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Comerciantes y consumidores se oponen a la nueva ley de clausura
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La apobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que pretender dar más poder a la DGI y permitirle multar a los clientes que no pidan su factura, recibió críticas negativas tando de las entidades que agrupan a comerciantes, como de las asociaciones que defienden los derechos de los consumidores.
Para hacer público el rechazo a la medida, las pequeñas y medianas empresas agrupadas en la Federación de Cámaras y Centros Comerciales (Fedecámaras), organizó ayer una movilización en Plaza de Mayo, en la que propuso un apagón nacional para el 16 de enero próximo en rechazo a la política económica del Gobierno. La propuesta ya recibió una muestra de rechazo por parte de la Jefatura de Gabinete, por considerar que constituye una "apología a la evasión fiscal".
Básicamente, los empresarios expresan que es inconstitucional que un organismo de la administración pública tenga atribuciones que, en realidad, corresponden sólo a la Justicia, según entienden. Además, todos coinciden en opinar que no habrá resultados satisfactorios para el Fisco.
Anticonstitucional
Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio, señaló que, si bien el proyecto recibió algunas modificaciones que rebajan las penas para los evasores, la medida no deja de ser anticonstitucional, porque "dispone clausuras sin previo sometimiento a la Justicia, lo que viola el artículo 18 de la Carta Magna".
El empresario sostuvo que es necesario rever todo el sistema tributario, "porque las altas alícuotas constituyen un incentivo a evadir".
Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, Osvaldo Cornide, criticó el hecho de que los fallos de la DGI serían apelables ante funcionarios de la misma Dirección, y consideró que las clausuras previstas por la ley exceden los límites de razonabilidad.
Para José Clavería, de la Asociación de Amigos de la Avenida Santa Fe, la posibilidad de multar a los clientes es algo "gracioso" y absolutamente negativo. Pero su principal queja se centró en las formas de actuar que tiene la DGI:"Siempre buscan poner el cartelito de clausura en negocios de zonas céntricas, pero dejando a salvo los shoppings y los supermercados".
Alberto Lípare, gerente general de la Cámara de Shoppings, aclaró que el problema de la evasión no puede ser grave en el sector, porque los responsables de los centros comerciales cobran comisiones por las ventas y tienen mucho interés en que se den las facturas.
En las entidades de defensa del consumidor, la ley no es mejor recibida. "Entendemos que las clausuras deben ser ordenadas por autoridad judicial. En lo que se refiere a las multas a clientes, creemos que se viola el artículo 42 de la Constitución", señaló Gladys Dentesani, de la Asociación Civil Cruzada Cívica para Defensa del Usuario.
Héctor Polino, diputado socialista y presidente de la asociación Consumidores Libres, apuntó que la medida sólo servirá para generar mal humor en la gente, pero "no ayudará a una mayor recaudación". "La idea de la DGIes crear una presión psicológica en los clientes", agregó.
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