Un pacto que le podría sacar "canas verdes" al campo argentino

En octubre pasado tuvo lugar un hecho trascendental que seguramente impactará de lleno en el mercado mundial de granos en los años venideros.

El día 20 de octubre se reunió el Consejo Europeo de ministros de la Agricultura y el día 23 del mismo mes el Parlamento Europeo, ambos representan el Poder Ejecutivo, Legislativo y presupuestario de la Unión Europea (UE), con el fin de analizar las propuestas legislativas sobre la Política Agrícola Común (PAC) durante el periodo 2021-2027, publicadas en julio de 2018 por la Comisión europea precedente.

A partir de esas fechas, se inició un proceso de negociación entre el binomio ejecutivo y la Comisión europea, portadora de la iniciativa legislativa, que continuará durante el primer semestre del año en curso con el objetivo de poner en marcha la nueva PAC que entraría en vigor recién en enero de 2023.

El presupuesto acordado a la futura PAC, como las nuevas modalidades implementadas, tendrán un impacto significativo en el mercado mundial, así como también la nueva dimensión que se le exigirá a la PAC respecto al llamado "pacto verde europeo", al cual nos referiremos luego.

Respecto al presupuesto acordado en el período 2021-2027, el mismo se mantiene constante en valor corriente, pero cae un 10% en términos reales, respecto al presupuesto acordado en 2014-2020. Aquí no hay nada nuevo. A inicios de la gran reforma de 1992, la PAC representaba casi el 70% del presupuesto europeo. Al horizonte 2027, la misma estaría por debajo del 30%.

Esta caída no solo se explica por la ampliación sucesiva de la UE y la reciente pérdida del Reino Unido en calidad de contribuidor neto al presupuesto europeo, sino que además se inscribe en una ausencia lamentable de visión estratégica (y geopolítica) por parte de una Unión que le destina apenas un poco mas del 1% de su ingreso nacional bruto a dicha política común.

Distinto es el caso de China y Rusia. El gigante asiático pretende mantener su porcentaje de autosuficiencia en materia de cereales, y el eslavo seguir quitándole a los Estados Unidos el lugar de primer exportador mundial de trigo. Entre 2008 y 2015, China reforzó su presupuesto público, destinado a la agricultura, expresado en dólares, en un 108%. A su vez, Rusia lo hizo en el mismo sentido en un 37%, expresado en euros, entre los planes estratégicos de 2008-2012 y 2013-2020.

La pérdida de visión estratégica por parte de la UE condujo a la nacionalización de la PAC implementada en el periodo 2014-2020, e incrementada en esta nueva reforma. La PAC supo mantener sus dos pilares en 2014-2020, aunque la novedad es que aumentó los vínculos y la flexibilidad entre ambos para transferirse fondos. Lo dicho explica por qué los productores de granos franceses reciben un monto global de subsidios (1er y 2do pilar) de 250 euros por hectárea mientras que sus colegas alemanes perciben 305 euros por hectárea (valores al 2017).

La nueva reforma, cada vez menos común y más compleja por cierto, exacerbará aún más esta distorsión de competencia presente entre Estados miembros ya que con el advenimiento del "Plan Estratégico Nacional" Bruselas le otorgará a cada miembro un nivel de flexibilidad inédito en materia de gestión de la PAC, en particular en lo que respecta al medio ambiente. Esto es lo que se denomina nacionalización de la PAC.

Cabe destacar que la nueva PAC se perfila aún más verde que la precedente dado que el reverdecimiento (green payment) aplicado a partir de 2015 (30% de las ayudas directas desacopladas condicionadas al respeto de normas medioambientales) se une a la condicionalidad de ayudas, introducida en la reforma de 2003.

En criollo, esto significa que el respeto de ciertas normas medioambientales (diversidad de rotaciones, área de interés ecológico y mantenimiento de pasturas) ya no es suficiente para la atribución de una ayuda especifica (green payment) sino que es indispensable para percibir el conjunto de subsidios otorgados en el marco establecido por la PAC.

A su vez, la arquitectura verde se endurecerá de tal forma que la creación de "eco-regímenes" (ecoscheme) introduce, además de la condicionalidad reforzada, condicionamientos medioambientales que alcanzarían entre el 30% y 40% del monto total de ayudas del primer pilar.

En fin, la definición tanto de medidas como de pagos de los eco-regímenes serán de absoluta responsabilidad de los Estados miembros, así como también, en carriles separados, la realización de los objetivos comunicados el pasado 20 de mayo por la Comisión europea en lo referido al pacto verde (green deal).

Allí se define, sin precisar los medios para llevarlas a cabo, las siguientes medidas a alcanzar al horizonte 2030: reducción del 50% y del 20% del uso de productos fitosanitarios y fertilizantes, respectivamente, y un aumento del área de un 25% y 10% destinado a la agricultura biológica y a otros usos no productivos, respectivamente.

El pasado 2 de noviembre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó el impacto económico que tendrían esas medidas (excluyendo el 25% del área destinada a la agricultura biológica), basado en dos escenarios: si solo son adoptadas por la UE, o por una buena parte del resto del mundo.

En el caso que fuera solo la UE la que adoptara esas medidas, al cabo de 8/10 años la producción agrícola de la UE caería en un 12%, mientras que los precios agrícolas se incrementarían en un 17%. Respecto de la producción de trigo y cultivos oleaginosos, la misma caería en un 49% y 60%, respectivamente.

Cabe preguntarse, por una parte, cuál sería la reacción de los productores europeos en el caso de que estas medidas fuesen aplicadas y por otra parte, como se verían afectados los competidores de la UE, en particular la Argentina.

"Si (a) los agricultores europeos se les impide utilizar tecnologías modernas (que nos permite) producir (en los Estados Unidos) más alimentos en menos hectáreas (...) ellos no tendrán otra opción que el proteccionismo", advirtió el pasado 7 de octubre Sonny Perdue, exsecretario de Agricultura de los Estados Unidos.

No solo resulta lógico pensar que seguramente los productores europeos exijan a las autoridades que impongan restricciones a los productos que ingresan a la UE, similares a las que ellos padecen. También, resulta pertinente elucubrar que los estándares internacionales copien en el futuro las exigencias crecientes impuestas en el marco de la nueva reforma de la PAC.

En calidad de exportador neto de productos agroalimentarios, la Argentina se enfrentará próximamente al desafío de cumplir con medidas medioambientales para poder acceder al mercado internacional, sin que ello suponga obtener un mayor precio a cambio. ¿Se está trabajando al respecto?

El autor es consultor de organismos europeos