En dos décadas, la suba del empleo estatal casi triplica el aumento de la población, complica las cuentas provinciales y preocupa al Gobierno

Desde hace más de 15 años, diversos economistas alertan sobre el aumento del empleo público y la falta de creación de trabajo privado formal, estancado desde 2012. A pesar de estos puestos generados por el Estado, que exceden al aumento de la población, la pobreza no bajó, sino todo lo contrario. Esta situación, en parte, es responsable de cuentas que no cierran.

Como ejemplo, los últimos datos oficiales disponibles relacionados con el empleo en el informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, difundido el mes pasado, pero referido a noviembre de 2023, muestran que había 6.381.000 asalariados privados registrados, con un crecimiento interanual del 1,6%, y 3.503.000 asalariados públicos, con un aumento en la misma comparación de 2,9%. A contramano de las marchas y contramarchas de la economía, el empleo público siguió en alza.

Marcelo Capello, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, explica en diálogo con LA NACION que el empleo público es mucho más numeroso en las provincias que en la Nación. Eso se debe, entre otras cosas, a que proveen servicios como educación, salud y seguridad, mientras la Nación básicamente paga transferencias a privados (jubilaciones, planes sociales, por caso), con pocos servicios públicos a cargo. Una mirada a los datos del Indec da cuenta de 333.000 empleados públicos a nivel nacional. El resto es para provincias y municipios.

“No obstante, el empleo público creció en forma desmesurada en ambos niveles de gobierno. En el conjunto de provincias, en 20 años el empleo publico provincial subió cerca de 70% cuando la población lo hizo 25%. Es decir, la suba del empleo estatal casi triplica el aumento de la población”, dice Capello.

El tema está al tope de las prioridades de la administración de Javier Milei. El Gobierno ya dispuso recortes de personal en diversas dependencias estatales, y planifica continuar con ese tipo de medidas. Las bajas en Télam, Aysa y el Inadi, entre otros organismos, son una prueba de ello. “Hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y no los renovamos”, dijo el Presidente hace pocos días en una entrevista en con el canal LN+. Sin embargo, la mayor parte del empleo público está bajo el paraguas de las provincias.

El gráfico elaborado por Ieral muestra que el empleo en Chubut, por ejemplo, aumentó en los últimos 20 años un 83%, mientras que la población subió un 57%. Hay 73 empleados públicos cada 1000 habitantes. El que más subió fue Tierra del Fuego, un 164%, con 125 empleados cada 1000 habitantes.

No creció tanto en Formosa, pero hay que aclarar que el 70% de los empleados con aportes tiene un trabajo estatal.

El promedio de empleados públicos sobre el total de ocupados en la Argentina tiene un valor similar al de los países de la OCDE, pero sin la calidad de los servicios de esas naciones.

Agrega Capello que el crecimiento de la planta de personal se dio más fuertemente entre 2003 y 2015, luego se morigeró en los cuatro años siguientes -coinciden con la presidencia de Mauricio Macri- y se volvió a acelerar en la administración de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner.

“Esta dinámica se dio, además, en un contexto de creciente digitalización de la economía, y también del sector público. Los trámites electrónicos deberían haber impulsado un fuerte ahorro en la necesidad de contratar gente en el Estado”, advierte.

El diplomático y también economista Juan Carlos Sánchez Arnau sostiene que el problema del empleo público se enmarca en un proceso de largo plazo signado por la inestabilidad macroeconómica. Esto genera “bajas tasas de inversión que impiden la generación de empleo productivo, una situación que se suple con la creación de trabajo público de baja productividad”.

Con un importante trabajo sobre Catamarca, Sánchez Arnau estudió la falta de empresas en la provincia, la escasez de mano de obra calificada, el déficit de infraestructura y el enorme potencial que tiene para crear empleo genuino en distintos sectores. Sin embargo, el trabajo público en esta provincia creció 97% de 2003 a 2021 y tiene 113 empleados públicos cada 1000 habitantes. “Este problema se agrava aún más porque mantener ese empleo público implica tener que aumentar la recaudación tributaria y previsional de los estados provinciales y municipales”, sostiene.

Más alto

Juan Luis Bour, economista senior de FIEL, un detallista seguidor de los números de empleo, advierte hace muchos años que aquí hay un problema grave. Los datos que releva FIEL son aún mayores. “A 2022, último número más o menos consistente, el total de empleo en Nación, provincias y municipios, más empresas públicas, universidades, poder judicial y poder legislativo, sumaba 3.880.000 puestos. En 2001, eran 2.060.000. El aumento allí es de 1.800.000 empleados. Es un incremento del 88% y llega al 90% en 2023″, asegura.

