Los costos ocultos de la burocracia

En tiempos en que se habla mucho de la competitividad de nuestra economía, hay que reparar en factores relacionados con la burocracia que podrían contribuir a mejorar los costos de los operadores y de los productos importados o exportados.

En este sentido apunta el nuevo gobierno con la creación del Ministerio de Modernización y el objetivo de la Inspección General de Justicia de publicitar la documentación, informatizar sus sistemas y promover la gestión electrónica. En comercio exterior esto podría significar grandes ventajas, sobre todo porque aquí es donde mejor aplica el famoso "tiempo es dinero".

Para poder realizar una importación o exportación, el operador debe registrarse como tal ante la Aduana. Si bien ese registro se encuentra adecuadamente informatizado, aún existen documentos físicos que aportar demorando el trámite, aproximadamente, un mes.

A su vez, dependiendo de la mercadería corresponderá el organismo de control específico dónde deberá inscribirse, aportando nuevamente la documentación e información. Actualmente casi la totalidad de las mercaderías requieren de una intervención previa de importación, ya sea por motivos sanitarios, de seguridad o por prohibiciones económicas. Algo similar ocurre en las exportaciones, aunque en menor medida. Sin embargo, productos vegetales o animales y alimentos deben contar con su respectivo certificado sanitario o visto bueno del Senasa o INAL, con el registro previo del operador.

Por lo tanto, contar con una base de datos unificada y compartida por todas las reparticiones oficiales sobre los interesados, su objeto social, autoridades, plazos de mandatos, etc, reduciría la duplicidad en los requisitos previos de inscripción.

Superada dicha etapa, se debe solicitar la autorización para la operación en particular. La declaración realizada por el despachante dentro del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), sirve para tramitar las licencias de importación de manera totalmente electrónica. También para realizar algunos controles informáticos de AFIP, como la existencia de deudas impositivas o previsionales. Pero hay muy pocos organismos integrados a este sistema, a pesar de haber sido ideado para recabar información y autorizar cada importación. Trámites como los de seguridad eléctrica o de aceros, certificado de minería podrían cursarse por esta ventanilla, agilizando el proceso y achicando los costos asociados.

Millones de dólares se pierden en gastos de almacenaje por no contar con autorizaciones a tiempo. Todo esto sin mencionar la mejora sustancial en la disponibilidad de información actualizada y valiosa para los mismos organismos intervinientes, resultando en controles más eficientes.

Comercio exterior federal

Por otra parte, la "despapelización" de estos trámites beneficiará a los operadores del interior, propiciando una real federalización de los organismos sin costo de infraestructura adicional para el fisco. Hay entes que no tienen delegaciones en el interior, como la Secretaría de Comercio y otros que sólo realizan ciertos trámites en la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona su sede central.

Pero lo que realmente podría contribuir a una mejora en el resultado final de los procesos de importación y exportación y, por ende, de la competitividad de nuestra industria, es analizar la real efectividad de ciertos controles. ¿Mejoró la seguridad en las plantas fabriles que cuentan con maquinaria eléctrica especializada importada gracias a los procedimientos de control vigentes o podría utilizarse la información de la SIMI para realizar los controles una vez nacionalizada e instalada? ¿Son nuestros alimentos exportados más seguros por realizarse para cada embarque la declaración previa ante el INAL?

Muchos procedimientos fueron diseñados para que los entes de control dispusieran de información estadística propia, un objetivo que actualmente ha perdido vigencia gracias a los avances tecnológicos, sobre todo de la AFIP.

Deberíamos repensar cuáles son las verdaderas causas de nuestra baja competitividad y los efectos concretos de la burocracia en nuestra economía.