Vicentin. Los argumentos de los expertos que rechazan intervenir la empresa

Para los expertos, el sector ya es competitivo y no necesita un "caso testigo"
Para los expertos, el sector ya es competitivo y no necesita un "caso testigo" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera
Gabriela Origlia
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9 de junio de 2020  • 19:25

CÓRDOBA.- El presidente Alberto Fernández, para decretar la intervención de Vicentin y su posterior expropiación, argumentó que una empresa estatal actuará como "testigo" en el mercado de granos y será un aporte para defender la "soberanía alimentaria" de la Argentina. Para el economista y exsubsecretario de Agricultura de la Nación, Jorge Ingaramo, la decisión es puramente política, "lamentable" y se palpa en "la reacción de los bonos y de la Bolsa".

La calificó como "un anticipo de lo que se viene para la post pandemia. Ya con la limitación de dólares para importar están complicando mucho la producción y esto complicará más. Beneficiará a los 3000 productores acreedores porque el Estado emitirá pesos, pero hay que hacerse cargo de US$1300 millones de deuda".

Rechazó el argumento de la soberanía alimentaria: "Que haya 38% de pobres que no coman lo que corresponda es un problema de distribución del ingreso, de bajas inversiones. No se resolverá estatizando Vicentin. Soberanía alimentaria tenemos porque producimos alimentos para 400 millones de personas".

Ingaramo sostuvo que no hay posibilidad de que haya precios testigos, salvo que se avance en "precios regulados de manera artificial". A modo de ejemplo, apuntó el caso de la campaña de girasol que terminó en marzo, en la que Vicentín que tenía un rol "muy importante" en el norte, no participó. "Esa comercialización se llevó a cabo sin problemas, con los productores ganando muy buena plata. Lo que no compró esa compañía lo compraron otras; no hace falta ningún testigo ni nada que se le parezca".

En diálogo con LA NACION insistió en que el mercado de granos es internacional y se maneja, básicamente, con el ingreso de prefinanciación de exportaciones. "Ese es el grueso del negocio", definió. Ingaramo sostuvo que la asociación con YPF Agro puede generar "medidas no de mercado, sino beneficios para mejorar la captación de productores. Pero siempre tendrán que poner pesos para comprar los granos".

David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarollo de Argentina (FADA), coincidió en que el mercado de granos es "grande y competitivo" por lo que a corto plazo no ve impacto en precios, plazos y modos de comercialización. A su criterio, el desafío de Vicentin estatal será generar "confianza" para conseguir vendedores de granos. Puede ir por el lado de los acreedores -"si quieren cobrar, tienen que entregar granos"- o pagando de contado, lo que es un problema porque requiere de recursos que "no sobran".

Respecto de si podría impactar en el mercado de cambio, no ve que haya chances por las regulaciones existentes para los exportadores: "Vicentin manejaba entre 10% y 15% de la exportación y no debería haber cambios por encima de ese share porque todo está reglamentado por el Central".

En el mediano plazo, Miazzo dijo que será clave que "no haya competencia desleal porque se le den beneficios a la empresa estatal por sobre otras privadas". Graficó con el caso de Aerolíneas Argentinas. "Prácticas así pueden distorsionar el funcionamiento del mercado y atentar contra las inversiones", expresó.

Ingaramo estimó que los activos reales de Vicentín "no deben alcanzar" ni a la mitad de la deuda después de haberse desprendido de la mitad de Renova que vendieron a Glencore.

Sobre la legalidad de la decisión del Gobierno, el constitucionalista Antonio María Hernández ratificó que en una empresa con concurso de acreedores abierto "la Justicia es la primera que debería haber hecho la intervención; estas violaciones son muy severas y arrasan con el Poder Judicial y el Legislativo. El juez es el único que puede disponer de medidas en una situación como esta".

"La emergencia no suspende la Constitución; gobernar por decreto lleva al híperpresidencialismo. Esta medida afecta principios democráticos y republicanos que están en la Constitución -agregó-. La decisión requiere un debate muy profundo en el Congreso".

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