
Conflicto petrolero en Neuquén
Juicio: YPF S.A. inició una demanda basada en el Código de Minería para pedir la expropiación de una de las zonas de mayor explotación petrolera. La Justicia ya le dio la posesión de la tierra.
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RINCON DE LOS SAUCES. La pulseada que desde siempre enfrentó a los productores agropecuarios con las compañías petroleras para defender sus intereses está por definirse. Los primeros quieren que se respete el medio y las servidumbres y las empresas desean extraer lo más rápido posible el crudo. Sólo falta que la Justicia dé la sentencia definitiva al conflicto legal planteado entre YPF S.A. y la empresa agropecuaria La Unión en el cual la ex petrolera estatal pide la expropiación de las 11.200 hectáreas que la compañía tiene en Rincón de los Sauces, una localidad ubicada a más de 200 kilómetros de la capital neuquina, sobre la precordillera, donde existen 410 pozos de petróleo, y por el cual ofrece 30 mil dólares.
Rincón de los Sauces es la zona más rica de Neuquén en cuanto a explotación petrolera.
La comunidad neuquina y los productores agropecuarios de todo el país esperan el fallo definitivo ya que, si la Justicia acepta la expropiación, el caso sentaría precedente y las compañías petroleras podrían exigir la posesión de las tierras donde explotan el crudo.
Sin un acuerdo
Esta historia comenzó en 1992, cuando Ricardo Dorcazberro, dueño de La Unión, compró 11.200 hectáreas donde YPF ya explotaba aproximadamente 80 pozos de petróleo. El propietario explicó a La Nacion que pagó por el campo 24 mil dólares y que lo compró por una cuestión sentimental, ya que sus antepasados fueron los primeros dueños de esas hectáreas. En 1994, tras idas y venidas para obtener el título de propiedad, Dorcazberro presentó a YPF la documentación que atestiguaba que las tierras donde la petrolera ya tenía en ese año más de 200 pozos en actividad, le pertenecían.
YPF realizó el trámite correspondiente para poder seguir con la actividad, comenzó por pedir un permiso al superficiario y luego intentó llegar a un acuerdo en cuanto al valor de las servidumbres, es decir, la indemnización que toda compañía petrolera debe pagar por la actividad que realiza en tierras privadas.
Los años pasaban, la explotación crecía y el acuerdo no llegaba. Con la intención de definir la situación, YPF ofreció pagar como servidumbre 6000 dólares mensuales por los 410 pozos, el costo de las picadas, los caminos, las canteras y las piletas de agua de purga. Pero Dorcazberro asegura que "la servidumbre que deben pagar por las tierras y los destrozos que en ellas hacen tienen que ser mayores".
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y viendo que se acumulaban los pagos desde 1994, YPF hizo tasar el campo por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y le pidió al propietario que se lo venda por 30 mil dólares. Este se opuso y señaló que su propiedad cuesta mucho más, entonces la petrolera pidió su expropiación, para lo cual basó en el Código de Minería y la ley de expropiación.
¿Enredo legal?
Como el artículo 42 del Código de Minería prevé la expropiación de pertenencias mineras cuya superficie esté establecida en 6 hectáreas, las compañías petroleras tomaron ese derecho legal, pero hicieron una salvedad y entienden que en sus casos les corresponde la pertenencia sobre toda el área de la concesión. La ley de expropiación complementa la posición ya que es viable en el caso de que esté en juego un bien común y cabe recordar que el petróleo se considera por ley un bien de la población.
Pero una serie de dudas surgen con el paso del tiempo. Estas leyes datan en la época en que la explotación de petróleo estaba en manos del Estado; hoy esa actividad es realizada por empresas privadas. Entonces, ¿sigue el petróleo siendo un bien común?
Por el momento, la jueza federal Margarita de Argüelles, quien lleva la causa, le dio la posesión de las 11.200 hectáreas a YPF y espera que Ricardo Dorcazberro responda la demanda. Su apoderado lo hará a mitad de esta semana, basará su respuesta en la ilegitimidad de la medida y destacará la problemática ecológica que se plantea en el lugar. "No existe otra causa de expropiación más que la necesidad de YPF de ocultar los desastres de contaminación que está haciendo, pero pediremos que se realicen peritajes", apuntó el propietario.
Cuidar el medio
"Acá nadie cuida nada, tienen una cultura destructiva. Como la tierra no es de ellos todo les da igual, es matemático, sos petrolero y tenés patente de corso", dijo Dorcazberro, quien está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. El superficiario señaló: "Esto no es un capricho, exijo que me paguen las servidumbres que corresponden por ley, no me interesa negociar un monto con YPF y sobre todo exijo que se cuide el ambiente, no voy a permitir, desde ningún punto de vista que sigan destruyendo". El propietario presenta todas las semanas por lo menos una denuncia sobre daños ecológicos y él cree que eso es lo que motivó que la petrolera iniciara la demanda. "Quiero llegar a los organismos internacionales, que todo el mundo conozca los daños ecológicos que YPF S.A. provoca", se propuso.
Pero, ¿por qué pensar que ocultar el daño ecológico sería la única motivación de YPF para pedir la expropiación, cuando con cinco meses de servidumbre por 6 mil dólares se paga el precio del campo, según el estudio del Tribunal?
Horacio Solé, gerente del departamento de producción regional Plaza Huincul de YPF, desestima la hipótesis y asegura que en realidad a la empresa no le interesa quedarse con el campo, pero que mientras la petrolera no pague las servidumbres está al margen de la ley y quiere regularizar su situación.
Respecto de las denuncias de descuido ambiental, Solé señaló: "YPF está abocada a cuidar el ambiente por eso está invirtiendo millones de dólares en plantas depuradoras de agua de purga y reinyección, así evitamos el volcado de aguas al río" El ejecutivo aseguró que "YPF hoy no vuelca ni una sola gota de agua al río" pero los pobladores de Rincón de los Sauces se intoxican con el agua.
"No es un caso fácil de resolver"
NEUQUEN (De una enviada especial).- Evitando inmiscuirse en temas demasiado específicos en cuanto a los derechos y obligaciones de ambas partes y señalando la complejidad del caso, la jueza federal Margarita de Argüelles afirmó que si bien "el campo se ve destruido", su impresión es que YPF "no lo hace con intencionalidad". "Cuando uno entra a un tambo siente olor a leche, por lo tanto es lógico entrar a un campo de explotación petrolera y sentir olor a petróleo. ¿Eso es contaminación?", se preguntó la magistrada.
Argüelles destacó que si la empresa tuvo el cuidado de colocar contenedores en los que dicen Cuide el medio ambiente "¿Cómo no van a tener cuidado con el petróleo?".
La jueza informó que se tomaron muestras en el campo que ya se están analizando y señaló que existen normas de igual rango que la de expropiación para contraponerlas en el caso de que los estudios avalen la posición de Ricardo Dorcazberro, el propietario del campo.
Con una constante advertencia de que son derechos muy difíciles de compaginar y asegurando que la causa está en pleno proceso de estudio, Argüelles espera reunir todos los elementos legales en sus manos para tomar una decisión, en tanto Dorcazberro denuncia que YPF está tapando las pruebas en contra que encontró la jueza durante la recorrida por el lugar.
La magistrada ya siente sobre sus espaldas el peso de dar una sentencia que puede sentar precedente.






