Un intendente K intima a los productores a retomar el pago de una tasa y crece una disputa

Un grupo de productores de la localidad bonaerense de Bolívar denunció que la Municipalidad comenzó a intimarlos luego de desestimar un proceso, llamado de “Impugnación Recursiva”, por el cual en enero pasado habían dejado de pagar la tasa vial disconformes por el rumbo incierto del dinero. Según indicaron, con llamadas telefónicas y notas enviadas a domicilios, el municipio busca “inducirlos” a regularizar la situación.

“La semana pasada nos empezaron a mandar un dictamen interno de la asesoría legal, que nada tiene que ver con nosotros, ya que nos debe responder el ejecutivo, y además recibimos intimaciones a los domicilios para que paguemos, siendo que lo tenemos suspendido porque presentamos una impugnación recursiva ante el intendente”, indicó Denise Stephani Campion, que pertenece al grupo de productores que se unió para tomar medidas por la falta de mantenimiento y obras en los 2500 kilómetros de caminos rurales de la zona.

Los productores remarcan que no se cumple la ordenanza vigente que dice que el municipio debe destinar el 80% de la recaudación a los caminos rurales. Alertan que en los últimos tres periodos no superó ni el 40%, según datos oficiales. Ante una consulta de LA NACION, en la Municipalidad todavía no brindaron respuestas. El intendente es Marcos Pisano (Frente de Todos).

“Estamos recibiendo llamados del municipio, a mí me hablaron la semana pasada diciendo que estaba todo el proceso terminado, que teníamos que regularizar la deuda, que ya muchos productores estaban retomando el pago y que estaban conformes con lo que se estaba haciendo. Todo mentira, somos cerca de 400 productores en los grupos, estamos unidos y comunicados, y eso que dicen no es lo que pasa”, agregó.

Todo se inició en enero último luego de que el Concejo Deliberante aprobara un aumento en la tasa vial que va desde un 60 hasta un 78% y, además, bajó la bonificación por buen pagador del 15% al 10%. Los productores, asesorados por el abogado Juan Pedro Merbilhaa, presentaron un escrito donde cada contribuyente, de forma individual, presentó en la Municipalidad una impugnación recursiva ante el intendente.

Según explicó el letrado, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo municipal de la provincia de Buenos Aires, cuando un contribuyente está disconforme, encuentra un vicio o no recibe servicios, puede presentar ese recurso ante la propia Municipalidad.

“En este caso hay dos cosas diferentes, pero que concurren. Por un lado, la falta total o casi total de servicio y, por otro, de tipo legal y jurídicos, en donde a la tasa vial la convierten en un impuesto”, comentó sobre el planteo que realizaron y agregó: “Además, indicamos que para este ejercicio 2022 tiene aumentos exagerados, mal calculados; y una infinidad de vicios técnicos y económicos que significan lesiones jurídicas a los derechos del contribuyente”.

En este contexto, explicó que la propia ordenanza municipal dice que “cuando se impugna íntegramente un tributo, como en este caso, durante el proceso administrativo, el contribuyente no está obligado al pago”. Es decir, los productores están habilitados a dejar de pagar la tasa vial hasta que se resuelva la situación.

A su vez, detalló que la Municipalidad está obligada a impulsar el proceso y a presentar la documentación exigida, hasta que el intendente, que es el que conduce esta acción, finalmente tome una resolución. “Si esa resolución no le agrada al contribuyente, hay recursos para seguir contra ella”, comentó.

No obstante, y a pesar de ello, Merbilhaa aseguró que la semana pasada los productores empezaron a recibir un dictamen de asesoría legal. “Se trata de una documentación que en realidad se lo deben notificar al intendente para que este lo tenga en cuenta al momento de dictar una resolución. Sin embargo, se lo notificaron directamente a los productores pretendiendo sustituir la decisión del intendente y evitando abrir a prueba el expediente”, denunció.

“Ese informe legal es algo interno, que simplemente hace consideraciones conceptuales, sin ninguna prueba, y eso es lo que les han trasladado como si fuera la resolución del intendente, y no, no lo es ni técnica, ni procesal, ni jurídicamente”, apuntó el abogado, y añadió: “Por eso el intendente está intentando sacarse esto de encima y en pleno proceso habiendo avanzado prácticamente nada”.

Por otro lado, en línea a lo planteado por los productores, indicó: “Con llamados telefónicos han empezado a intimar a algunos contribuyentes, diciendo que el procedimiento se terminó con ese informe jurídico y le reclama las deudas de las cuotas que hayan vencido durante el proceso”.

“Esto es falso también porque el proceso no terminó y casi ni empezó”, denunció. Frente a estas comunicaciones, el abogado detalló que presentaron un nuevo escrito. “Hay una violación de derechos porque quieren dar por terminado informalmente la causa. Esto quiere decir que el municipio no ha hecho nada de lo que la ley le obliga a hacer y pretende sacárselo de encima e intimidarlos a los contribuyentes diciéndoles que tienen deuda y que si no los van a ejecutar”, concluyó.

Por Pilar Vazquez

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