Después de la tormenta

Es posible que la Cumbre de Mendoza del 29 de junio último pase a los anales de la diplomacia por el gesto atribuido a la presidenta del Brasil, quien habría promovido tanto la sanción al Paraguay como la convocatoria de Venezuela. Pero parecería que no se midieron las consecuencias. Pocos días después del encuentro entre los jefes de Estado, el canciller uruguayo deslizó en declaraciones periodísticas que las autoridades brasileñas habrían percibido una amenaza para la preservación del propio papel hegemónico, al sospechar que el eventual cambio de gobierno en Venezuela llevaría a ese país a engrosar el Arco del Pacífico (hasta ahora integrado por México, Colombia, Perú y Chile). El juicio político y la destitución del presidente paraguayo bajo el tildado "golpe de Estado" desencadenó entonces una doble respuesta que asumieron los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay: suspensión del Paraguay y concreción del ingreso de Venezuela.

Ante todo, la decisión de incorporar a Venezuela no representó un cambio de paradigma porque los objetivos fundacionales del Mercosur habían sido desvirtuados con antelación. De todos modos, y como lo anticiparon numerosos comentaristas, fueron vulneradas las reglas de juego en varios aspectos: la "suspensión" unilateral del Paraguay no tuvo sustento jurídico; tampoco se justificó la aceptación de Venezuela cuando uno de los Estados parte (Paraguay) no la había convalidado; y por lo demás habría que advertir acerca del ostensible desinterés de Venezuela para acordar un reconocimiento -siquiera retórico- de la normativa Mercosur.

Por lo pronto, la Cumbre extraordinaria de Brasilia, realizada el 30 de julio, no hizo sino confirmar el embrollo, pues la adhesión de Venezuela a la normativa preexistente en el Mercosur quedó supeditada a los pronunciamientos unilaterales de ese país, mientras los demás Estados continuarían aplicándola en sus relaciones recíprocas, consagrándose así un sistema asimétrico cuyos plazos de recomposición, previstos en el Protocolo de 2006 ya quedaron desactualizados.

Pero el abandono de las apariencias de unidad tiene otras consecuencias, pues en razón del resquebrajamiento de su entidad jurídica el Mercosur queda inhabilitado para negociar como tal los acuerdos de última generación (llamados "de libre comercio"). Es así que las tratativas con la Unión Europea tendrán un obstáculo insalvable; y la invitación del primer ministro de China para negociar otro acuerdo de libre comercio pasará a engrosar los archivos.

Paradójicamente tales renunciamientos abonarían la estrategia del Brasil, porque implicarían un blindaje invisible garantizándole así la preservación de mercados cautivos en el cono sur.

Ahora bien, lo que cuesta reconocer en estos mercados es que los compromisos internacionales con terceros países responden a la necesidad de encauzar las economías en el marco de las condiciones prevalecientes a escala global. Así lo demandan los procesos productivos, cuya fragmentación es objeto de minuciosas programaciones transnacionales y con toda la carga de distorsiones que resultan de prácticas competitivas condicionadas por sucesivas oleadas de innovaciones tecnológicas. En el marco indicado no tienen cabida los modelos de sustitución de importaciones abarcadores de cadenas de valor, ramas y sectores manufactureros, cuyas aplicaciones habían generado gran dinamismo en países como Brasil y Argentina durante los años de la segunda posguerra.

Hoy es muy oneroso -en términos económicos y sociales- ignorar las características de la economía global y los remedios jurídicos que minimizan sus efectos indeseables: acordar regulaciones operativas, confiables, previsibles y transparentes (en definitiva, ofrecer "seguridad jurídica").

Los tan temidos tratados "de libre comercio" apuntan a ese objetivo. Y basta una simple lectura para advertir que su denominación es engañosa, en la medida que constituyen minuciosas y extensas reglamentaciones destinadas a fijar las condiciones bajo las que se administran las sensibilidades recíprocas, tanto en el comercio internacional como en las actividades internas.

La reticencia para negociarlos, en consecuencia, puede estar revelando en países como Brasil y la Argentina una debilidad y no una fortaleza: la incapacidad política de arbitrar entre intereses sectoriales internos y así poder fijar prioridades de orden público con el fin de instalarlas en sus relaciones económicas internacionales. Si se aceptara esta última perspectiva, habría que reconocer las consecuencias de la jugada brasileña, del acompañamiento argentino y de la resignación uruguaya: dificultades crecientes, por un lado con respecto a la sustentabilidad del desarrollo en Brasil y, por otro lado, para seguir seduciendo a las economías brasildependientes y así evitar que abandonen el redil.