Suelos: mejor que prohibir es promover

Se publicó hace unas semanas una opinión de un funcionario del INTA sobre un tema sumamente delicado cual es el uso del suelo productivo, en la que sostuvo la necesidad de su regulación. Ninguno de los fundamentos de ese artículo tiene aseveraciones incontrastables, ya que son todos tan conocidos como opinables. Pero no es mi intención polemizar con el autor, sino dirigirme a los lectores, para proponerles un análisis distinto.

En ese texto se sostiene la necesidad de una legislación de suelos, basándose en razones que ya hoy no merecen siquiera ser mencionadas, por conocidas y aceptadas, aunque no sea fácil en la Argentina concretarlas, por razones ajenas a la voluntad e intención de los productores, siempre empujados por políticas que se lo impiden. Pero en vez de criticar esa fuerza exógena que entorpece, para removerla, se vuelven una y otra vez a declamar elevadas razones generales para justificar la "propuesta de imponer" (vaya paradoja) con una ley "regulaciones limitativas" (en vez de promocionales), sin considerar principios y garantías de la ley superior, que es la Constitución.

Con un gobierno tan intervencionista, regular o no regular se ha convertido en un "juego de opuestos" en el que las opiniones se usan como trincheras que no ayudan al debate llano. En la Argentina son más las leyes regulatorias que sobran que las que faltan, y de lo que en verdad carecen quienes mandan es de la cultura, las conductas y la lealtad cívica para respetar los derechos esenciales, los límites al poder que garantiza la Constitución.

Nada indica que sea imprescindible regular sobre esa materia. Por el contrario, el uso del suelo, en razón de sus características y de su elevado destino de producción de alimentos, resulta un tema tan específico y hasta circunstancial que depende de cada región, de cada destino productivo, de cada tipo de producción, de cada clima, de cada época, de cada avance científico, entre tantos elementos por considerar. Sentirse capaz de reducir todo ello a normas generales y permanentes es un pecado de soberbia y hasta una negación de la naturaleza misma.

Reducir todo a reglas fijas a cumplir por el hombre que trabaja el suelo es pretencioso, irreal y peligroso para el desarrollo humano, que es dinámico y cambia de continuo, dejando atrás a cada paso los conocimientos anteriores.

Cuando así se ha hecho en otros temas, lo que muestra la experiencia es que resultan normas autoritarias, limitativas y básicamente sancionatorias, que pronto la ciencia, la tecnología, las necesidades humanas y hasta la naturaleza misma (aunque sus cambios sean más lentos) superan, pero mientras tanto, más que contribuir, han estorbado más con sus restricciones el fluido devenir de las producciones.

Esos proyectos terminan (o empiezan) casi siempre con la creación de organismos tecno-burocráticos caros, manejados en forma arbitraria, que sólo sirven a quienes en ellos encuentran una fuente jerarquizada de trabajo. Todo ello a expensas de restricciones y costos para quienes poseen la tierra y la hacen producir.

La toma de conciencia, la oferta de conocimientos, el desarrollo y la difusión de buenas prácticas, y sobre todo el aliento con políticas de promoción y sostenimiento (en vez de prohibiciones), parecen un camino más razonable, más ajustado a la búsqueda de relaciones armónicas y de evolución conjunta, en vez de inventar una tras otra normas artificiales en el delicado mundo de los derechos y de los intereses legítimos.

El autor es abogado y fue dirigente rural

Juan Pedro Merbilhaa

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