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“Van a tener su merecido”: pidieron llevar a juicio a gremialistas tras el bloqueo a una pyme láctea
Es por el caso de Lácteos Vidal e involucra, a través de un requerimiento del fiscal general Martín Butti, a Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen, entre otros
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LA NACION Belkis Martínez
El fiscal general Martín Butti pidió elevar a juicio una de las causas penales en la que se investiga a gremialistas del gremio lechero Atilra por “compulsión a la huelga”. La decisión se da por el bloqueo en la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, en julio de 2022. Los acusados, entre ellos el secretario general de Atilra en Trenque Lauquen, enfrentan cargos por coartar la libertad de trabajo y poner en riesgo las fuentes laborales de la empresa, según la denuncia de los propietarios de la pyme.
El pedido está hecho a la jueza a cargo Anastasia Marques, del juzgado N°3 de Trenque Lauquen. La causa caratulada como “Moreno, Gastón Emilio y otros s, por compulsión a la huelga”, su acumulada IPP Nº PP-17-00-004240-22/ 00, y “Alarcón Diego Armando y otros s/compulsión a la huelga”. Hay seis personas acusadas en la causa penal de esa localidad bonaerense, quienes habían sido citados a prestar declaración indagatoria entre septiembre del 2023 y junio de este año.
Estos son Gastón Moreno, secretario general de Atilra seccional Trenque Lauquen; Cristian José Martín, empleado y vocal suplente de la comisión directiva del gremio; Diego Armando Alarcón, también sindicalista de la seccional Trenque Lauquen de Atilra; Sergio Raúl Longo, secretario adjunto de Atilra seccional Trenque Lauquen; Abel Osmar Damico, empleado y delegado de la fábrica y Franco Marcelo Yedro, empleado y miembro de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen. En el juicio, según se desprende del documento, se estima contar con elementos de prueba suficientes y válidos para el ejercicio de la acción penal en contra los acusados.
Tras conocer la noticia, Alejandra Bada Vázquez, una de las dueñas de la empresa láctea, dijo que estas son las consecuencias de haber hecho una huelga ilegal e ilegítima contra Lácteos Vidal. “No tenían ningún motivo para tomar una medida de acción directa. La gente estaba cobrando lo que le correspondía. Estaban todos perfectamente categorizados, el personal cobraba en tiempo y forma. El Ministerio de Trabajo había hecho las averiguaciones e inspecciones correspondientes. Los señores, no contentos con la realidad de que Lácteos Vidal estaba pagando lo que correspondía y se trabajaba como se tenía que trabajar, hicieron un bloqueo y lo quisieron enmascarar como que hacían una huelga. No dejaban entrar a trabajar a la gente que quería ir”, narró.
El fiscal argumentó que se tienen los elementos suficientes para elevar a juicio las imputaciones que se realizaron a lo largo de este tiempo. “Ellos pusieron en riesgo severo las fuentes de trabajo de todo un pueblo que vive de una pyme de un pueblo, y coartaron la libertad de trabajo de gente que quería ir a trabajar con acciones violentas, ilegales e ilegítimas. Más pronto que tarde van a tener su merecido”, apuntó.
Para Bada Vázquez, esta es la consecuencia de atentar contra la libertad de trabajo, de poner una empresa pyme al límite del cierre y de atentar contra la producción. “Espero que se haga justicia, que los condenen y que nunca más ningún empleado ni ningún empresario tenga que pasar por lo que vivimos nosotros. No se lo deseo a nadie”.
Según manifestó, Lácteos Vidal necesita que haya Justicia, que se declare la huelga ilegal e ilegítima, que se condene a los responsables y que el “mal sindicalismo” entienda que se tienen que dedicar a defender a la gente. “Se tienen que preocupar por fomentar el empleo y haya mucha fábrica para que la gente pueda elegir, a dónde ir a trabajar. Tienen que ocuparse del bienestar real del trabajador, no de mantener sus privilegios o usar a la gente por sus luchas de poder y dejar de extorsionar empresarios con estas prácticas ilegales e ilegítimas que lo único que hacen es atentar contra las fuentes de trabajo”, sentenció y dijo que la gente quiere ir a trabajar y tiene derecho.
El conflicto se inició el 18 de julio de 2022 en la localidad bonaerense de Moctezuma por un reclamo de recategorización para los empleados. La empresaria señaló que el bloqueo que argumenta tuvo en su planta es una extorsión. “Es como si te secuestraran la empresa, a través de amenazas y maltratos. No te dejan vender y no dejan entrar a trabajar al que quiere hacerlo. Todo para mantener sus privilegios y encima quieren hacer ver que es una huelga. ¡Es una extorsión ilegal e ilegítima!”, agregó.
“A ellos no les importa nada. Solo buscan mantener su statu quo y ganar sus luchas internas de poder”, completó. En ese sentido, también destacó que gracias al artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, el bloqueo hoy es considerado “injuria grave” y causal de despido. “Está bien que así sea porque se debe respetar la propiedad privada y el derecho de comerciar libremente y ejercer toda industria lícita, se debe entender que mi derecho empieza y termina en el de los demás”, sentenció.
Respuesta
Fuentes del sindicato Atilra respondieron que “el fiscal pidió la elevación a juicio” al cual se van a “oponer”. Además, citaron el caso de Lácteos Mayol, donde tres veces pidieron la elevación a juicio y el juez se la denegó y decretaron la nulidad. “En este caso de Trenque Lauquen no hay decreto de elevación a juicio, sino un requerimiento fiscal del cual se le dio traslado a la defensa. Por supuesto que esto es apelable una vez que el juez resuelva o decida la elevación a juicio”, puntualizaron y dijeron que como es un procedimiento inquisitorio, todo lo hizo el fiscal.
