Un nuevo contrato con la sociedad

¿Por qué un ministro tan inteligente y capaz de comprender en la practica los fenómenos de la economía, diseña y ejecuta políticas publicas para el campo de tan baja jerarquía técnica? O mas bien, utilizando el mismo lenguaje del gobierno, tan chantas!. Las retenciones, el incremento del peso de faena de hembras vacunas o la fijación del precio de referencia al día del embarque, son apenas algunos ejemplos. No creo que sea una cuestión menor. Parecería ser que el gobierno se desenvuelve mas cómodamente en el debate ideológico, donde puede cobijarse bajo el paraguas del supuesto "bien común". Así, frente a las opciones "apropiación de la renta de los ricos" que se niegan a pagar sus impuestos, unido a la necesidad "mantener anclados a los precios" por un lado, y el principio retórico de que "el mejor impuesto es el que no existe" por el otro, el gobierno elige el primero, porque tiene mas respaldo político en los tiempos que corren. También, parece que tanto sus miembros y como sus adversarios ocasionales se resisten a moverse de ese ámbito, tal vez por comodidad, por desidia o tal vez por ignorancia.

Sostengo que llegó el tiempo de formularse un cambio de escenario en el debate de cómo generar una estructura impositiva para el sector agropecuario, que garantice la necesaria participación del sector en la financiación del gasto público y que obre como impulsor de aquellos emprendedores del campo que ven en la inversión tecnológica el instrumento para el crecimiento de la productividad. No es suficiente el argumento de que al campo le va bien para seguir sin parpadear con un impuesto como el de las retenciones. Justamente, esta coyuntura permite diseñar nuevos y mejores mecanismos. Para ser claro: con la actual función de producción de soja en la Argentina, obtener una tonelada de ese grano tiene un costo variable total de aproximadamente 85 dólares. De un precio FOB posible de US$ 210 el Estado retiene para sus fines US$ 42 por tonelada o sea el 33% del Margen Bruto posible del productor, dejándole para que pague sus gastos de estructura, sus impuestos (ganancias, ingresos brutos, sellos, inmobiliario, tasa vial, cargas sociales) y sus costos financieros, una suma parecida a la de su costo.

Ahora bien, imaginémonos a un productor interesado en cambiar la "tradicional" manera de producir dando un salto tecnológico a través de inversiones mecánicas, químicas, genéticas u otras, con el afán de aumentar su productividad. Y nótese que al definir dichos recursos se está expresando: mas inversión, mas mano de obra ocupada, mas integración espacial y social, etcétera. Pues bien, la tonelada adicional que obtiene ese proactivo "agente económico" le costará un poco mas que US$ 85 , digamos US$ 110 dólares (mas fertilizante, otro equipamiento y un mejor paquete genético), aunque por su producto siga obteniendo el mismo precio. No obstante, el Estado se sigue quedando con aquellos US$ 42 de esa tonelada adicional obtenida, asociándose no ya al 33% del resultado de su decisión de invertir, sino apropiándose de casi el 40 por ciento. No parece justo, desde el momento que vulnera los mas elementales principios que rigen la política tributaria. Y menos parece inteligente.

Supongamos que el Gobierno se considere ganador en el debate ideológico sobre el monto del aporte del sector agropecuario a la construcción de una sociedad mas igualitaria, ¿Que le impide proponer convertir este aporte en un costo fijo, como método indirecto de incentivo al uso creciente de capital económico y social? Supongamos que los representantes gremiales de los productores se sientan agraviados por la sordera del Gobierno, pero, ¿qué les impide proponer un cambio en el eje de la discusión y ponerla en el plano del desarrollo de mecanismos que incentiven la inversión?

Parecería que el debate establecido en el escenario actual, lo gana el Gobierno. Y en la comodidad de ese triunfo apuntala una estructura impositiva perversa que más tarde o mas temprano colapsará, con los costos que la sociedad argentina está acostumbrada a conocer y sufrir. Deberíamos esforzarnos en elaborar un nuevo contrato social entre el "espacio rural" (productores agropecuarios, industriales, proveedores de servicios) y el resto de la sociedad, con sus especificidades y reglas de juego predeterminadas. De modo tal que en el mediano y largo plazo se cumplan y se hagan cumplir.

El autor fue subsecretario de Agricultura.

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