Cómo quedarían las jubilaciones con el proyecto que avanzó en el Congreso y que hoy cuestionó Francos
El ingreso más bajo subiría un 16,4%, y para los jubilados sin bono la mejora sería de 7,2%; se busca cubrir la inflación de enero de 2024, sin considerar las pérdidas de los años previos; rechazo del Gobierno
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LA NACIONSilvia Stang
Si se aprobara el proyecto previsional que se votó en Diputados y está en trámite en el Senado -al cual se refirió hoy el jefe de Gabinete, Guillermo Francos-, y si en tal caso la ley quedara vigente (algo para lo cual el Congreso debería insistir con la cantidad suficiente de votos, ya que el Gobierno la vetaría), habría un incremento de 16,4% para quienes perciben el haber mínimo más el bono de $70.000. En tanto, las prestaciones de quienes no reciben el refuerzo por ser mayores a la mínima -que fueron quienes más poder de compra perdieron frente a la inflación hasta principios de 2024- subirían menos: un 7,2%.
A diferencia de un proyecto convertido en ley en 2024 y vetado por el presidente Javier Milei, esta vez la iniciativa prevé diferentes fuentes de recursos para financiar las alzas.
¿Cuál sería el efecto para los jubilados, en cantidad de pesos? A continuación, un ejercicio que permite la comparación con números reales: si la ley se hubiera aprobado este mes de junio (cosa que no ocurrió y ya no puede ocurrir), los cálculos los indican que el menor ingreso garantizado del sistema contributivo habría quedado para julio en alrededor de $441.560 (haber mínimo más bono), contra los $379.295 que se cobrarán sin cambios en el sistema. Es una diferencia de $62.265, o del 16,4%.
En ambos casos, se consideró para el cálculo el haber de junio y se le agregó la actualización de 1,5% que habrá en julio, ya que ese fue el nivel de inflación de mayo, según el Indec. Desde abril de 2024, los haberes se reajustan cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el instituto oficial de estadística.
Según dijo Francos hoy en el Senado de la Nación, la iniciativa generaría “un daño en el equilibrio fiscal y en la estabilidad macroeconómica”. Sostuvo que, más allá de que el texto en debate contempla varias cuestiones, “solo la modificación de la fórmula y el aumento del bono” tendrían un efecto fiscal equivalente al 0,8% del PBI. En rigor, el proyecto no modifica la fórmula actual (por el contrario, busca ratificarla), pero sí dispone un incremento extra de 7,2%.
Para quienes cobran un haber mayor al básico -y que son quienes más poder de compra perdieron, sobre todo entre 2021 y 2023-, la mejora sería de 7,2%. Por ejemplo, alguien que este mes tiene un haber mensual de $500.000, tendrá en julio un ingreso de $507.500 por el reajuste según la inflación. Si se aplicara lo que indica el proyecto de ley de la oposición, la cifra llegaría a $544.040.
El haber máximo, que en julio será, en bruto, de $2.081.261, sería ese mes de $2.231.112 en caso de aplicarse la propuesta del Poder Legislativo.
Poder de compra en los últimos años
¿Por qué el 7,2%? Se trata del porcentaje necesario para que el incremento extra de 12,5% que se otorgó en abril de 2024 se convierta en un 20,6%, que fue el índice de inflación de enero de 2024. Ninguna norma obligaba a compensar de manera completa la inflación de aquel mes, como tampoco la de períodos previos en los que rigieron las fórmulas de movilidad de las leyes 27.426 y 27.609, esta última impulsada por el kirchnerismo y declarada inconstitucional por varios fallos judiciales, por la pérdida que le provocó al poder de compra de los jubilados.
Entre 2021 y marzo de 2024, el período en que rigió la ley impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los ingresos previsionales perdieron un 50,3% de su capacidad adquisitiva, medidos contra la inflación general del Indec. El proyecto de ley no considera esa afectación, ni se debatió algún tipo de compensación, parcial o de mediano plazo, para ese deterioro, que podría generar un incremento de la litigiosidad contra el Estado.
El proyecto de ley, que se votó favorablemente en Diputados el 4 de junio, contempla el citado incremento de 7,2% para todos los haberes y la suba del bono o refuerzo de $70.000 a $110.000. Además, busca disponer que de ahora en más esa parte del ingreso se actualice mensualmente de igual manera en que se reajustan los haberes, es decir, replicando la variación del IPC de dos meses atrás. El texto aclara que el aumento de 7,2% se incorporaría “al haber mensual siguiente al de la sanción de la presente [ley] sobre el haber percibido en el mes de su sanción”.
