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Un diputado de Carrió presentó un proyecto de ley para las aplicaciones de agroquímicos en Buenos Aires
Se trata de Luciano Bugalllo, cuya iniciativa apunta a terminar con el “desorden” de regulaciones de los municipios
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El diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica-JxC) presentó un proyecto de ley de aplicaciones fitosanitarias para la provincia de Buenos Aires. Bugallo es hombre de confianza de Elisa Carrió.
La iniciativa busca, entre otros objetivos, terminar con el “desorden” que existe en la provincia, donde muchos municipios han establecido distancias propias, sin determinación científica, para hacer las pulverizaciones. Bugallo propone esto en el marco de una producción sostenible, donde se reduzcan riesgos y, además, se pueda actualizar la legislación 10.699 con los tiempos y tecnologías de hoy.
Cerca de Bugallo dicen que la propuesta que ingresó a la legislatura bonaerense está pensada “para los próximos 50 años” y cualquier actualización se pueda hacer justamente con el Manual de Buenas Prácticas que impulsa.
Hoy en la provincia hay 87 ordenanzas que regulan aplicaciones y 71 de ellas regulan distancias. Buenos Aires tiene un peso estratégico a nivel nacional en materia de producción. Según destaca Bugallo, de los 37 millones de hectáreas de cultivos agrícolas de todo el país, Buenos Aires produce el 52% del trigo, el 52% de girasol, 22% de la soja y el 27% del maíz.
El proyecto de ley pone como autoridad de aplicación a la cartera agrícola de la provincia y abre, como se mencionó, la posibilidad a actualizaciones con un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. Para la confección de ese manual suma las entidades del campo, organismos técnicos del Estado y a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).
Entre otras cosas, además de definir la responsabilidad de cada actor, desde los aplicadores, los agrónomos y los municipios, también elimina las llamadas zonas de exclusión para las aplicaciones. El diputado entiende que eso generaba un desorden territorial en los municipios. En tanto, establece un máximo de 500 metros a la zona de amortiguación, lo que puede ser menos de acuerdo a las características de la zona.
En las zonas de amortiguamiento solo se permitirán productos detallados en el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas. En tanto, para las aplicaciones en áreas periurbanas será necesaria la presencia de un fiscalizador por parte del municipio, que garantice las correctas condiciones al momento y finalización de la aplicación.
Entre otros detalles, la iniciativa incorpora la prohibición de aplicación dentro del espacio destinado a establecimientos educativos, y fuera de los horarios de clases, para zonas colindantes con presencia de fiscalizador por parte de la autoridad de aplicación o municipios autorizados. Además, para los cursos de agua o lagunas permanentes se establece una distancia de prohibición de 10 metros para aplicaciones terrestres y 50 metros para áreas.
“Quienes viven en el campo, son los productores. Quienes aplican fitosanitarios, son los productores. Quienes manipulan envases, lavan maquinarias y conviven constantemente con productos fitosanitarios, incluso sin diluir, son los productores. Entonces, salvo que consideremos que todos los productores son suicidas, los principales interesados en el correcto uso, dosis y forma de aplicación, son ellos mismos”, dijo Bugallo.
“Hoy las restricciones municipales, dejan fuera de la producción cientos de miles de hectáreas de las más productivas en todo el país. Solo por citar un ejemplo, en el partido de Pergamino, este número asciende a más de 6000 hectáreas. En la Provincia de Santa Fe, unas 50.000 hectáreas están bajo amenaza de restricciones absurdas y ni hablar en la Provincia de Buenos Aires, donde contamos con 87 ordenanzas distintas, además del desorden que esto genera en la producción”, agregó.
Por otra parte, el diputado provincial se refirió al objetivo de la norma: “Esta es una ley para los próximos 50 años. Libre de prejuicios ideológicos, absolutamente comprometida con el cuidado del medioambiente, la producción sustentable y la preservación de los recursos naturales. Permite la actualización constante mediante el Manual de Buenas Prácticas, en caso que nuevas tecnologías o productos salgan al mercado, sin la necesidad de contar con mayorías parlamentarias para futuras reformas”.
LA NACION
