Corrupción: la Argentina, con baja nota según Transparencia Internacional

Casi tres cuartos de los países miran para otro lado a la hora de investigar y sancionar actos de corrupción en el comercio mundial y la Argentina no es la excepción. Esto incluye a la mitad de los países del G20 y a 8 del top 15 de los exportadores globales. En este contexto, ningún país es inmune al pago de sobornos en el extranjero. Prácticamente todos tienen empleados, agentes, intermediarios y otras personas responsables de los sobornos o lavado de dinero. El tema es qué hacen con los casos, una vez que salen a la luz.

El último informe de Transparency Internatinal (TI) llamado "Exporting Corruption", (Exportando Corrupción) hace referencia a que los sobornos de los funcionarios públicos a nivel mundial tienen enormes consecuencias para los países. La aplicación activa de las leyes contra los sobornos en el extranjero decreció significativamente desde 2018.

Los costos que genera la corrupción son más altos a raíz de la pandemia del Covid-19. "Con tantos casos de sobornos, sobre todo en el ámbito del cuidado de la salud (health care), ocurriendo en el mundo, no debemos permitir que la corrupción cueste más vidas", dice el informe. "El dinero que se pierde por sobornos en el extranjero es un desperdicio de millones de dólares que de otro modo podrían ir a servicios que salvan vidas como los de la salud", dijo Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional. "Demasiados gobiernos optan por hacer la vista gorda cuando sus compañías usan sobornos para obtener negocios en mercados extranjeros. Los países del G20 y otras economías grandes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas", agregó.

La entidad no gubernamental dirigida por la argentina Ferreira Rubio calcula que por cada millón de dólares registrado en sobornos, se pierden US$100 millones en costos adicionales y pobres o erradas decisiones a la hora de invertir.

Marcelo Scaglione, CEO de NuevasIdeas y líder del acceso de la Argentina a la OCDE (2016-2019), aporta más datos: "en la UE, la corrupción cuesta €120.000 millones anuales, el equivalente al 1% de su PIB; en los países emergentes puede alcanzar el 5%. Según el Foro Económico Mundial el costo de la corrupción equivale a más del 5% del PBI global (US$ 2.6 trillones), con más de US$1 trillón que se paga en sobornos cada año. Trasladar una empresa de un país con un bajo nivel de corrupción a un país con un nivel de corrupción mediano o alto equivale a una sobrecarga de la "inversión" del 20%. La OCDE ha calculado que un punto de mejora en el índice de integridad de los países llevaría a un incremento de entre 0.59 y 0.86 en la tasa de crecimiento del PBI per cápita. Y algo muy importante a destacar: el 80% de los sobornos transnacionales pagados en el mundo en los últimos 15 años -según la OCDE- fue realizado a funcionarios de empresas estatales por parte de empresas privadas. Por eso es tan importante alinear el potencial de nuestras exportaciones con estas buenas prácticas globales".

Solo 4 de los 47 países analizados emplearon fuertes acciones anticorrupción. Se trata de los Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido e Israel, que juntas registran el 16,5% de las exportaciones a nivel global. Por otro lado, 9 países tuvieron un "enforcement", o aplicaron leyes de manera moderada (en conjunto llevan adelante el 20,2% de las exportaciones); 15 países, entre los que está la Argentina, registraron acciones limitadas (con el 9,6% de las exportaciones) y hay otros 19 países que directamente no tuvieron acciones anticorrupción y que son responsables del 36,5% de las exportaciones.

El informe de Transparecia Internacional es duro para el país que, aunque avanzó en legislación anticorrupción, sigue en falta a la hora de las sanciones y de la transparencia en la información.

La Argentina, según mide TI, aporta solo el 0,3% del comercio global. La llamada ley de responsabilidad penal empresaria, sancionada en 2018, logró que se avanzara un escalón en la lucha anticorrupción y en su imagen a nivel mundial. Sin embargo hasta ahora no hay ninguna empresa imputada bajo esta ley.

