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¿Vienen por el complejo agroexportador?
En América Latina, las intervenciones de gobiernos populistas en el sector privado generan descalabros en la economía, mientras que las empresas estatales se convierten en cajeros automáticos de la demagogia y en antros de corrupción. Sucedió en Brasil con Petrobras y el Lava Jato, en México con los escándalos y la actual crisis financiera de Pemex y en Ecuador, de las 23 empresas estatales solo 5 reportan ganancias.
Pero el extremo fue Venezuela, donde se expropiaron 1167 empresas, de las cuales 256 fueron del sector agroindustrial y se incautaron más de 1200 campos por casi seis millones de hectáreas, hoy la mayoría abandonados. Y por su política pública para la soberanía alimentaria, importan alimentos por casi US$10.000 millones, diez veces más que en 1998, y quedan solo 8 millones de cabezas de ganado de los 27 millones de cabezas que tenían.
Pdvsa, el estandarte de la revolución chavista, produce menos del 25% de barriles diarios respecto a diez años atrás y hay desabastecimiento de combustible. El vamos por todo bolivariano logró que emigren más de cuatro millones de venezolanos, la inflación del 2019 supere el 7000% y, en solo cuatro años, la pobreza extrema aumente del 23,6% a 61,2%.
En la Argentina, la intervención estatal en el complejo agroalimentario fue intermitente y generó contrastes abismales. Durante los nueve años que el negocio de la carne fue intervenido durante el kirchnerismo, se perdieron US$10.000 millones en exportaciones, 12 millones de cabezas, 16.000 productores ganaderos y 15.000 empleados de los frigoríficos.
En trigo, el 2012 fue la menor cosecha en más de cien años, y sólo en el 2013 el kilo de pan aumentó mas del 150%, mientras los molinos llenaban sus arcas vía subsidios. Y durante los ocho años del oscuro sistema de cupos a la exportación en trigo y maíz, los exportadores le birlaron a los productores más de US$3000 millones.
Sin embargo, si bien no era la panacea, cuando el último gobierno eliminó las trabas, las exportaciones de carne fueron récord, se logró una cosecha histórica de casi 150 millones de toneladas y se abrieron nuevos mercados para las cerezas, arándanos, carne de cerdo y miel a China o limones y carne vacuna a Estados Unidos.
El sector más competitivo y mayor generador de divisas crecía, creaba nuevos empleos, y la Argentina volvía a integrarse al mundo.
Pero ahora, el nuevo gobierno insiste en que los productores, agobiados por la presión fiscal, debieran hacer un esfuerzo más por quienes menos tienen, mientras el elefantiásico e ineficiente sector público sigue haciendo la plancha.
Peor aún, mientras el gobierno amaga con dar el portazo al Mercosur y camina sobre la cornisa del default, algunos de su tropa resucitan el anacronismo de la intervención al comercio de granos.
Una propuesta indecente que desnuda la falta de ideas, y que entre otras cosas, amputaría una parte importante del financiamiento externo que obtiene el sector privado para mover la gigantesca rueda del complejo agro exportador.
Para las pymes y productores del complejo agro exportador, la extensión de vencimientos de la AFIP y la inyección de líneas para capital de trabajo de la banca podrá ser un bálsamo, pero si no se corrige la brecha cambiaria y no se toman otras medidas de fondo para mejorar la competitividad e incentivar la inversión, serán parches transitorios que no podrán frenar el cierre de empresas y la caída de empleo.
Ningún plan económico resiste el combo de un gasto público de más del 40% del PBI, una presión fiscal asfixiante e insostenible y sobre todo, una dirigencia política que, pandemia de lado, insiste en seguir inflando el globo de la demagogia.
El autor es socio de Grupo Agrarius (www.grupoagrarius.com)
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