Conflicto latente en el Registro de la Propiedad
Los empleados levantaron el paro sólo hasta el martes
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LA NACIONPablo Morosi
LA PLATA.- Al enorme impacto que provoca la inmovilización de fondos generada por el corralito en el terreno inmobiliario se agrega, en la provincia de Buenos Aires, un conflicto que mantuvo durante dos semanas paralizada a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad y que hoy persiste latente y sin solución.
En la dependencia se despachan habitualmente unos 300 trámites por día -que al mes suman 10.000- entre certificados de domicilio, inscripción de bienes y constataciones sobre garantías ante situaciones de inhibición o embargo.
Según estimaciones del Colegio de Escribanos bonaerense, el Registro recauda entre $ 200.000 y $ 300.000 en una jornada, en concepto de tasas pagadas por quienes realizan transacciones de propiedades.
Trámites en baja
Desde el establecimiento del corralito, el volumen de trámites había caído a 83 documentos diarios. Pero el problema se suscitó a partir del 4 del actual, cuando un conflicto gremial se tradujo en el cierre de la mesa de entradas del organismo.
El paro total de actividades coincidió con un cambio de autoridades. Tras el alejamiento de Eduardo Descalzo, el organismo recaudador permaneció acéfalo hasta que, el viernes último, el gobierno designó al nuevo titular del Registro, Juan Manuel García Blanco.
Tras la asunción, los empleados decidieron levantar el paro hasta el martes a la espera de repuestas a sus reclamos.
Según los delegados gremiales, los ajustes propuestos por Felipe Solá y el cumplimiento de la ley- convenio por la cual un porcentaje de las tasas por las transferencias destinado a contrataciones debe ser girado por el Colegio de Escribanos ponen en riesgo la continuidad laboral de los agentes.
Ocurre que de los 900 empleados del Registro, 500 son en realidad contratos encuadrados en la citada ley-convenio (10.295).
El encargado de recaudar y administrar estos fondos es, según la norma, el Colegio de Escribanos. Cuando el volumen de dinero que ingresaba fue creciendo, la entidad decidió invertir en bonos nacionales y provinciales. Con el default la seguridad de esos títulos es pura incertidumbre.
Numerosos afectados por el paro
LA PLATA.- La situación de inactividad afectó a martilleros, escribanos y gestores, además de, obviamente, a los clientes interesados en realizar operaciones inmobiliarias.
"Nosotros tratamos de intervenir para resolver el problema, pero lo cierto es que la solución no está en nuestras manos y es de carácter político", señaló a LA NACION Osvaldo Zito Fontán, secretario del Colegio de Escribanos provincial, que reúne a unos 2300 profesionales, a los que habría que sumar como perjudicados a unos 2100 que revistan en el Colegio de la Capital Federal, también usuarios del Registro.
Fontán advirtió que el conflicto del Registro también podría derivar en "una catarata de juicios" contra el Estado y consideró que la situación es "dramática porque terminó de quebrar toda la cadena relacionada con la construcción y comercialización de inmuebles".
Además, subrayó: "Jamás en la historia había ocurrido esto porque cuando ha habido problemas, huelgas o paros, la mesa de entrada del Registro de Propiedad siempre recibió la documentación".
Por su parte, Ricardo Seoane, secretario general del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerenses, explicó que "nuestra actividad estuvo frenada por completo. La provincia dejó durante 15 días de entregar los documentos para certificar las operaciones".
Según el directivo, los 6200 profesionales que hay en la provincia están "atados de pies y manos, en medio de una situación angustiante que debe resolverse urgentemente".
Escribanos y martilleros también se quejaron de la imposibilidad de vender casas con hipotecas, y de que hay bancos que desalientan la compraventa de inmuebles con plazos fijos cautivos .
Fontán señaló, además, que existen otros problemas que traban las compraventas. La liberación de plazos fijos permite desviar el dinero exclusivamente para la adquisición, no permite pagar honorarios de escribanos e inmobiliarias ni los gravámenes de la operación.
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