"Apoyo indebido": fuerte crítica del campo a la presencia de funcionarios en las tomas de tierras

Entidades relacionadas con el agro se manifestaron en contra de las usurpaciones y repudiaron la presencia de funcionarios públicos en el predio Las Margaritas, de Entre Ríos, y cuya toma denunció el exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, y en la audiencia entre las partes involucradas.

Lo hicieron en medio de otros hechos ocurridos en el país. "La Sociedad Rural Argentina (SRA) manifiesta su alarma ante las usurpaciones surgidas y repudia el apoyo indebido o la presencia no justificada de funcionarios del Gobierno nacional en las tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país", indicó la entidad que preside Daniel Pelegrina.

"Dicho actuación o la presencia de funcionarios públicos de manera presencial o virtual entre los usurpadores, en las prolongadas tomas del Sur, las del conurbano bonaerense, en la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos y, lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, pueden ser interpretadas como un aval del Estado a una metodología ilegal", agregó la Rural.

"Preservar el contrato y la paz social es sostenible únicamente mediante el respeto y el acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes. Las usurpaciones como modus operandi se están extendiendo ante la pasividad de los poderes de la República, que están descuidando su función principal que es ordenar. Esto puede traer consecuencias imprevisibles para todos los ciudadanos de la Nación, especialmente si ese rol es asumido por referentes sociales que no han sido elegidos por el pueblo", señaló.

En tanto, la Federación Agraria Argentina (FAA) dijo: "Decimos sí a la democratización en la propiedad y tenencia de la tierra por medios legales; pero no a los violentos, arrebatadores y usurpadores que delinquen. Alarma el tibio actuación de la Justicia, que no hace valer los principios de nuestra Constitución. Pero preocupa más aún la complicidad de quienes nos gobiernan, que desde las más altas esferas no sólo no repudian esta manera de proceder, sino que, por el contrario, parecen convalidarla y hasta incentivarla".

"Desde nuestra creación en 1912, venimos pidiendo por políticas públicas que permitan y faciliten el acceso a la tierra, en especial a los pequeños y medianos productores, a los agricultores familiares y a los campesinos. De hecho, en los últimos meses, en el marco del ASPO hemos presentado en reiteradas oportunidades al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, la idea de avanzar en la creación de un banco de tierras similar al que existe en Uruguay. Es decir que estamos convencidos como sujetos, pero especialmente como organización gremial representativa de los productores más chicos, de que el camino es buscar mecanismos para facilitar el acceso a este tan preciado bien", sostuvo FAA.

"De ninguna manera podemos convalidar el delito, el arrebato, las usurpaciones, la violencia ni ningún otro procedimiento similar. Y como les hemos pedido a las autoridades, en especial al ministro Basterra y a su par, Frederic, se necesita que el Gobierno se pronuncie y actúe con mucha contundencia en este sentido, para que nadie tenga dudas respecto de cuál es el camino a seguir", expresó.

En tanto, desde la Mesa de Enlace de Santa Fe, señalaron: "Las cuatro entidades que representan a productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe quieren expresar su gran preocupación por las usurpaciones a inmuebles rurales que se están produciendo en el país, y repudiamos la inacción de las autoridades competentes al respecto. Reivindicamos el derecho a la propiedad como sostén fundamental de una Nación que quiere desarrollarse, y todos los derechos garantizados por nuestra Constitución Nacional, como el derecho a la libertad, a la seguridad, a peticionar ante los jueces, y otros tantos que se ven afectados ante las tomas ilegales".

"Resulta indispensable que las autoridades políticas, jueces y fiscales actúen con suma celeridad y aplomo para mantener la vigencia del orden social y del Estado de Derecho amenazado. Reclamamos de manera imperiosa que las autoridades responsables salgan de su letargo cómplice y cumplan con su deber de aplicar la ley y de ejercer la autoridad, funciones para las cuales fueron designados. Manifestamos nuestra solidaridad con aquellos ciudadanos víctimas de usurpaciones. Los argentinos necesitamos trabajar juntos para poder salir de la situación delicada que atravesamos con esfuerzo, inteligencia, honestidad, acuerdos, respetando la ley, pero nunca ejerciendo la violencia disimulada detrás de derechos inexistentes, bajo el apañamiento de autoridades irresponsables", agregó.

En un comunicado, productores de la Asociación Argentina de Productores Autoconvocados también hicieron mención a la toma de tierra en todo el país. "El gobierno nacional hizo silencio ante los temas mencionados donde estos mamarrachos nos ponen como los culpables cuando en realidad somos las víctimas. También hace silencio sobre las tomas de Guernica, Villa Mascardi. En la que juramos por Dios no tenemos nada que ver, como así tampoco en la usurpación del campo en Santa Elena, donde tendrían, al menos, que explicar porque entre los usurpadores había funcionarios nacionales y de Santa Fe. Por su parte, el Inadi tendría que explicar si su presencia allí era para proteger de la discriminación a los usurpados o a los usurpadores".

Por otro lado, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba manifestó su rechazo a la "creciente ola de usurpaciones" de predios rurales por parte de bandas organizadas. "Repudiamos la inacción de los gobiernos, nacional y provincial que con su silencio cómplice renuncia a su deber de velar por la plena vigencia del orden social y los derechos constitucionales. No menos grave es la vergonzosa pasividad de jueces y fiscales que so pretexto de una serie de subterfugios y evasivas no terminan de cumplir con su deber de hacer cesar de inmediato un delito flagrante continuo y creciente que agrega una mayor cuota de angustia a la dificilísima situación social, económica y sanitaria que padecemos los argentinos. La ocupación violenta de predios rurales por parte de delincuentes, mientras jueces y políticos miran para otro lado, no es un conflicto entre privados, es un accionar delictivo premeditado y organizado que debe cesar de inmediato", indicó.

El caso Etchevehere tuvo repercusión también en las entidades del agro del Mercosur. Al respecto, la FederacióndeAsociacionesRuralesdelMercosur Ampliado (FARM) señaló que "vecongranpreocupaciónlaviolaciónsistemáticadelapropiedadprivadaenvariospaísesde laregión -enparticular, alosúltimoshechosocurridosdetomadetierrasen Argentina einvasionesdepropiedadesproductivasenParaguay- ydenunciala permisividadyladisplicenciadelasautoridadesdegobiernoylamismajustica antetancríticasituación".