La demora planificada

Displicente, el agente aduanero le dijo al exportador: "Y bueno, no cargue".

Así parecía terminar el periplo del empresario cerealero –que no representaba a ninguno de los grandes operadores del mercado de granos y aceites– en la Aduana, a las puertas del último fin de semana largo pasado.

Había obtenido el ROE verde, pasó por las verificaciones de rigor y había presentado y recibido la aprobación de su permiso de embarque. Pero al pedir el aviso de carga, mientras el buque cargaba, le pararon la operación. Tras preguntar, en la Aduana, qué pasaba, la respuesta fue: "No sé, averigüe".

Luego de varias vueltas, le dijeron que el motivo es una inconsistencia en Seguridad Social. Una deuda. Fue a la dependencia. "Señor, usted no debe nada", le avisaron. "Vaya a la Aduana".

De nuevo en la Aduana, se presentó con el certificado de seguridad social, libre de deudas. "Lo lamento. Es fin de semana largo", fue el lacónico argumento aduanero que recibió el empresario, que intentó sensibilizarlo argumentando que había pagado ya medio millón de pesos por derechos de exportación y no podía cargar.

"Y bueno, no cargue."

La exportación se hizo, finalmente. Se destrabó, en niveles más altos.

La anécdota es cómo, contra todo lo que se pregona, la facilitación del comercio termina donde comienza la necesidad del Gobierno de atender otras necesidades que, generalmente, se satisfacen ejerciendo presiones que provocan demoras y pésimo humor en el sector exportador. Y el Gobierno lo logra.

En los últimos días, la avanzada encabezada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), bajo el mando de Ricardo Echegaray, emprendió una serie de acciones que en la práctica dilatan la operación de exportación de granos, aceites y derivados.

La primera consiste en un giro de tuerca al sistema menos eficiente de control de cargas en la bodega del buque: la medición de calado por cada destinación que, no obstante, el Gobierno asegura es una práctica extendida en todo el mundo. La segunda: el desempeño de equipos multidisciplinarios de control de exportaciones para impedir el tráfico de drogas, y validar calidad y valores declarados. La tercera consiste en conminar a los exportadores a saldar deudas –que ellos rechazan– por diferencias en el pago de derechos de exportación derivados de la ley Martínez Raymonda (por cuya aplicación, muchos exportadores recurrieron al Tribunal Fiscal).

El clima de negocios no cambia. Las fuentes no hablan. No se animan ni siquiera a confirmar la situación. Cartelizan respuestas vacuas y se deshacen en evasivas. Tener a la "AFIP encima" es algo que quieren evitar.

De todas maneras, debe decirse que los argumentos de la AFIP (que pone en práctica la Aduana) son irrefutables en su espíritu: buscan controlar. Control para que no haya inconsistencias entre lo declarado, lo embarcado, lo tributado. Control para evitar el tráfico de drogas.

Lo que el sector privado advierte es que, en aras de llevar a la práctica estos controles, los métodos justificados atentan contra la eficiencia y la competitividad operativas.

La historia de la contraverificación de calado o medición del mismo por cada permiso de embarque (o destinación) se remonta a la resolución 2914/94, que permitía optar por un sistema de balanza como control de peso del barco o por un sistema de control de calado y sondaje de tanques (draft) para determinar el peso de las cargas sólidas a granel.

"Lo novedoso, y hasta ahora nunca hecho, es que se controle el peso de la carga por cada permiso de embarque, lo que conspira contra la agilidad de la carga", señaló el gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de San Lorenzo, Guillermo Wade.

Mientras el uso era medir el calado del buque al comienzo de la carga, y luego al final, las verificaciones aduaneras pretenden ahora obrar por tramos: tantas mediciones como permisos de embarque.

El sector exportador alerta que ese método es lento y que los errores de medición están a la orden del viento y el oleaje, que atentan contra la exactitud de la verificación.

