Vicentin. La crítica de un dirigente del agro a la injerencia del Estado: "Va a fundir más a la empresa"

Luego de la intervención a Vicentin, productores y cooperativistas de la zona de Avellaneda, Santa Fe, el lugar de origen de la firma, mantuvieron hoy un encuentro virtual donde analizaron la situación en torno de la cerealera. Mostraron su desconfianza por la injerencia estatal y alertaron que "no se visualizan negociando con el Estado".

Norberto Niclis, vicepresidente de Coninagro y delegado de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) que nuclea a productores y cooperativas agrícolas, señaló que "la intervención del Estado solo va a fundir más a la empresa y lo que operen se lo van a quedar ellos".

Según señaló Niclis, hasta antes de la medida oficial las plantas de Vicentin venían funcionando con normalidad, recibiendo y procesando granos. Sin embargo, una vez que se conoció la decisión presidencial "se paró todo".

"Todas las cooperativas no estamos de acuerdo con la expropiación a Vicentin. En general, los productores y los empleados no queremos que eso suceda y no nos vemos negociando con el Estado. El Estado es sinónimo de ácido, todo lo que toca se pierde y nosotros no queremos saber nada. Tampoco queremos que haya derrumbes en el empleo o que esos 7000 empleados que hoy ganan bien sus recursos, justificados, pasen a ser ñoquis del Estado", aseveró.

Para el productor, "negociar con el Gobierno no es una buena idea". Agregó que "desde el momento que no nos devuelven el IVA que está por ley, hay cero confianza en el Estado".

"Lo que va a pasar es que van a fundir la empresa porque el Estado va a estar de por medio", dijo.

Según Niclis, a los productores agropecuarios de esa zona que trabajan a través de las cooperativas primarias nucleadas por ACA, encargadas de proveer de granos a Vicentin, "ni siquiera se les pasa por la cabeza que ocurra la expropiación de la que está en contra el 80% de los argentinos".

Vicentin le debe a ACA unos US$100 millones por granos entregados. "Vicentin para nosotros es un jugador muy fuerte, como lo son otras cerealeras. Además, esta no es una cadena negativa", advirtió.

En este contexto, Marcelo Braidot, integrante de la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), opinó que cuando el Estado se mete en algo genera más gastos. En cambio, las empresas privadas cuando algo no funciona tratan de buscar soluciones y aggiornarse a la situación. "No va a funcionar, no somos tan mansos", dijo.

"No nos dan garantía ni este gobierno ni los anteriores de que las cosas se hacen bien. El mayor acuerdo que podemos hacer es respetar la Constitución Nacional", subrayó.

Para el integrante de la UAA, trabajar de ahora en adelante con el Estado "dependerá de la confianza que se genere" por parte de los interventores. Sin embargo, pidieron claridad ante el concurso de acreedores, que se establezcan las reglas del juego y que sea la Justicia la que determine el futuro de la empresa.

"Si pueden intervenir la propiedad privada, estamos mal y creeríamos que acá no hay democracia", aseveró.

"La cesación de pagos de Vicentin nos trajo un parate a nosotros y tuvimos que negociar como cooperativa. Se hizo borrón y cuenta nueva, pero el concurso de acreedores ahora va para otro lado. No nos gusta lo que se va a hacer, ya estábamos trabajando de nuevo con la firma y ahora pasa esto que nos trae algunos inconvenientes. Nosotros vamos a seguir entregando la mercadería, esos avales (interventores) deben tener la confianza para que los cooperativistas empiecen a operar con ellos", manifestó.

La Unión Agrícola de Avellaneda, con 100 años de actividad, ha trabajado con Vicentin desde sus orígenes.

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