Vicentin. La empresa no ve flexibilidad en el Gobierno

La oficina en Avellaneda, Santa Fe, donde hubo expresiones de rechazo a la intervención y expropiación
La oficina en Avellaneda, Santa Fe, donde hubo expresiones de rechazo a la intervención y expropiación Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera
Fernando Bertello
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13 de junio de 2020  • 00:50

Con tal de no tensar más la cuerda de la negociación con el Gobierno, en el grupo agroindustrial Vicentin aceptaron la intervención oficial, cristalizada en la figura del interventor oficial Gabriel Delgado, pero no están de acuerdo. Y menos con la expropiación que pretende el Gobierno.

Según pudo reconstruir LA NACION de diversas fuentes, tras el encuentro que el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, mantuvo con el presidente Alberto Fernández, varios análisis internos que se hicieron estuvieron enfocados en que no se vislumbran flexibilidad en el Gobierno ante este tema.

No solo que la lectura que hacen es el jefe de Estado quiere sí o sí la expropiación, como incluso hoy se encargó de remarcar el ministro de Agricultura Luis Basterra, sino que observan posiciones hasta dogmáticas sobre el tema.

"El Presidente fue muy claro: hoy no hay otra alternativa más que la expropiación ", señaló el ministro de Agricultura, Luis Basterra, a radio El Destape. "Si se encuentra otro instrumento, de mejor aplicación y a menor costo, bienvenido sea", agregó.

Esta mañana, Nardelli estuvo reunido con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el interventor Delgado. El contacto con YPF es porque el Gobierno quiere que vía su división agro absorba a Vicentin tras la expropiación. El Gobierno dejó trascender que la empresa allí hizo una propuesta "muy preliminar" que terminó en el rechazo.

En medio de toda esta situación, Vicentin, aun con el respaldo popular que se registró en Avellaneda, cuna de la empresa, tampoco quiere ir por ahora a una escalada. Habrá que ver qué pasa si llegara a concretarse la expropiación con aprobación del Congreso.

En la actualidad, la empresa está operativa en un 40% a través de los contratos a fasón que tiene con otras firmas del sector. Eso le ha permitido mantener en parte la actividad en un momento donde desde el Gobierno algunas expresiones buscaban mostrar que no estaba funcionando.

"Hay que entender que la política del Gobierno es de rescate de una empresa que estaba sin operar, que tiene un concurso, pero no solo por eso, sino que está concursada y no está operando", dijo esta semana a LA NACION el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

La planta de Avellaneda, Santa Fe. La intervención será por 60 días
La planta de Avellaneda, Santa Fe. La intervención será por 60 días Crédito: Marcelo Manera

En el fondo, los directivos no quieren perder a la empresa y en esa línea habían presentado el concurso de acreedores en febrero pasado, con una deuda declarada por casi $100.000 millones, cuando comenzaron a conocerse los primeros pedidos de quiebra por parte de otras empresas.

Cuando cayó en default en diciembre pasado, la firma lo hizo incumpliendo pagos por más de US$300 millones a productores. A eso, que en su momento la empresa consideró como un "estrés financiero" que pensaba resolver pronto, le siguieron otras complicaciones cuando se politizó la deuda con el Banco Nación, unos $18.000 millones para prefinanciar exportaciones.

La empresa está buscando dar la imagen de que en todo este tiempo se preocupó por buscar interesados para la compra de activos. De hecho, no solo habló con YPF Agro, sino también con otras empresas internacionales del rubro.

Mientras tanto, según pudo saber LA NACION por empleados de la compañía en Avellaneda, hoy Luciano Zarich, subinterventor en la firma, reunió al personal, se presentó y también hizo lo mismo dando a conocer un equipo de unas 5 personas que lo acompañarán. Zarich estará más en la parte operativa de la intervención. Al personal le transmitió el mensaje de que el Presidente quiere conservar las fuentes de trabajo y los activos de la compañía.

"Hoy nos reunió y nos dijo que era para que llevemos tranquilidad a nuestras familias. Dijo que nos necesita para sacar la empresa adelante", contó un empleado a LA NACION.

Según el decreto presidencial, la intervención es sobre Vicentin SAIC, que maneja entre otras unidades a la aceitera. No está en esa línea el frigorífico que tiene la familia, tampoco el negocio de lácteos comprado a SanCor ni una algodonera, esta última bajo el holding Vicentin Family Group. Este viernes, la algodonera tuvo un parate en la producción en medio de un conflicto gremial.

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