La Unión Europea sancionará a empresas que no respeten los derechos humanos y el medioambiente

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición ante la propuesta de la Comisión de presionar a las grandes empresas europeas o con una fuerte facturación en la UE para que identifiquen y eliminen prácticas que promueven el trabajo infantil, el trabajo forzado, la contaminación o la degradación medioambiental y la pérdida de diversidad a lo largo de toda la cadena de valor de sus operaciones.

La denominada directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que prevé multas de hasta el 5% de la facturación global de las corporaciones que no cumplan los requisitos, da así un paso importante, puesto que el visto bueno de la Eurocámara —pese al voto en contra de los diputados del PP y de Vox— permite pasar a las negociaciones finales con los Estados miembros para acordar un texto legal definitivo.

La propuesta ha salido adelante por un total de 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Entre los que han rechazado el texto están los diputados del PP y los de Vox, hecho que ha lamentado el socialista Ibán García del Blanco. “Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea”, ha declarado.

Fuentes del PP en la Eurocámara replican que ha habido por parte de los otros grupos políticos “una enorme falta de voluntad para alcanzar un consenso en una materia tan delicada como ésta” y lamentan que el texto aprobado no sea el adecuado, ya que, entre otros, “algunos de los compromisos alcanzados criminalizan a las empresas, y son demasiado gravosos, especialmente con las pymes”, aunque estas en principio no se verán afectadas.

Las nuevas normas se aplicarán a empresas con sede en la UE de cualquier sector, “incluido el financiero” que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a los 40 millones de euros. También estarán sometidas a esta directiva, una vez sea aprobada de forma final, a aquellas empresas matrices con más de 500 empleados y una facturación global superior a los 150 millones de euros. En lo que respecta a las empresas no europeas, también se verán afectadas aquellas cuya facturación rebase los 150 millones de euros, con al menos 40 millones generados en la UE.

Plan de transición

De cara a la defensa del medioambiente y la biodiversidad, las empresas deberán desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. En el caso de las compañías con más de mil empleados, el cumplimiento de este plan deberá tener repercusión en la parte variable de la remuneración de los ejecutivos, los bonus.

En materia de respeto de los derechos humanos, las empresas tendrán que tomar medidas respecto a los afectados por su actividad, entre ellos los activistas de derechos humanos y medioambientales, deberán introducir un mecanismo de reclamaciones y vigilar de manera “regular” la efectividad de su política de diligencia debida. Y tendrán que facilitar la información sobre estas políticas a los inversores.

Una vez aprobada la directiva, en las negociaciones que deberían culminar durante la presidencia española de la UE, las compañías tendrán un plazo de tres a cuatro años para aplicar las nuevas normas, en función de su tamaño y facturación. Una vez que entren completamente en vigor, las corporaciones infractoras podrán enfrentar sanciones que deberán imponer los supervisores nacionales. Van desde multas del tipo name and shame, es decir, hacer pública la infracción y el nombre del infractor, a retirar sus productos del mercado o incluso multas de “al menos el 5% de la facturación global” de la empresa incumplidora. Además, las empresas infractoras no europeas quedarán excluidas del mercado de contratación pública de la UE.

Esta ley es un tigre sin dientes y sin garras, faltan mecanismos de Estado para obligar a que se cumplan y respeten las leyes laborales y de derechos humanos

Durante la discusión del texto, en la sesión plenaria del miércoles en Bruselas, hubo repetidas menciones a la catástrofe del Rana Plaza, el complejo fabril en las afueras de Dhaka (Bangladesh), cuyo colapso el 23 de abril de 2013 causó la muerte de 1130 personas y heridas a más de 2500 y provocó un revulsivo internacional sobre las condiciones laborales sobre todo de la industria textil. La normativa europea que se impulsa ahora busca evitar catástrofes y la explotación laboral como la que expuso el Rana Plaza, aunque algunos defensores de derechos humanos y medioambientales consideran que no va lo suficientemente lejos.

“Esta ley es un tigre sin dientes y sin garras, faltan mecanismos de Estado para obligar a que se cumplan y respeten las leyes laborales y de derechos humanos”, lamenta el activista contra el trabajo infantil y el trabajo forzado Fernando Morales de la Cruz, fundador de Café for Change.

Para la organización medioambiental WWF, aunque el texto de la Eurocámara supone un “avance” respecto de la propuesta del Consejo de la UE, “sigue habiendo espacio para la mejora para atender detalles cruciales que impidien los objetivos de la ley de proteger el planeta y los derechos humanos de una conducta empresarial dañina y para apoyar a las empresas que buscan la sostenibilidad”. Para la ONG, hay que ir más allá en materia de diligencia debida medioambiental, planes de transición climática y hasta la cuestión de la remuneración de los directivos de las compañías “para garantizar que la ley sea significativa tanto para las empresas como para el planeta”. © El País, SL