solución de los problemas reales a los que ellos se enfrentan. La política se ha inmiscuido en la organización agropecuaria deslindando intereses de los productores en beneficio de negocios particulares de algunos vivos que se arrogan la representación del sector. Solo para que el lector pueda abrir los ojos, de los últimos 10 presidentes de una de las principales organizaciones agropecuarias la mitad han estado o estuvieron vinculadas a la política.
Este tipo de vinculaciones son las que han podido desarticular a los grupos de presión que en otros tiempos pudieron sumar reputación al oponerse a las retenciones móviles propuestas, por el ministro Lousteau, durante el Gobierno de Cristina Kirchner. Las candidaturas y coqueteos políticos de alguno de sus miembros acabaron por terminar el camino trazado al mostrarse como un ariete de la corporación política.
Oportunidad
La oportunidad perdida en el 2008 quedó trunca cuando sus dirigentes terminaron negociando soluciones que se alejaron de los intereses del productor. Esta desilusión alimentó el encono de la comunidad, que había marchado por ellos, perdiendo la oportunidad de legitimar el reclamo frente a quienes no forman parte del sector y sufren día a día el peso de la carga impositiva y de las arbitrariedades de quienes nos gobiernan.
Frente a todo esto la sociedad debería comprender que el único y verdadero culpable de la perdida de bienestar no es más que el Estado, quien, en su necesidad voraz de financiamiento, ha recurrido compulsivamente a ahogar a los productores con regulaciones, impuestos, controles de cambiarios, controles de precios, vedas y otras violaciones al derecho de propiedad.
La oportunidad perdida dio lugar a que muchos medios de comunicación y sectores antagónicos desde lo político, que desconocen la realidad del sector, terminen atacando al mismo en su conjunto tildándolo de estar disgregando su propia realidad a la del resto del país.
Existe un error de percepción que considera que el trabajo en el campo no requiere de excesivo esfuerzo, riesgo y capital. La realidad contrasta contra esta creencia, para ello resulta útil enunciar algunos ejemplos que expliquen las dificultades que un productor debe afrontar.
De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, existen aproximadamente 222.000 productores, donde cada uno de ellos y sus familias, son propietarios de solo 693 hectáreas en promedio. El sector es tan complejo, que en función de los rindes y de la producción, en el caso de la ganadería, dichas fracciones podrían incluso, resultar antieconómicas en su explotación cuando el crédito es inexistente y el estado los ahoga con la presión impositiva. Por ello resulta casi irrelevante discutir el tamaño promedio de una explotación agrícola-ganadera.
Los problemas del sector no se limitan solamente a la intromisión del Estado en forma directa. La falta de un mercado de capitales que le permita a los productores apalancarse para comprar semillas, fertilizantes, pasturas, genética, sanidad, maquinaria, camiones, repuestos y todos aquellos insumos que sean necesarios para optimizar la producción, determina que el costo de la inversión resulte prohibitivo para muchos productores que no disponen del dinero contante y sonante para mejorar sus explotaciones.
Hoy son los propietarios los que viven asumiendo riesgos desproporcionados en escenarios de incertidumbre y baja rentabilidad que muchas veces los colocan al límite de la quiebra.
La confusión es tan grande que muchos creen que en Argentina hay un problema de escasez de dólares y que los mismos son propiedad del gobernante de turno. Existe la creencia que las divisas son un activo estratégico de las autoridades fiscales y monetarias cuando en realidad son propiedad de quienes la generan y ellos deberían ser libres de disponer del fruto de su producción de la forma que ellos deseen.
El verdadero problema
Detrás de la aparente escasez de dólares se esconde el verdadero problema que no es más que la mala administración de las finanzas públicas que terminan manteniendo una estructura clientelista improductiva a la cual solventar.
Es hora de que comencemos a llamar a las cosas por su nombre: es casi esquizofrénico que un productor tenga que pagar dos tipos de retenciones, una directa, asociada la ley 27.541 que fija el impuesto a la soja en un 33% y al resto de los granos en un 15%, y una indirecta derivada del cepo cambiario reinstaurado por el Gobierno de Mauricio Macri, que a través de la Circular A 6770 determina que las liquidaciones deberán realizarse al tipo de cambio comprador del BNA que en promedio se ubica siempre entre un 4 y un 5% por debajo del tipo de cambio oficial del BCRA. Esta confiscación adicional ubica a las retenciones reales torno al 36%/38% para la soja y al 18%/20% para el resto de los granos.
De la misma manera, la limitación a las exportaciones de carne establecida por el decreto 408/21 resulta ser una medida más de la ignorancia de los funcionarios frente al funcionamiento del negocio ganadero.
Prohibir las exportaciones de carne determina una modificación de los precios relativos que atentan contra un negocio de largo y mediano plazo de cría y engorde, generando incentivos a la disminución del stock ganadero.
Estas confiscaciones solo son posibles por la existencia de una clase política cómplice y asociada, que más allá de los gobiernos, busca financiar sus desequilibrios poniendo una bota en la cabeza de quienes producen y trabajan.
El sector agropecuario es una víctima más del sistema como lo son las pymes, los trabajadores del sector privado y cualquier empresa competitiva que quiera progresar en la Argentina.
Pese a ello, el sector agropecuario ha logrado sobrevivir, aún con márgenes de ganancias irrisorios, mediante la pérdida de bienes de capital y con el desprecio de la sociedad.
Urge que las organizaciones que se arrogan la representación de los sectores agropecuarios bajen al llano para escuchar a los productores y dejen de jugar a la política. Detrás de cada productor hay familias que quieren progresar, hay proyectos que pueden realizarse, hay inteligencia, tecnología y capital humano para hacerlo. Mientras no se perciba al sector agropecuario como un sector que arriesga y que contribuye y se tome conciencia de lo que representa, nada va a cambiar.
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María Cruz Accini es politóloga
Mariano Fernández es economista de Ucema*
*Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la posición de la Ucema
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