“Quienes explican el mayor incremento del empleo público son las provincias, que llegaron a un crecimiento del 92% de 2001 a 2023. Otro sector que crece mucho es el de universidades nacionales, hoy con 300.000 empleados y con un aumento del 110% en personal en un poco más de dos décadas”, sintetiza. “Lo que se puede hacer en la administración central es importante en la reducción del sobreempleo y el ñoquismo que está instalado en el sector público argentino”, dice Bour.

Pocos argentinos se escandalizan, quizás porque no entienden que son ellos quienes pagan -via impuestos, inflación y mal funcionamiento estatal- por tal despilfarro e injusticia

Carlos Gervasoni es director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y también un reconocido estudioso en este tema. “El tamaño relativo del empleo público es muy superior en Formosa, La Rioja o Santa Cruz, que en Buenos Aires, Córdoba o Mendoza. Hay también un aumento muy importante de la planta de empleados provinciales durante las últimas dos décadas, que no es fácilmente explicable”, concuerda con Ieral y FIEL.

Escéptico, dice que “hay poca evidencia de que las provincias creen empleo público como forma de lidiar con el desempleo. Si este fuera el objetivo, uno esperaría ver muchas otras estrategias que en general brillan por su ausencia: seguros de desempleo, programas de reentrenamiento laboral, políticas de atracción de empresas, mano de obra intensivas, etc. El alto y creciente nivel de empleo público en muchas provincias se debe a una combinación de ventaja política y disponibilidad de recursos ‘rentísticos’, esto es, de dinero que algunas provincias reciben sin mayor esfuerzo recaudatorio, como las transferencias federales y las regalías petroleras”.

Empleo por conveniencia

Gervasoni es autor de Regímenes híbridos en democracias (Hybrid regimes within democracies), publicado por Cambridge University Press en 2018, donde describe y explica niveles de autoritarismo y democracia en las provincias argentinas. Opina que hay evidencia de que las personas que dependen económicamente del Estado “son más deferentes (o complacientes) y menos propensas a apoyar a la oposición”.

“El empleo público también es una manera en que los gobernantes recompensan ‘gratis’ a militantes partidarios, a familiares y a amigos. La legislación laboral argentina y el gran poder de los sindicatos del sector público (como los docentes) también explica parte del fenómeno: es muy fácil, y ciertamente conveniente, tanto para quien designa como para quien es designado, crear un empleo público”, analiza.

Cuando se quiere ir en la dirección contraria, es decir, eliminar puestos que no se necesitan, “es prácticamente imposible que el Estado cese esa posición. Así, hay miles de personas que cobran un salario público sin desempeñar ninguna función o haciendo tareas socialmente indeseables, como adoctrinar políticamente a los alumnos en las aulas, otorgar permisos a cambio de coimas, o proteger a delincuentes y corruptos”, continúa Gervasoni.

Se refiere también a la enorme facilidad para entrar al Estado, algo que no se da normalmente en empresas privadas que no son familiares. “La débil institucionalización del régimen de ingreso al sector público es indudablemente parte del problema. No es difícil detectar políticos y funcionarios que, fácil y sin mayor vergüenza, logran que ingresen a sus reparticiones familiares directos”, continúa. Y se asombra de que “pocos argentinos se escandalizan, quizás porque no entienden que son ellos quienes pagan -vía impuestos, inflación y mal funcionamiento estatal- por tal despilfarro e injusticia”.

En términos de reducción de la planta estatal, que el gobierno de Javier Milei ya está implementando en el nivel de la administración pública nacional, agrega que “casi todos los estados provinciales podrían funcionar decentemente, incluso mejor que ahora, con un nivel menor de empleo público, y en algunos casos con un nivel mucho menor. Quienes puedan preocuparse por el desempleo que una reducción de la planta de empleados públicos pueda producir, deberían atender a más de un estudio que dice exactamente lo contrario: que es la amplia disponibilidad de empleos fáciles de obtener, estables y seguros en el Estado provincial lo que desalienta a los inversores privados a crear empleo en algunas de las provincias con los sectores públicos más hipertrofiados del país”, cierra Gervasoni, también doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame.

Desde Ieral, Capello escribió en la última Revista Novedades Económicas: “A pesar de contar ahora con un Estado ‘más grande’, no se produjeron mejoras económicas ni sociales significativas, pues entre 2000 y 2023 la inflación anual pasó de 0% a 211%; la tasa de pobreza en el GBA pasó de 32% a casi 40% de la población; no mejoró la educación (en las pruebas PISA sobre matemática, la Argentina pasó de la posición 34 de 41 países en el año 2000 a ubicarse en la posición 71 de 77 en 2022); no hacen falta estadísticas para decir que la inseguridad aumentó y el PBI sólo creció un 1,5% promedio anual, con decrecimiento del 0,04% anual entre 2011 y 2023, período de plena estanflación”.

El Estado creció, pero cayó la calidad de vida. La cantidad de empleo público como porcentaje de la población ocupada es similar al promedio de los países de la OCDE, pero sin sus servicios de salud, educación y seguridad, entre otros.