“Serias dificultades”: directores del INTA denunciaron que faltan fondos para el funcionamiento del organismo

En medio de los cambios que se están llevando adelante en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), los directores de Centros Regionales y de Investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria elevaron una nota al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, en la que pidieron una reunión con el Consejo Directivo y alertaron sobre una serie de problemas críticos de gestión. Además reclamaron medidas urgentes para garantizar el funcionamiento operativo de la institución.

El eje del planteo está puesto en la necesidad de recuperar capacidad de gestión, destrabar procesos administrativos y avanzar hacia una mayor descentralización. En ese sentido, los técnicos solicitaron formalmente una audiencia con el Consejo Directivo para exponer en detalle la situación y aportar propuestas concretas.

“Advertimos que durante el primer trimestre de 2026 en todas las Unidades se registraron serias dificultades en la ejecución presupuestaria, culminando con un nivel de subejecución inédito en la historia reciente del Instituto. Esta situación no respondió a limitaciones de gestión en las Unidades Ejecutoras, sino principalmente a la no asignación de fondos para la reposición de fondos rotatorios a las Unidades durante todo el mes de marzo -con impacto directo fundamentalmente en la ejecución de proyectos y actividades sustantivas- y a demoras en la efectivización de pagos mediante CUT (Cuenta Única del Tesoro), generando incumplimientos temporales con proveedores y afectando la continuidad de servicios esenciales", manifestaron.

La carta está firmada por 21 directores de Centros Regionales y de Investigación del INTA, donde expresaron la profunda preocupación respecto de diversos aspectos vinculados al funcionamiento actual de la Institución. “Esta situación ocasionó problemas concretos: incapacidad de reponer y abastecer requerimientos en laboratorios y áreas específicas, debilitamiento de la relación institucional con proveedores y, fundamentalmente, compromete seriamente las posibilidades de éxito ante futuras gestiones de solicitudes de refuerzos presupuestarios", apuntaron.

Afirmaron que con esta situación se percibió falta de estrategias en la DGA [dirección general] que impide el avance de trámites críticos relacionados con los servicios básicos y seguridad e higiene de las unidades, como ser la gestión de la licitación de residuos peligrosos.

En consonancia señalaron que con los objetivos institucionales de ampliar la captación de fondos extrapresupuestarios nacionales e internacionales, desde las distintas Unidades se sostienen permanentemente iniciativas de articulación con organismos públicos, universidades, gobiernos provinciales y municipales, empresas y otros actores del sistema científico-tecnológico y productivo. Sin embargo, remarcaron que estas acciones se ven frecuentemente condicionadas por demoras en la emisión de dictámenes de las áreas competentes, particularmente en Asuntos Jurídicos, así como por tiempos de respuesta que no siempre resultan compatibles con las dinámicas de vinculación tecnológica y relacionamiento institucional requeridas en el actual contexto.

Explicaron que en reuniones anteriores se consideró que desde los Centros Regionales y de Investigación se podría aportar personal calificado para realizar una revisión a los fines de colaborar y agilizar el proceso de dictamen de Asuntos Jurídicos. “Es por ello, que quedamos a disposición para trabajar en conjunto en dicho aspecto con el área de Asuntos Jurídicos”, manifestaron.

En esa línea, dijeron que se observó una importante demora en la gestión de trámites vinculados a recursos humanos y administración del personal, incluyendo solicitudes de cambio de asiento de trabajo, reclasificaciones, concursos, cambios de agrupamiento, autorizaciones de comisiones y capacitaciones y de liquidaciones finales del personal jubilado; muchos de los cuales permanecen pendientes de resolución desde hace varios meses. “Esta situación genera dificultades concretas de organización interna y afecta el funcionamiento regular de las Unidades, como así también genera angustia en las personas debido a los impactos en sus remuneraciones”, advirtieron.

En el caso de sistemas, siguieron explicando en la carta, un área neurálgica para el funcionamiento normal de la institución, es realmente preocupante la falta y demora en el pago de las contrataciones incluidas las licencias que mantienen la infraestructura de tecnología de la información (TI), vencidas en diciembre de 2025. Asimismo, falta celeridad para iniciar licitaciones para las licencias de usuario y renovaciones críticas para el normal funcionamiento del área; esta situación se agrava paulatinamente debido a la pérdida de técnicos de esa área.

“Resulta oportuno señalar que también se han verificado demoras y ausencia de respuestas por parte de esta área frente a requerimientos críticos formulados por las Unidades. Esta situación constituye un riesgo significativo para la gestión institucional, en tanto limita la capacidad de dar soporte adecuado a los procesos administrativos y de gestión, afectando la continuidad operativa, la calidad de la información, la ciberseguridad y la toma oportuna de decisiones. Lo cual ya se ha plasmado en la caída de sistemas, por ej. el sistema que posibilita la redistribución de fondos de proyectos en las unidades ejecutoras. Lo cual también impactó en una baja ejecución de los fondos de actividades sustantivas”, dijeron.

Los técnicos mencionaron que estas situaciones son especialmente críticas en el contexto actual, donde es clave garantizar previsibilidad, continuidad operativa y capacidad de respuesta en todo el territorio.

LA NACION

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