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Visitas que ayudan desde lo simbólico y números que causan preocupación
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LA NACIONCristian Mira
Siempre es bienvenida la visita de un presidente de la Nación a una muestra agropecuaria. Marca el reconocimiento de la máxima autoridad política del país a la actividad, que no solo conviene considerarla como la principal originadora de divisas por exportaciones, hasta que la supere la energía, sino también por su entramado social y cultural en todo el país.
De allí que la presencia del presidente Javier Milei en Armstrong, en Agroactiva, anteayer vuelve a colocar al campo en el orden de las prioridades de la agenda pública. Eso sí, no hubo anuncios de medidas concretas en el corto plazo.
Nuevamente, Milei reiteró su intención de eliminar los derechos de exportación luego de que se alcance el superávit fiscal y se termine con el ciclo perverso de la emisión monetaria que alimenta el gasto público y genera inflación. Acompañado por el diputado José Luis Espert, no solo dijo que tiene como objetivo terminar con las retenciones, sino también con el impuesto PAIS y el tributo a los débitos y a los créditos.
También fiel a su estilo, Milei no habló de plazos. Esto, en términos de decisiones para la inversión y el gasto en la campaña agrícola no contribuye a tomar una actitud más ofensiva.
Tampoco ayuda a que se acelere la comercialización de la actual cosecha gruesa, por lo que las invitaciones a que “el campo venda” caen al vacío en términos prácticos. Y en un contexto en el que todavía persiste el cepo cambiario y la volatilidad del tipo de cambio está presente, las decisiones de venta tienen más posibilidad de tomarse a cuentagotas.
En otras palabras, el “despegue del campo” no es tan rápido como pudo pensarse a fin del año pasado con el giro hacia el liberalismo que dio la Argentina.
Los avances, por el momento, vienen por el lado de las desregulaciones. En el Gobierno están trabajando en quitar del medio la burocracia estatal para aliviar la carga administrativa en los trámites para la producción.
Hay también gestiones por parte de las entidades para que el Gobierno tenga un poco más de audacia. Una de ellas fue la que encaró Coninagro con autoridades del Banco Central para que se elimine a fin de mes la norma que encarece las tasas de interés a quien tenga más del 5% de su soja en stock. El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo que de no prorrogarse la medida que rige hasta el 30 de este mes se daría “una señal al sector atento al inicio de la campaña 2024/25″.
Inquietudes
Las preocupaciones por el rojo de los números están en aumento. Lo expresó la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) en el título de un comunicado: “Presión impositiva y aumento del gasoil, un combo de asfixia para los productores”.
Según los ruralistas entrerrianos, “el combo se compone de la pesada carga tributaria, donde abrevan el impuesto PAÍS y las retenciones, y los constantes aumentos de combustibles colocan a los productores en una encrucijada cada vez más complicada”.
Farer expresó que reconoce la herencia recibida y la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, pero que “en definitiva, el campo sigue siendo la ubre que se ordeña sin tener en cuenta la rentabilidad y la supervivencia de los productores”.
Un economista que asesora a una de las entidades rurales más importantes del país reconocía que los números para el campo no eran buenos. “Para las actividades que tienen más relación con el consumo interno, como la ganadería y la lechería, la situación no es favorable”, explicaba estos días.
En ese contexto, hay quienes emprenden batallas a nivel local contra las medidas que deterioran la competitividad de la producción. Lo hizo la La Federación de Acopiadores que, mediante una carta documento, intimó a nueve municipios cercanos a los puertos granarios “a eliminar imposiciones que gravan la circulación, el arribo y la descarga de los camiones en los puertos y que implican unos 25.000 millones de pesos anuales”.
Los acopiadores reclaman “terminar con el cobro de verdaderos peajes disfrazados de tasas retributivas de servicios aplicados a la circulación, arribo y descarga de camiones en las instalaciones (fábricas y/o puertos) existentes en sus jurisdicciones”. El pedido fue dirigido a los municipios de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
Así como hay municipios que no dan contraprestación al pago de las tasas viales, las intendencias portuarias han encontrado una fuente de recaudación propia para sus arcas. La voracidad del Estado no tiene límites.
