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Aprueban un proyecto para agilizar la donación de rezagos
Modifica al controvertido decreto 59/02
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La Cámara baja dio media sanción el jueves último a un proyecto de ley del diputado Guillermo Corfield (UCR-Entre Ríos) que reforma al decreto 59/02, dictado por el presidente Eduardo Duhalde el 10 de enero último. Si este proyecto se aprueba en breve en el Senado, se daría un marco jurídico apropiado que permitiría destrabar rápidamente la entrega de la mercadería de rezago a sectores de menos recursos, explicó Corfield a LA NACION.
La donación de los bienes en poder de la Aduana con el propósito de disminuir el alto grado de conflictividad social había sido la intención original del decreto 59/02.
Sin embargo, su constitucionalidad había sido cuestionada por especialistas y operadores porque reducía de 60 días a 10 días el plazo dentro del cual el importador podía solicitar la mercadería antes de que pase a dominio de la Aduana.
Además, reducía de tres veces a una sola vez el requisito a cargo del servicio aduanero de anunciar públicamente la existencia y situación jurídica de la mercadería.
También exceptuaba a la mercadería que se buscaba donar del pago de los tributos de importación pese a que el artículo 99, inciso 3º de la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo dictar normas en materia tributaria. Con estos componentes, la norma podía llegar a afectar los derechos de los titulares de la mercadería y abría la puerta a acciones judiciales de parte de los cargadores contra el Estado.
En cambio, el proyecto aprobado en diputados prevé "otorgar 30 días para que el importador pueda demostrar la titularidad de la mercadería y una publicación en el Boletín Oficial" antes de que los bienes pasen a poder de la Aduana, explicó el legislador radical.
También se corregiría la dificultad que presenta el decreto 59/02 como consecuencia de la instrumentación de una exención tributaria por parte del Poder Ejecutivo. "Esa es una facultad del Poder Legislativo", subrayó el diputado, que actualmente preside la Comisión de Economía de la Cámara baja.
Sin "retenciones"
Otro aspecto que preocupa a los legisladores de este organismo (que tiene a su cargo de legislar acerca de temas aduaneros) es que se mantenga la exención de derechos de exportación que tiene la mercadería que se vende al exterior desde las zonas francas. La existencia de esta exención -adelantada por LA NACION el martes último- no fue corregida por los decretos 310/02, 809/02 y la resolución 11/02 que restablecieron los derechos de exportación (conocidos como "retenciones"), diez años después de su caída en desuso. Está amparada en el artículo 590 del Código Aduanero que señala que el área franca "es un ámbito dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos".
Pero los legisladores temen que dé lugar a envíos masivos de carga al exterior sin el pago de tributos. Por eso, Corfield presentó la semana última en Diputados un proyecto de resolución para que en el corto plazo la Adu ana informe:
- Las solicitudes de destinación aduanera que amparen mercaderías de origen nacional que fueron exportadas desde el territorio aduanero a zonas francas.
- Las solicitudes de destinación aduanera que amparen mercaderías de origen nacional egresadas desde las zonas francas argentinas.
- La Aduana de oficialización, la fecha de registro, la posición arancelaria, el valor de la mercancía y el pago de tributos en operaciones en el caso que existan criterios que tornen inaplicable para la Aduana lo dispues to por el artículo 590 del Código Aduanero.
- Cómo se ejerce el control del ingreso de divisas en las exportaciones de origen nacional, desde el territorio aduanero general a las zonas francas argentinas.
Separación
- El diputado Guillermo Corfield (UCR-Entre Ríos) indicó que está trabajando "contrarreloj"en la presentación de un proyecto de ley para separar a la Aduana de su organismo madre: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta reingeniería es avalada por los operadores porque permitiría a la Aduana dictar sus propias normas y acortaría la cadena de mandos. Ambos factores impactarían positivamente en la prevención de actos ilícitos vinculados con el comercio exterior.
