Vidas y proyectos frustrados por la sequía: el lado B de la caída en las reservas

Camiones que hacen la mitad del trayecto habitual, almacenes que trabajan menos, vendedores de fertilizantes con el negocio casi cerrado, changas que no se hacen…Estados que no recaudan. No hace falta dedicarse al campo para sufrir el golpazo de la peor sequía de la historia. Una recorrida por los diferentes rubros, principalmente en ciudades y pueblos periféricos a las áreas de producción, deja entrever parte del drama: el daño ya está hecho.

Ya a mediados de enero pasado, todavía con la esperanza de que lloviera algo en esa zona a fines de mes, un informe de la Sociedad Rural de Pergamino estimaba que, como consecuencia de la merma en la cosecha, este año habría 193 millones de dólares menos del sector privado sólo en ese municipio. Son 4,58 veces el presupuesto del partido. La lluvia llegó un mes y medio después y ni siquiera del modo en que se esperaba.

“Cae una gota y agarro la chata para ver si me sirve: a veces son chaparrones aislados que afectan a una chacra y a la de al lado, no”, dice a LA NACION Román Gutiérrez, productor de la zona, que hace pocos días tomó una decisión drástica y sin precedente: les abrió a las vacas la tranquera y las dejó pastar las 160 hectáreas que quedaban de la soja, ya inservible. “Que por lo menos sirva para algo”, dice.

Hay que aclarar algo sobre quienes viven del campo. No es que el productor “gane menos”, como se suele suponer o decir con este tipo de imprevistos: lo que queda bajo tierra sin resultado alguno es su capital de trabajo -lo que invirtió- y, si la crisis es aguda, parte de su patrimonio. Y, como la renta del sector en el mejor de los casos, con una excelente cosecha, llegaría al 15% en dólares, le llevará años volver a la situación inicial. “No lo mido en plata porque me voy a deprimir, lo mido en quintales: me va a llevar seis años recuperar lo que perdí”, agrega Gutiérrez.

Es inevitable que esta crisis involucre a otros sectores. Eduardo Riera, flamante presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, se reunió la semana pasada con representantes del Grupo de los 6, que nuclea a las ramas más representativas de la economía, para evaluar la caída general.

“Me llaman los albañiles y me dicen que les quedan 15 días de laburo”, contó a este diario un productor de Río Seco, al norte de la provincia, donde hubo este año 46 días con temperaturas superiores a 35 °C, el récord en 20 años. La marca anterior había sido durante otro año malo, el 2018, pero con menos días: 27 de ese calor.

Juan Carlos Raimundo, vocal de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cuenta que hay camiones que hicieron uno o dos viajes en todo el año, y que ya lo sufre el comercio en general. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, coincide: “Acá todo depende del agro: hay gente que se comió casi todo su capital de trabajo”.

Las empresas de camiones, la mayoría de ellas familiares o unipersonales, anticipan también un pésimo año. Según estimaciones de la Confederación Argentina del Transporte Automotor (Catac), la cantidad de viajes, que el año pasado fue de 3,5 millones, se reducirá en 2023 a 1,7 millones. La mitad.

Ramón Jatip, presidente de Catac, es además el dueño de la pyme Logística Tomar, de Junín, y supone que deberá reemplazarlo yendo a trabajar fuera de la zona núcleo, probablemente a Santiago del Estero y Chaco, donde llovió un poco más. Dice que ya perdió 30% en dólares entre un año y otro.

El Gobierno intentará ofrecer un alivio. Ya hizo varias promesas; a algunas de ellas todavía les falta la implementación. Mañana, en tanto, anunciará un dólar agro que podría ser un aliciente para quienes tengan algo de soja, aunque no ayudará a compensar las pérdidas productivas.

No hace falta describir lo que esta situación representa para el fisco: el agro aporta 7 de cada 10 dólares que entran en el país, y sólo el año pasado exportó más de 55.000 millones (entre todas las actividades vinculadas).

Según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la pérdida general será este año superior a los 20.000 millones. Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) calcularon un número similar para la pérdida de ingresos: US$20.468 millones. Llegarán menos divisas y eso impactará de lleno en el Banco Central (BCRA).

Es el desastre que dejó La Niña. Si se toma el promedio de caída de agua en los últimos tres años, en promedio, es como si en esta parte del mundo hubiera dejado de llover durante todo un año. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, un país con mercado de capitales robusto que cuadruplica a la Argentina en el valor de la hectárea y que tiene seguros multirriesgo, acá sólo hay seguros contra granizo o incendios, no contra la sequía.

Los productores reaccionan como pueden. La semana pasada se conocieron las imágenes de José Marcelo Ramos, productor de Fortín Olmos, al norte de Santa Fe, en la desesperación por darles agua a sus vacas con un camión cisterna que le prestaba una vecina. Tenía 86 animales y 21 murieron. Quienes duermen en el campo dicen haber escuchado en las noches de calor a los terneros balando de sed.

El gobierno de Santa Fe calcula que la provincia perderá unos 4000 millones de dólares. Pablo Javkin, intendente de Rosario, lamenta lo que parece ya el fin de un ciclo que, hasta enero, venía a buen ritmo: “La recaudación crecía bastante por arriba de la inflación y ahora se estancó en ese nivel. Son signos de recesión. El riesgo es que se corte la cadena de pagos. Espero que las nuevas medidas alcancen para liquidar lo que le queda de stock [de soja al productor]”, dice.

A las regiones menos competitivas les llevará incluso más tiempo. En Salta, por ejemplo, donde a la tonelada de soja hay que agregarle 70 dólares de flete, ya se perdió la mitad de la cosecha de caña de azúcar.

“Acá no hay revancha: lo que no llovió hasta ahora, no va a llover hasta noviembre”, dice Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural salteña, que proyecta unos 1000 millones de dólares menos para la economía de toda la provincia en relación con la cosecha anterior.

“Malvendí toda la hacienda”, agrega Gastón Rodó, productor ganadero con explotación a 30 km de El Quebrachal, en el Chaco salteño, cerca de la frontera con Santiago del Estero. La necesidad de los productores, la caída en la demanda y el alza en los alimentos hacen que los feedlots paguen por los terneros menos que hace siete meses: cayeron desde agosto de 480 a 430 pesos por kg.

Segón duda de que el Gobierno vaya a aportar soluciones. “El Cuchi Leguizamón decía que un funcionario con iniciativa puede terminar siendo un mono con navaja”, cita.

Dependerá en parte del interés que despierten las medidas de Massa. Para los cultivos de invierno, como el trigo, la esperanza es que ahora acompañe la lluvia. Hay tiempo hasta junio. El resto del problema le caerá al próximo gobierno: la Argentina no es sólo impredecible desde la meteorología.