Informa TI que, en el período 2016-2019, la Argentina inició 10 investigaciones, inició un caso, pero ningún caso concluyó con sanciones. Además, en 2019 la Argentina informó que estaban en curso investigaciones relacionadas con compañías de primera línea.

"En enero de 2019 el presidente Macri encabezó un esfuerzo por promulgar legislación respecto de confiscaciones sin condenas a través de un decreto de necesidad y urgencia. La OCDE ha reclamado de la Argentina que aborde esta cuestión en numerosas ocasiones, pero los esfuerzos se vieron trabados por dos años en el Congreso Nacional. El decreto aún debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para estar plenamente operativo", informa TI. También hace referencia a que "a través de un decreto en 2019, el presidente Macri creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos, en un intento por mejorar la protección de denunciantes y testigos en la Argentina. Esto siguió a un intento que no tuvo éxito por incorporar el programa de protección de denunciantes al ámbito judicial. Con el cambio de gobierno, el presidente Alberto Fernández revocó el decreto en febrero de 2020".

Testigos y denunciantes son clave para desentrañar los mecanismos de corrupción público privada y la protección de estas personas no solo es un derecho sino que también incentiva a más testigos a hablar. En Estados Unidos existe la figura del "whistleblower", que aporta pruebas en casos de corrupción, y tiene un resarcimiento económico en caso de que la información lleve a un procesamiento de la compañía.

Señala TI que "una de las mayores deficiencias señaladas por la OCDE es la falta de un marco legal en la Argentina para la protección de denunciantes respecto de sobornos en el extranjero. Además de dificultar la detección e investigación, esto lleva a que exista un riesgo significativo para personas que denuncian irregularidades y delitos. En particular no hay ningún mecanismo para canalizar informes anónimos".

La entidad refleja que "la Argentina no publica estadísticas sobre investigaciones de sobornos en el extranjero, casos comenzados o casos concluidos, pero esta información puede ser obtenida a través de pedidos de libertad de información". Pone como ejemplo al Ministerio Público Fiscal, que publica un informe anual con información sobre tendencias generales en la aplicación de leyes contra sobornos en el extranjero, pero ninguna información respecto de los casos. El informe más reciente disponible es de 2018.

También hace referencia a que "el marco legal argentino para la confiscación y decomiso de los ingresos obtenidos ilegalmente ("extinción de dominio") también es deficiente...El marco legal tampoco establece cómo se utilizarán los ingresos incautados".

"Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia tiene un ‘observatorio de corrupción’ que publica todos los juicios y resoluciones relacionados con este tema. Sin embargo la información no está presentada con claridad y las resoluciones respecto de sobornos en el extranjero son de difícil acceso si no se cuenta con información específica sobre el archivo (es decir, número de archivo o nombre de caso), debido a mecanismos restrictivos de búsquedas", agrega TI.

"Nuestro país tiene un enorme potencial exportador. Tenemos que integrar a Argentina -con sus empresas y economías regionales- al mundo y asociarnos a los grandes bloques en forma equilibrada. Debemos consolidar nuestra región institucionalizando el Mercosur y cooperando estratégicamente con la Alianza del Pacífico y fortalecer las relaciones con Europa desde los acuerdos con la UE y el EFTA. Hay con avanzar con acuerdos con América del Norte a partir del nuevo T-MEC -Tratado México-Estados Unidos-Canadá- explorar las importantes oportunidades en África y de la ruta de la seda con China. Esta Agenda de integración en el mundo tenemos que llevarla adelante sin exportar corrupción, en línea con las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE.", dice Scaglione,

"La falta de independencia de los jueces continúa siendo un problema significativo en la Argentina", señala TI, y agrega que "la falta de independencia de los fiscales sigue siendo un problema. Además, comunica que un informe de Transparencia Internacional sobre Brasil de junio de 2019 acerca de pedidos de ayuda mutua judicial (AMJ) hecho por y recibido de las autoridades brasileñas respecto de la Operación Lava Jato concluyó que la respuesta Argentina a un gran número de pedidos fue pobre, debido a diferencias irreconciliables en la legislación de ambos países.