Entre enero de 2024 y mayo de este año los haberes propiamente dichos (sin bono) subieron un 180,4%, por la aplicación de la fórmula anterior para la recomposición de marzo de 2024, el incremento extra de abril de ese año y la implementación de los reajustes por inflación desde aquel mes. En cambio, por el congelamiento del bono, quienes cobran solo un haber mínimo tuvieron un aumento nominal de 128%. La inflación del período, en tanto, fue de 146,8%.
El cobro del bono
El proyecto aclara que el bono seguiría otorgándose bajo las mismas condiciones actuales. La diferencia –no menor– es la ya mencionada actualización de cada mes. Hoy, su pago y su cuantía dependen de decretos del Poder Ejecutivo, y el monto está congelado desde marzo de 2024.
En mayo último, según informó Francos, el bono fue cobrado por 4.919.147 personas, entre jubilados y pensionados del sistema contributivo y beneficiarios de pagos no contributivos. El promedio fue de $68.188, ya que el monto de $70.000 es el máximo (hay quienes cobran menos).
El refuerzo, según la iniciativa, seguiría sin tener descuento por el aporte al PAMI y no se consideraría para el cálculo del aguinaldo. No sería cobrado, además, por los jubilados y pensionados cuyos haberes se rigen por normas de movilidad diferentes a las del régimen general (los del sistema docente, por ejemplo).
Tal como ya ocurre, el monto mayor del bono (que pasaría de $70.000 a $110.000) sería percibido por quienes cobran el haber mínimo o una cifra inferior (por tener, por ejemplo, una prestación no contributiva), en tanto que los jubilados y pensionados con un ingreso superior al mínimo, pero inferior a la suma del mínimo y el refuerzo, percibirían un adicional del importe necesario para que se llegue a esa cifra. Quienes tienen dos prestaciones no lo percibirían, porque en ese caso se excede el umbral del ingreso, que es por beneficiario y no por beneficio (es lo mismo que ocurre ahora).
El texto aclara, además, que el bono actualizable sería cobrado, como ahora, por los titulares de prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Fuentes de financiamiento
A diferencia del proyecto tratado en 2024, que se convirtió en una ley vetada por el presidente Milei por falta de disposiciones sobre cómo afrontar sus costos, esta vez el texto incluye fuentes de financiamiento.
Concretamente, se apela a la derogación de exenciones de IVA (en el caso de directores de empresas) y Ganancias (eliminando la situación especial de las Sociedades de Garantía Recíproca); a un redireccionamiento de dos ampliaciones presupuestarias hechas por decreto para la Secretaría de Inteligencia del Estado, por $32.616 millones; a darle destino específico a los fondos provenientes de la eliminación de sobrecargos en los intereses del préstamo del FMI, y a la nacionalización de fondos recaudados por entes cooperadores de los registros automotor.
Pese a que ese contenido sobre el financiamiento están en el proyecto con media sanción, el presidente Milei no los cuestionó ni se refirió a ellos al hablar sobre el tema la semana pasada, durante una entrevista en LN+. El mandatario insistió en que quienes impulsan el aumento deben decir “cómo quieren financiarlo” o “qué gasto público quieren que bajemos”.
“La pregunta es, ¿con qué lo pago? Nos exterminan el equilibrio fiscal", sostuvo Milei, que acusó a los diputados de “usar una causa noble” para “tratar de romper al gobierno”.
Fórmula ratificada y fondos a provincias
La iniciativa busca que la fórmula de movilidad quede incluida en una ley. La modalidad de actualizaciones actual fue establecida por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, de marzo de 2024. Esa norma derogó la fórmula de la ley 27.609, que entre 2021 y marzo de 2024 provocó una caída del poder de compra de más de 50% para los haberes sin bono. Aquel cálculo no contemplaba el índice de inflación y, además, tenía un tope a la suba de haberes, que fue efectivamente aplicado por el gobierno anterior, incluso en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo.
El proyecto legislativo busca, además, que el Gobierno gire fondos a las provincias que mantienen sus cajas previsionales de empleados públicos, y que reclaman desde hace tiempo transferencias para cubrir sus desequilibrios entre ingresos y egresos.
Es un punto controvertido desde hace años, y los funcionarios nacionales actuales mantienen su postura de no derivar recursos a las administraciones locales mientras no haya acuerdos de partes sobre los montos involucrados.
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