Trabajo de alto riesgo

La posibilidad de los empleados de recurrir a la Justicia por demandas de responsabilidad civil preocupa a empresarios del sector rural y agroindustrial -con uno de los índices más elevados de siniestros- que temen incertidumbre y mayores costos; en cambio, en el gremio consideran que con el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, los trabajadores eran discriminados

9 de octubre de 2004
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Actualizado el 12 de julio de 2020

El sector agropecuario es uno de los mayores proveedores de mano de obra del país, pero al mismo tiempo, detrás del gremio de la construcción, es la actividad laboral más riesgosa y con mayor índices de accidentes. Por ese motivo se potencian las implicancias relacionadas con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el artículo 39 de la ley de riesgo de trabajo (LRT), que impedía a los empleados demandar a las empresas ante la justicia civil por la responsabilidad en accidentes de trabajo.

Ahora, están en manos del Ministerio de Trabajo sendas iniciativas del sector patronal y de los sindicatos por intentar reformular el sistema que conforme a las partes. Mientras tanto, las primeras reacciones ya se hicieron escuchar. Por el lado de los productores rurales y de las empresas agroindustriales, el fallo de la Corte deja caer sobre el sector un manto de incertidumbre e imprevisibilidad económica en cuanto a las indemnizaciones que deberán pagar; pone freno a las inversiones y amenaza con la vuelta de la industria del juicio que provocó quebrantos en el sector.

Pero por el lado del gremio que representa a los trabajadores rurales, la LRT ejercía una discriminación sobre los empleados, mientras que para la Asociación de Abogados Laboralistas, el fallo de la Corte devolvió a los trabajadores "su carta de ciudadanía jurídica".

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en el campo están registrados unos 350.000 trabajadores rurales, pero hay otro millón que está "en negro", según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Se ha comprobado que el sector agropecuario es uno de los mayores proveedores de mano de obra, con un 35 por ciento del total ocupado. Pero también, junto con los trabajadores de la construcción, constituye una de las actividades con mayores riesgos y con más accidentes registrados. Un reciente análisis realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la relación es de 104,7 accidentes por cada mil empleados cubiertos en el ámbito rural.

El campo tiene 260.000 de los más de cinco millones del total de trabajadores asegurados, agrega el estudio. Además, la frecuencia siniestral en el agro es 73,6% superior al del resto de la economía. Gran parte de los accidentes afecta a trabajadores temporales.

Más allá de las opiniones en favor y en contra del fallo de la Corte, la coincidencia es que la norma se debería replantear. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ya recibió las inquietudes de los empresarios y de los sindicatos para encontrar un punto de equilibrio en el sistema.

Consultada por LA NACION, la gerente general de la UART, Mara Bettiol, dijo que "se observa una necesidad de contar con un sistema previsible de riesgos del trabajo manifestada principalmente por los diferentes sectores de empleadores, pero que también alcanza a los trabajadores, en virtud de que es esa misma previsibilidad la que permite generar empleos y empleos registrados, así como una cobertura satisfactoria de prestaciones en especies y dinerarias".

Incertidumbre

Al margen de las negociaciones que se pongan en marcha, lo cierto es que el fallo de la Corte provocó gran revuelo en toda la actividad económica, y la agropecuaria no fue la excepción. Para el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiteri, las recientes decisiones de la Corte generan incertidumbre en el mercado laboral de la Argentina y abren un debate sobre la necesidad de definir claramente el concepto de justicia que debe prevalecer y aplicarse en todos los casos de responsabilidad civil.

"Cualquier medida que genere diferencias, discrimine o perjudique -agregó-, demuestra de por sí una falta de equidad en la decisión. El fallo significa un incremento de los riesgos y costos laborales jaqueando, una vez más, a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas a las agrupadas en el cooperativismo agropecuario.

"Produce una inseguridad jurídica tal que necesariamente atenta contra la expansión del empleo, limita futuras inversiones y condiciona a los nuevos emprendimientos", concluyó Raiteri.

En tanto, el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Ricardo Grether, planteó que lo que se reclama es la falta de previsibilidad. "Queremos saber cuánto deberemos pagar ante el accidente de un empleado", señaló. "En un país que tiene el 50 por ciento de desocupados o de trabajo en negro, tenemos que buscar medidas que sean atractivas y que no representen un riesgo tomar personal", agregó.

"Todo esto nos trae el recuerdo de aquella época...", dijo el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Manuel Dorrego, al referirse al período anterior a la sanción de la ley de riesgos de trabajo y cuando "la industria del juicio provocó situación de quebrantos, en muchísimas fábricas, especialmente de agropartes y terminales, de localidades santafecinas como Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, entre otras".

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez, señaló que desde la entidad aún no se tenía fijada una posición tras el fallo de la Corte "pero desde ya puedo decir que en las empresas asociadas no cayó bien. Ahora habrá que hacer previsiones gigantescas o aumentar el nivel de los seguros".

Independientemente de las modificaciones que se puedan hacer a la LRT en nada invalida que "la Corte vuelva a intervenir si considera una nueva inconstitucionalidad". Así se refirió el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Teodoro Sánchez de Bustamante, que sostuvo que "en la medida en que las futuras regulaciones no se adecuen a la Constitución nacional y al derecho internacional de los derechos humanos que están incorporados en ella, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá, lo mismo que todos los tribunales inferiores de la República, declarar tantas inconstitucionalidades como interpreta que existiera".

Asimismo el letrado reiteró que con el fallo de la Corte "los trabajadores recuperaron su carta de ciudadanía jurídica, que en función del artículo 39 de la LRT habían perdido, porque era una ley que los trataba como verdaderos kelpers jurídicos".

Por su parte, el secretario general de la Uatre, Gerónimo Venegas, dijo que con las LRT, los trabajadores venían siendo discriminados.

"Lo más adecuado sería encontrar un equilibrio para que los trabajadores tengan una indemnización justa", agregó, a propósito de las reuniones que se llevan a cabo en el Ministerio de Trabajo.

También el vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, Guillermo Alchouron (Acción por la República- provincia de Buenos Aires), dijo que se está analizando en el seno del Interbloque Federal la reformulación de la ley, fundamentalmente en lo referido al aumento de los topes.

La segunda indemnización

"Personalmente confío en que el fallo de la Corte, dictado en un caso muy particular, será complementado con pronunciamientos futuros que eviten la extensión lisa y llana de la doble indemnización a la generalidad de los accidentes laborales", sostuvo por su parte el abogado Lorenzo Sojo, con experiencias en litigios rurales.

Según el abogado "salvo casos extremos, no parece valioso que una persona reciba los beneficios de la ART con las ventajas de automaticidad y celeridad y luego vuelva sobre sus pasos y reclame una segunda indemnización, sobre todo cuando la primera resulta razonable y proporcionada". Por último Sojo "confía" en que este particular caso no será de aplicación generalizada "porque creo que está lejos del ánimo de los jueces recrear la industria del juicio".

Por Por Roberto Seifert <br/> De la Redacción de LA NACION