La investigación de la corrupción transnacional no está en manos únicamente de los países implicados. El estudio Marval, Ofarrell y Mairal presentó en su última edición de las Marval Live Talks, a tres exfiscales federales de habla hispana que trabajaron varios años en Estados Unidos, entre ellos, al argentino Daniel Alonso, "Durante el gobierno de Obama se aclaró que Estados Unidos investiga la corrupción en otros países porque esto ayuda a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico. Se trata de seguridad nacional. Los fiscales federales son muy independientes e investigan porque pueden hacerlo y estudian como se comportan las empresas en el exterior". afirmó.

"Las personas deben temer ser enjuiciadas en Estados Unidos. Es cierto que la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) penaliza a sus empresas nacionales y a las que cotizan en la bolsa por casos de corrupción transnacional, pero Estados Unidos tiene también acciones agresivas con respecto a la corrupción en general. Y suceden cosas como esta: un individuo extranjero puede ser arrestado durante un viaje a Disney, con su familia", dice Alonso.

Desde 2018, 4 países, que representan el 12.4% de las exportaciones globales, declinaron en su desempeño, mientras que seis países, que representan el 6.8% de las exportaciones mundiales, mejoraron.

Alemania, que es el tercer mayor exportador (con 7.6% de las exportaciones globales) hizo menos investigaciones y cerró menos casos de cohecho en el extranjero. Similarmente, Italia, uno de los 10 mayores exportadores (2.6%), también declinó, como también lo hizo Noruega, señala el informe.

"Pese a grandes casos de corrupción que involucran compañías como Airbus, Odebrecht y muchas otras, nuestros estudios muestran que muchos países apenas si están investigando el soborno en el extranjero", dijo Gillian Dell, Asesora Senior de Transparencia Internacional y principal autora del informe. "Desgraciadamente es demasiado común que empresas en países ricos exporten corrupción a países más pobres, socavando las instituciones y el desarrollo. Y ningún país es inmune".

China, Japón, Corea del Sur, Canadá, México, India y Rusia, son de los países que peor nota tienen, según TI en un informe revelado este martes, en relación con los esfuerzos por erradicar el soborno en operaciones internacionales.

De hecho, China, el mayor exportador mundial, no inició una sola investigación de sobornos en el extranjero entre 2016 y 2019, pese a que compañías chinas aparecieron en múltiples escándalos e investigaciones realizadas por otros países.

De un total de 47 países analizados por la organización 35 "prácticamente no aplicaron sus leyes contra el soborno extranjero", es decir las normas para impedir que esa práctica prospere.

Transparencia Internacional advierte que la mayoría de los países fracasa a la hora de publicar estadísticas a nivel nacional con toda la información sobre el "enforcement" o la aplicación de leyes, anticorrupción a la hora del intercambio comercial. Llama, entonces, a todos los países que son signatarios de la convención anti sobornos de la OCDE, así como a los demás grandes exportadores, a esforzarse más por aplicar las leyes contra el soborno en el extranjero, incluyendo:

• Terminar con el secreto de la propiedad de compañías que actúan como barrera a la investigación de sobornos en el extranjero.
• Hacer públicos los resultados de investigaciones para mostrar cómo se maneja la corrupción internacional.
• Dejar de tratar el soborno en el extranjero como un crimen sin víctimas e incluir compensación para las víctimas en el proceso de aplicación de las leyes.
• Robustecer las leyes y los sistemas de imposición para manejar casos de corrupción internacional complejo.
• Explorar la posibilidad de mayor responsabilidad de las compañías madres por las acciones de sus subsidiarias para ayudar a prevenir el soborno en el extranjero y el lavado de dinero relacionado con ello.•

Por Paula Urien

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