"Pacto de espera". La estrategia que buscaría el Gobierno para evitar el default

La Argentina no lograría un acuerdo satisfactorio en los cuatro días que quedan para cerrar el canje de la deuda pública, pero aceptaría las ofertas que reciba y buscaría sellar en las dos semanas siguientes un acuerdo de "standstill" o "pacto de espera" con los bonistas que no lo acepten. El objetivo sería lograr un "paraguas" que le permita evitar el 22 de mayo la declaración formal de la novena cesación de pagos de su historia y la activación, sólo un mes después, de las cláusulas de aceleración por cross default.

La conclusión es cada vez más extendida entre los analistas y estudios de abogados que analizan el caso argentino ante el curso que ha tomado la negociación con los acreedores privados externos. Ese supuesto parte de entender que, en las condiciones actuales, no hay espacio para obtener una adhesión significativa a la oferta tal como fue presentada por el Ministerio de Economía.

Los que abonan esta hipótesis sostienen que el impacto que la pandemia del coronavirus tuvo en la economía mundial proporciona un argumento natural para poner en marcha este mecanismo de aplazamiento. Y aseguran que la oferta diseñada por el ministro Guzmán tiene algunas aristas que permiten inferir que se intentaría este camino.

"Se desprende de lo que podríamos llamar letra chica de la oferta. Por eso crece la impresión de que buscaría canjear el porcentaje que logre acordar en esta primera etapa, a la vez que lograr poner en marcha esta opción legal para no entrar en default", explica el economista Guido Lorenzo, director de la consultora LCG.

"A hoy la percepción es que el canje no lograría la aceptación necesaria para llegar a las cláusulas de acción colectiva (CAC), por lo que crece la idea de que el Gobierno dejaría abierta la oferta, pero cruzada con este tipo de acuerdo entre deudor y acreedor para evitar la exigencia del pago y continuar con las negociaciones, lo cual podría ser una opción para no entrar en default y evitar recaer en las cortes de Nueva York", insiste.

Para Lorenzo, el contexto de la pandemia puede hacer que los acreedores que no vayan al canje acepten una postergación de la negociación. E intuye que el Gobierno podría buscarlo por el modelo de votación que definió para la asignación de los bonos del canje: "Eligió una votación double-limb, que le da un margen de discrecionalidad importante, por caso, para dejar fuera del canje a una serie si con ella no llega al porcentaje de CAC requerido", detalla.

Y luego ejemplifica. "Así, los holdouts de una serie cualquiera que resulten arrastrados por la CAC recibirían el nuevo bono 2047, que no tiene cláusula RUFO. Eso es un incentivo a ingresar para los inversores minoristas, ya que de no ingresar podrían verse en la obligación de quedarse con un título sin derecho a reclamo si existe una oferta mejor a posteriori. Además, la oferta parece prever que si en un juicio otro bonista logra un mejor acuerdo, no hace falta mejorar la oferta a quienes sí hayan ingresado al canje. Es otro dato que abona el supuesto de un canje por etapas y más alargado en el tiempo", acota.

La posibilidad de intentar acudir a esta vía había sido señalada casi un mes atrás por los economistas Miguel Kiguel (EconViews) y Eduardo Levy Yeyati (Elypsis) en un artículo que escribieron en conjunto para el blog de discusión sobre política y economía regional "Foco Económico".

Allí señalaron que un acuerdo de este tipo sería una "alternativa viable para evitar un incumplimiento", y redefinieron a ese "pacto de espera" como una nueva versión de "reperfilamiento" para los servicios de la deuda externa, con vistas a una nueva renegociación cuando la economía mundial permita sacar conclusiones más ciertas sobre la actividad y las relaciones comerciales tras el devastador efecto de la pandemia. "Bajo esta propuesta, la Argentina solicitaría posponer cualquier pago de capital que venza en los próximos dos años y negociaría una combinación de recortes y capitalización de cupones como una solución provisional para transitar la emergencia sin caer en default", adelantaban.

Para los dos economistas, si bien esta estrategia de "corto plazo" puede parecer desacertada para un problema de "largo plazo", no lo es si realmente se piensa en una reestructuración que sea respuesta definitiva a los casi eternos problemas externos de la Argentina. "Una postergación es mejor que una derrota digna", concluyen. Incluso especulan que esta estrategia "podría combinarse con la reanudación del suspendido acuerdo stand-by con el FMI, bajo objetivos fiscales mucho más indulgentes –en línea con los problemas de sostenibilidad que el mismo organismo acaba de reconocer en sus últimos informes, y que empeorarán drásticamente con la crisis–, lo que daría el acceso a los US$13.000 millones restantes del programa, una parte de los cuales podría usarse para un pago inicial que hiciera más atractiva la oferta".

En los comités de acreedores que se conformaron apuntan que la opción de incluir un "standstill" ya fue propuesta por algunos de ellos que participaron en contactos con Economía antes de que se lanzara la oferta. "Pero los representantes argentinos la rechazaron porque dijeron que querían cerrar este tema lo antes posible", indicaron a LA NACION.

Sin embargo, esa opción podría reflotarse ahora a pedido del gobierno argentino para evitar la declaración formal de otro default, ya que, secuencialmente, eso reabriría las puertas a un proceso de litigios que, en los últimos años, no terminaron bien para el país.

Por Javier Blanco

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