"Cada centímetro [de inmersión] en un Panamax equivale a unas 70 toneladas. Este sistema [draft survey] implica un control de seis calados: proa, centro y popa (en ambas bandas). Pero en el proceso el barco se escora, y obliga a correcciones. No es una cosa rápida", agregó Wade.

Esto, cuando el mecanismo usual es la balanza de embarque, calibrada por el INTI, precintada por la Aduana.

"Los buques completan cargas de acuerdo con una secuencia que guarda relación con los espacios de bodega", amplió un armador, tras agregar: "La relación entre permisos y espacio de bodega no tiene nada que ver. Medir por permisos puede llevar a medir un buque cargado sólo en proa o popa. Es cualquier cosa. ¿Y qué pasa si mientras mide está en pleno deslastre?", amplió el naviero.

Los buques Panamax charteados para el transporte oceánico de graneles sólidos y líquidos pueden cotizar alrededor de 25.000 dólares diarios. "Es como el reloj de un taxi. Si no avanza, también caen las fichas. Cada revisión de calado, de estas características, demora dos horas. Luego, se coteja con la balanza y, si los números difieren, se vuelve a verificar", graficó un armador.

Barco que no carga, elevador que colapsa, camiones que se enfilan en la entrada de los puertos...

En tanto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) no realizaron ningún tipo de declaración oficial respecto del procedimiento.

No obstante, trascendió que las entidades empresarias remitieron una carta a Echegaray en la que señalaron que esa forma de medir cargas "no se compadece con la agilidad que requiere la operatoria aduanera de exportación", según señalaba la misiva a la que pudo acceder LA NACION.

Por otra parte, hubo una reunión entre las máximas autoridades aduaneras y los directivos de Ciara-CEC, el jueves último. El organismo confirmó que sigue adelante con las medidas y argumentó que está en "todo su derecho" de efectuar los controles. Los exportadores, por su parte, aclararon que no rechazan ni se oponen a los controles, sólo objetan el modo en que se realizan. A su vez, la Aduana contestó que la "intensidad" de los mismos es también potestad del organismo de control.

Mientras el sector privado declinó hacer declaraciones, funcionarios de la Aduana accedieron a dar su versión a LA NACION, en off the record.

"La intensidad con que la Aduana instrumenta medidas de control es potestad plena del poder administrador y se hace en consonancia con las herramientas y con las políticas estratégicas de fiscalización", manifestaron.

Al menos en cinco ocasiones, las fuentes oficiales subrayaron este concepto: "Políticas estratégicas de fiscalización", algo que el sector privado "no puede desconocer" porque fue "notificado en numerosas oportunidades".

Respecto del modo en que se realiza la medición –principal queja del sector privado– destacaron con dureza: "La intensidad obedece a los niveles de confiabilidad que maneja la Aduana", destacaron. "Calificamos la predisposición del sector para acompañar las políticas estratégicas, donde es fundamental la cooperación", agregaron.

La Aduana señaló que la medición por permiso es el único modo de "justificar las posibles diferencias que se constaten; se tienen que asignar en función de cada permiso de embarque. ¿Cómo determina la Aduana a quién asignarle la diferencia, y si es punible o no?", explicaron, tras aclarar que "para corroborar lo declarado tiene que estar cargado el buque, y sólo ahí se pueden detectar las diferencias y ver a quién sancionar por ellas".

"Sirve para auditar la confiabilidad de todo el sistema, incluidas las balanzas", agregaron.

Respecto de las ineficiencias y demoras protestadas por el sector, los funcionarios dijeron que deberían haberlo previsto cuando se les avisó sobre la estrategia oficial de fiscalización. "En junio, julio, hicimos un control similar con el draft. Fue un operativo grande, de 15 días, para probar los tiempos y ver la eficiencia de nuestro personal", advirtieron.

