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Vandalismo: logró dictamen en Diputados un proyecto que prevé hasta ocho años de prisión por ataques al campo
Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería emitieron dictamen de mayoría; la iniciativa contempla diversos daños y también penas por ingresar sin autorización a establecimientos rurales
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LA NACION Belkis Martínez
El proyecto para incorporar al Código Penal nuevas figuras vinculadas con el vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. La iniciativa prevé penas de dos a ocho años de prisión para quienes provoquen daños que afecten directamente la producción agropecuaria, además de multas de entre tres y doce veces el valor del perjuicio. También establece una pena de un mes a un año de prisión para el ingreso a establecimientos rurales contra la voluntad de quien tenga derecho a impedirlo.
“Tenemos dictamen de mayoría, con un total de 41 firmas sobre un total de 66 presentes, y un dictamen de minoría”, anunció Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, al cierre del encuentro. El dictamen reúne los proyectos presentados tanto por Martín Ardohain (PRO) y otros diputados, y el del diputado Ramiro Gutiérrez (UxP). Con este avance, la propuesta dio un paso hacia su tratamiento en el recinto.
Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, defendió la iniciativa como una respuesta a la inseguridad que enfrentan quienes viven y trabajan en zonas rurales. “Este es un pedido del campo argentino. Provincia a la que vayan, hablan de la inseguridad que tienen en la vida diaria”, afirmó. Y agregó: “Hoy estamos dando un paso gigante en el reclamo de lo que necesita el sector agropecuario”.
Uno de los ejes del dictamen es la incorporación del artículo 150 bis, que sanciona a quien ingrese en un establecimiento rural, terreno o sus dependencias “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. El texto presume esa voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso.
Por su parte, Ramiro Gutiérrez, diputado de Unión por la Patria, recordó que en 2020 impulsó junto con Sergio Massa un proyecto para crear una figura de daño agravado ante hechos que afectaban la producción agropecuaria. “Era un concepto jurídico que nadie había pensado”, sostuvo sobre el vandalismo rural, y señaló que aquella propuesta se renovó cada dos años en la Cámara de Diputados. “Está muy bien que haya ahora una iniciativa de sectores del PRO de discutir el vandalismo rural”, afirmó.
La propuesta también fija excepciones: no se configurará el delito si el ingreso responde a una necesidad justificada, a razones de auxilio o si las características del lugar impiden distinguir claramente el límite con la vía pública.
El segundo eje es la creación del artículo 184 bis. La pena de dos a ocho años de prisión y la multa alcanzan a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe bienes agropecuarios, sin causar una situación de peligro común y afectando de manera directa “el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario”.
La enumeración incluye cereales y oleaginosas todavía no cosechados o almacenados en bolsas, silobolsas, tolvas y otras unidades; plantaciones en explotación; ganado, aves de corral y animales de granja, así como sus productos. También comprende leña y carbón de leña, alfalfares y otros cultivos forrajeros, esos productos durante su transporte y otros bienes afectados de manera permanente, ostensible y directa a la actividad agropecuaria.
La misma sanción se prevé para los daños a instalaciones tecnológicas destinadas a proveer energía o extraer agua, como paneles solares, bombas sumergibles, generadores y sistemas de riego. El listado se extiende a instalaciones rurales, alambrados, tranqueras, silos, corrales y reservas hídricas.
Además, el dictamen dispone que la pena se eleve al doble cuando el autor, o quien haya determinado a otra persona a cometer el hecho, sea funcionario público. La agravante también se aplicará si actúa valiéndose de conocimientos técnicos específicos de la actividad o abusando de una relación de confianza o laboral con el damnificado.
Durante el debate, Ardohain sostuvo que la propuesta no busca reducir las penas por delitos rurales. “Nosotros lo tenemos consensuado. Las penas siguen en el 186”, señaló. Sobre la nueva figura de daño, explicó que el objetivo es “al no haber un daño general, poner una pena de dos a ocho años”. El dictamen incorpora los artículos 150 bis y 184 bis y no modifica el artículo 186.
En un comunicado, Carlos Gutiérrez, diputado de Provincias Unidas, valoró “haber logrado un avance racional y, en lugar de buscar una reforma profunda -difícil de consensuar-, modificar los artículos necesarios para modernizar la protección hacia los productores”. Consideró que los artículos propuestos constituyen “un aporte fundamental para establecer una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente”.
“Los artículos 150bis y 184bis que se incorporan en este proyecto son un aporte fundamental para establecer una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente”, explicó el legislador, quien aseguró que “la realidad actual muestra que la sola existencia de un alambrado o una tranquera son insuficientes para frenar el avance del vandalismo, un verdadero dolor de cabeza para los productores”.
Consideró “muy importante” la firma del dictamen acordado, así como “que la Comisión de Agricultura se ponga en movimiento, porque detrás de este tema también están la Ley de Biocombustibles, la Ley de Semillas y la eliminación de las Retenciones al Campo”.
Desde la Fundación Barbechando reclamaron un marco normativo de largo plazo que brinde seguridad a los productores y a las comunidades rurales. “Queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho”, señalaron, y pidieron que la legislación acompañe el desarrollo productivo del país.
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