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Camuzzi suspende algunas de sus demandas contra el país
Son los juicios iniciados por las empresas eléctricas ante el tribunal del Ciadi
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El grupo italiano Camuzzi anunció ayer que suspenderá las demandas presentadas por sus empresas de electricidad contra la Argentina en el tribunal internacional del Ciadi.
Los reclamos contra el cambio de las reglas de juego por la salida de la convertibilidad suman aproximadamente 250 millones de dólares e incluye a las empresas EDEA (distribuidora de electricidad en la costa atlántica), Edersa (distribuidora de Río Negro) y Transpa, la transportista de alta tensión de la Patagonia.
Otras dos demandas presentadas por Camuzzi ante el tribunal del Banco Mundial por sus empresas de gas, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, siguen su curso. "En esas empresas no somos los únicos accionistas y por eso no podemos tomar una decisión por todos", dijo una fuente del grupo.
La renuncia al Ciadi fue una decisión tomada durante el fin de semana, según dijeron fuentes del grupo italiano en la Argentina. Ayer a la mañana, el presidente y principal accionista de Camuzzi, Fabrizio Garilli, llamó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, desde Roma para darle la noticia.
"Nuestra relación con la Argentina, como hemos sostenido en cada oportunidad, con nuestras acciones e inversiones aun en los peores momentos de la crisis, es una relación de largo plazo, estamos comprometidos con el desarrollo del país y de su gente y creemos que esta decisión es un paso muy importante en esta relación", expresó Garilli, mediante un comunicado distribuido a la prensa.
Acuerdo para industrias
El retiro de las demandas significa que Camuzzi alcanzó un acuerdo en la renegociación con el Poder Ejecutivo por los contratos de esas empresas, siguiendo el camino ya trazado por la norteamericana AES (dueña de Edelap), la española Endesa (dueña de Edesur) y la francesa EDF (actual poseedora del 10% de Edenor). En líneas generales, el Ejecutivo aceptó ajustar las tarifas que pagan los usuarios industriales entre un 15 y un 25 por ciento y prorratear el pago de multas, a cambio de que los accionistas de las privatizadas aceptaran ceder sus reclamos ante los tribunales extranjeros.
La industria eléctrica, gracias al primer paso dado por Edelap en su momento (fue la primera de las grandes distribuidoras en acordar con el Gobierno), es la que muestra mayores avances en la renegociación de sus contratos.
La semana pasada se conocieron los decretos presidenciales avalando los acuerdos alcanzados entre la Unidad de Renegociación de Contratos que preside Gustavo Simeonoff, y las transportistas Transener, Transba y Distrocuyo, mientras que las actas acuerdo firmadas con Edenor, Edesur y el Ente Provincial de Energía del Neuquén ahora serán analizadas por el Senado.
Entre las gasíferas, la única que hasta ahora aceptó suspender su reclamo ante el Ciadi fue Gas Natural, que en la Argentina es dueña de una de las mayores distribuidoras de gas, Gas Natural BAN.
Anteayer, De Vido sostuvo que el gobierno argentino no modificará la política que llevó adelante hasta el momento en relación con las empresas de servicios públicos. "No esperen políticas distintas. Si en dos años y medio no se han cambiado, no vemos por qué las vamos a cambiar ahora", señaló De Vido, adelantando lo que las empresas ya han escuchado de boca de los técnicos de la Uniren: la intención del Gobierno es que no haya ajustes en las facturas que pagan los hogares tampoco durante el próximo año.