"Los sectores que han tenido los mayores niveles de rentabilidad, producto de las políticas de este Gobierno (y porque estamos para recaudar) son donde tenemos que tener más y mejor fiscalización. Y este es uno de los sectores donde encontramos mayores irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales, con triangulaciones y suspensiones en el registro", alertaron.

Claramente, para la autoridad de recaudación y control, el sector agroexportador "no es confiable", indicaron.

Difícil, esto último, de digerir por el sector. "Somos el más fiable de todos por la cantidad de impuestos que pagamos. Pagamos el 35% de las ganancias, tributamos los derechos de exportación, ingresamos las divisas. El Estado es el principal socio del negocio", se ofuscó un operador ante la duda (o certeza) del Gobierno respecto del grado de fiabilidad del sector.

Las demoras de la contraverificación se completan con las que genera la resolución 3341/12, que creó los equipos multidisciplinarios de control de cargas con el objetivo, entre otros fines, de combatir el narcotráfico. Por esta norma, los exportadores no pueden cargar a menos que tengan aprobados los avisos de carga.

"Es altamente improbable que se filtre droga en una carga a granel almacenada en un silo y que entra en la bodega del barco por un tubo. La Aduana puede 24 horas antes controlar sin detener la operación del barco. Puede hacerlo durante [la carga], en la cinta de embarque, como lo hace el Senasa", amplió Wade.

Para estos controles, los equipos pueden tomarse "todo el tiempo que crean necesario", resumió un especialista en normativa aduanera. "Lo que tarden los perros", agregó.

Hubo un mensaje directo de Echegaray vinculado con el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA). Echegaray deslizó, durante una reunión del Consejo Consultivo Aduanero, que para poder en el ROSA no se podrá contar con pagos pendientes de deudas tributarias originadas en la ley 26.351, conocida como ley Martínez Raymonda. "Es un régimen para operadores confiables, y para la AFIP no lo son quienes mantengan deudas", alertó Echegaray.

En el sector privado dicen que Echegaray quiere "renovar los votos", de cara a diciembre. Lo hace, al refrendar los modos: control, presión y recaudación.

Perfil del complejo agroindustrial de la zona del Gran Rosario

16
Son las terminales del polo agroindustrial del Gran Rosario, por donde se exporta el 78% del total de granos y derivados.

2200
Son los buques que recalaron en 2011 en esas 16 terminales, equivalentes al 90% de los buques que operan en la zona.

1000
Toneladas por hora cargan los elevadores de estos puertos privados en los barcos. En un día y medio cargan el buque.

La ineficiencia del draft survey y los equipos multidisciplinarios

Cálculo
En la lectura de calados, un error de 1 cm es común. En un buque de 5 bodegas (45.000 tn) con permisos de embarque de 500 tn derivaría en un error de cálculo del 10%.

Oleaje
Si el viento genera un fuerte oleaje, una diferencia de 20 cm por las ondas obliga a cancelar la lectura, impidiendo continuar así con la carga de los otros permisos de embarque.

Secuencia
La secuencia de carga se arma según la cantidad de bodegas. Puede que un permiso termine, pero no la secuencia.

Flexión
Si durante la carga se corta el embarque para determinar un permiso, el buque puede quedar flexionado.

Extracostos

Al costo adicional de la demora del buque se suman los de estiba, habilitación de la terminal y uso de muelles.

Lanchas
No alcanza la cantidad de lanchas para la lectura y el amarre y salida de los buques.

In plazos
El equipo multidisciplinario de control de exportaciones no cuenta con plazos determinados para realizar su tarea.

Improbable
Los graneles se cargan en el barco por tubos, directamente desde un depósito controlado en su entrada y salida por la Aduana, lo que torna improbable que se filtren drogas.

Conclusión
La medición de calado por permiso de embarque y la resolución 3341 provocan una virtual paralización de las exportaciones de granos, aceites y derivados. Se frena así el ingreso de divisas.

Por Emiliano Galli

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