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La idea de la seguridad alimentaria y de la mesa de los argentinos es motivo de polémica y discusión.
Pero pocas veces se efectúa un correcto análisis de los costos que genera y de la eficiencia en su aplicación. En el caso del trigo las transferencias efectuadas por los productores son mayores que si hubiesen regalado todo el trigo para el consumo interno.
Raúl Dente: -Me parece que es el momento de hacer un replanteo total en la comercialización del trigo y el maíz y del sistema de creencias que han fundamentado las medidas de intervención.
Si la decisión de este gobierno es proteger la mesa de los argentinos y subsidiar, se hace también necesario saber el costo y los resultados que se obtuvieron. En cuatro años, nosotros lo tenemos bien medido en un trabajo del ingeniero Nicolás Vaio, los productores han transferido 4600 millones de dólares. El equivalente de este monto en trigo es de 19, 6 millones de toneladas. Es decir que los productores transfirieron mucho más que todo el consumo doméstico de trigo en los últimos cuatro años. ¿Adónde fueron los 4600 millones de dólares? Al fisco, una parte pequeña, alrededor de 800 millones de dólares. Y en el supuesto, muy a favor del Gobierno, de que todos los pobres hubieran consumido el pan oficial a 2,5 pesos, en ese caso hubieran recibido 800 millones de dólares en transferencias. Estas transferencias suman 1600 millones de dólares. De los 4600 millones de dólares que transfirieron los productores, quedarían entonces 3000 millones de dólares, que fueron transferido a sectores de la población no necesitada y a toda la cadena de panificación.
Hay un índice que se utiliza para medir la eficiencia y la equidad de las medidas de intervención. El resultado es que estas medidas implementadas han sido perversamente ineficaces e inequitativas. ¿Por qué ineficaces? Porque se les terminó sacando a los productores 2,8 veces más de lo que se transfirió a los pobres y al fisco.
Y es inequitativo porque los 3000 millones restantes van a para a sectores no necesitados. Todo lo que el Gobierno pretendía se hubiera logrado de manera más eficiente si dejaba liberado el mercado y subsidiaba el consumo de los pobres.
Ernesto Crinigan: -Yo no me opongo al derecho que tiene el Gobierno de ejercer su política. Podré opinar, pero en definitiva respeto las decisiones de su política en lo que es desacoplar los precios con las retenciones, otorgar subsidios, entregar 840 millones de créditos del Banco Nación a la molinería. Ahora bien, lo que pido es que no se perjudique a los demás. Que el incentivo de un sector no sea a costillas del otro. Nosotros tenemos años en el mercado y jamás ha faltado el abastecimiento de trigo en la Argentina. Tampoco se registra en todos estos años una importación de trigo a la Argentina.
Ricardo Baccarin: -Como argentinos no podemos estar menos que de acuerdo en que hay gente que está en una situación necesitada de la ayuda del Estado. Pero como argentino también me da mucha rabia que muchos países que no entraban en el mapa de exportadores de trigo hoy nos han superado y con creces. Yo creo que el productor necesita del mercado y que nos estamos perjudicando todos. En la medida en que nadie sabe los precios, lo que estamos haciendo es cambiar la naturaleza de un negocio que era muy previsible.
Oscar Solís: -Se está interviniendo el mercado por una decisión política. Como ministerio trabajamos para que el productor pueda obtener el precio pleno. El resto del saldo exportable no debería tener un sistema de cuotas porque no genera la competencia suficiente.






