Cómo impactará en las empresas la nueva discusión entre el Gobierno y las provincias por los impuestos

CORDOBA. En la ecuación de los males menores, Nación y gobernadores acordaron que el año próximo no se reducirá el impuesto a los sellos y, en cambio, continuará la baja de Ingresos Brutos (IIBB) prevista en el pacto fiscal. Como Ingresos Brutos es el "abanderado" de la distorsión, para los privados lo consensuado es lo mejor posible en la emergencia.

Sellos es definido por los tributaristas como un "impuesto retrógrado" que grava transacciones para darle "legalidad". Dejarlos sin cambios en 2019 implica entre unos $10.000 y $15.000 millones. El peso económico de IIBB es mucho mayor. El Ieral lo calcula en unos $80.000 millones para el próximo año.

El combo acordado busca compensar los recortes y mayores cargas de las que tendrán que responsabilizarse las provincias en el marco del ajuste y será parte de la adenda del pacto fiscal que también debe ser aprobada por el Congreso.

Nadín Argañaraz, director del Iaraf, reconoce a LA NACION que, desde el punto de vista de la ineficiencia, "puede resultar mejor" no tocar en nada Ingresos Brutos pero insiste en que el gran referente del impuesto es la actividad comercial y en ese segmento persisten las dudas respecto de si las provincias que todavía tienen margen para aumentar las alícuotas hasta el 5% fijado como tope de aquí al 2022 harán uso de esa posibilidad.

"El espíritu del pacto fiscal es desgravar la actividad productiva y concentrar la carga en Comercio y Servicios, por eso se avanza en una suerte de impuesto a las ventas", describe. Para este año el pacto no incluía tope de alícuota para IIBB al Comercio por lo que11 provincias la subieron hasta 5% que es el máximo hacia adelante. Salta , por caso, la llevó de 3,6% a 5%.

Desde el Ieral, el economista Marcelo Capello enfatiza ante este medio que tanto Sellos como IIBB son gravámenes "distorsivos y ocultos" que los contribuyentes, en la mayoría de los casos, no advierten que pagan. Para la actividad en general "el impacto mayor es de IIBB así que es mejor que se mantenga la baja pero hay incertidumbre por la conducta este año de varias provincias".

En 2019 sólo dos jurisdicciones deben bajar su carga para alcanzar el límite en Comercio: Córdoba 12% (hoy la alícuota es de 5,71%) y Neuquén , 23% (tiene una alícuota de 6,5%). En cambio, hay una docena de distritos que tienen margen para subir la presión hasta el techo de 5%.

La incógnita es si, a diferencia de lo que se hizo en el actual pacto, se establecerá una penalización para aquellas provincias que incrementen la alícuota. Tal como está hoy el acuerdo, legalmente tienen la posibilidad de hacerlo aunque deban enfrentar el debate económico con sus sectores productivos.

"La norma las ampara –plantea Argañaraz-. Sería importante abordar el tema en la adenda para evitar que haya más presión impositiva".

LO QUE VIENE

Capello interpreta que el ala más dura de los gobernadores quiere aprovechar la situación de presión que atraviesa la Nación para minimizar el ajuste en las provincias: "Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo que pierden por el Fondo Sojero lo compensarán con los tres puntos más que recibirán de coparticipación". La referencia es a la devolución de los fondos que antes financiaban Anses y que, desde el fallo de la Corte Suprema, deben ir a las arcas provinciales.

El pacto fiscal fija para el año que viene bajas en las alícuotas de IIBB de Agricultura, Pesca y Minería (deben pasar del tope actual de 1,5% al 0,75%); Industria Manufacturera (de 2% a 1,5%); Electricidad, Gas y Agua (de 5% a 3,75%); Construcción (3% a 2,5%); Hoteles y Restaurantes (5% a 4,5%); Transporte (3% a 2%); Comunicaciones (5% a 4%); Intermediación Financiera (no tiene máximo ahora y el año que viene el tope es de 5,5%); Actividades Inmobiliarias (de 6% a 5%) y Servicios Sociales y Salud (de 5% a 4,75%).

Por ejemplo, en el caso de la Construcción, según el Iaraf, 22 provincias superan el máximo previsto para 2019. Salta y La Rioja fueron las únicas que este año aumentaron la carga, alcanzado un nivel similar al de la mayoría, 3%. Otras ocho jurisdicciones la mantuvieron constante y 14 la redujeron.